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San Juan, 29 mar (INS).- Una guagua Expedition asignada a la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, se accidentó el 29 de septiembre de 2017, sin embargo, no fue hasta el 17 de enero de 2018 que se reportó el accidente, pero como ocurrido en esta última fecha de enero, y no en septiembre del año anterior, una irregularidad en los documentos públicos que no se ha aclarado.
El costo de alquilar una nueva Ford Expedition luego de ese accidente fue de $4,653.
El número de querella del accidente con fecha de 17 de enero de 2018 es el 2018-1-226-00394. El costo de reparación fue de $1,302.50, según fuentes de la agencia Inter News Service (INS).
El accidente habría ocurrido cuando su chofer, el policía Renardo della Camera, dejó a la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en su residencia el 29 de septiembre de 2017, a días del paso del huracán María, y alegadamente se detuvo a tomar un refrigerio. Y luego al irse chocó en el camino. De haber reportado el accidente a la Policía en ese momento le habría aplicado el protocolo de la Policía, entre ellos, someterse a la prueba de alcohol.
Meses antes a Della Camera se le había allanado su residencia, presuntamente por pornografía infantil o delitos sexuales con menores, según una fuente, y se le encontró sustancias controladas, reflejan querellas revisadas INS. El juicio federal dependería de la estabilidad emocional del testigo, que supuestamente comenzó a ser abusado a los 13 años. Hoy tendría 16 años.
La residencia del policía Renardo della Camera, que tiene activa una investigación administrativa de la Policía y fue desarmado, fue intervenida por la agencia federal Inmigration and Customs Enforcement (ICE-HSI) el 20 de abril de 2017. Este nunca separado de su puesto en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
Sandra Torres dirige también la oficina de personal del gobierno, hoy día llamada Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh).
La fiscalía federal no se ha pronunciado sobre el status de este caso, aunque se le solicitó un comentario.
La querella fue presentada ante la Policía estatal por la propia madre del menor, luego que el niño y Della Camera fueran intervenidos por la policía municipal dentro de un auto cerca de una cancha de un pueblo del sur, que INS no revelará para proteger la confidencialidad de la alegada víctima.
“Alega la querellante que su hijo menor de edad sostuvo relaciones sexuales con un adulto”, se indica en la querella del 30 de marzo de 2017. Tres semanas después, el 20 de abril de ese año, fue allanada la residencia en Cayey del policía por ICE-HSI, pasando la jurisdicción a la agencia federal.
En la querella de la Policía estatal del 20 de abril de ese año, asociada a este operativo federal, se indica que “se diligenció una orden de allanamiento expedida por la agencia federal I.C.E., la cual fue formada por la jueza Silvia Carreño y la agente federal Wilma Bonilla (Salhsi) diligenció la misma, ocupando y entregando un frasco con sustancias de aparente marihuana, luego el arrestado fue transportado a la División Drogas Guayama, donde el agente Santiago 29295 le realizó la prueba de campo resultando positivo a marihuana, siendo colocada en el sobre #36054. El caso se consultó con el fiscal Jorge Mafuz, quien instruyó radicar cargos por el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas. Fue llevado ante la Hon. Juez Iraida B. Rodríguez Castro, quien luego de escuchar la prueba determinó no causa”.
Estos no son, sin embargo, las únicas irregularidades que se han denunciado en esa agencia. Se indicó a INS que el sistema de seguridad con tarjetas que implantó la presidenta en su oficina personal y conference costó alrededor de $16,000. La factura de este trabajo estaría en su propia oficina a nombre de un conocido contratista, con sede en Caguas.
Además, se habla de contratistas de la JRT que mantienen sus oficinas privadas en las mismas dependencias de esa agencia. INS
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