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San Juan, 26 mar (INS).- La Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la senadora Itzamar Peña Ramírez, celebró una audiencia pública sobre el proyecto del Senado 1211.
La medida busca crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”, a los fines de conceder 15 días sin sueldo anuales a estos empleados, para contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia identificadas, establecer los criterios de elegibilidad y proveer un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo.
Según la pieza legislativa, una de las preocupaciones que presentan las agencias e instituciones que ofrecen servicios para enfrentar este tipo de situación, es que, al atender a una víctima de violencia doméstica o de género, no siempre se puede coordinar el servicio más favorable para la persona.
Esto es así, porque en muchos de los casos de violencia doméstica la víctima o sobreviviente no necesariamente quiere radicar cargos criminales o solicitar una orden de protección.
Cuando la víctima teme por su vida y la única alternativa viable para protegerla es coordinar servicios de albergue, la persona se ve obligada a escoger entre su seguridad física y emocional o su empleo y seguridad económica.
La Procuradora de la Mujer, Lersy Boria, quien fue una de las convocadas para esta audiencia pública ayer, dijo que la medida tiene unos efectos positivos, “tanto para los empleados como para los patronos”.
“Para una víctima de violencia, su empleo representa muchas veces su único sustento y el único medio para salir de la relación de maltrato. Por otra parte, en muchas ocasiones los familiares de las víctimas de maltrató son sus únicos recursos de apoyo. Para atender una situación de violencia física y emocional. Siendo ello así, constituye un interés apremiante establecer una licencia especial sin paga para que los empleados públicos y de la empresa privada puedan atender situaciones donde el empleado o un miembro de la familia este afectada por un acto de violencia doméstica o de género y extender dicha protección a situaciones de maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave”, insistió la procuradora.
Destacó que para el año 2018, la Línea de Orientación 24/7 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), atendió 3,296 llamadas para orientaciones a víctimas de violencia doméstica.
Para ese mismo año, la OPM atendió 966 situaciones de violencia doméstica, 73 de acecho y 29 de agresión sexual.
“Estas cifras demuestran solamente las situaciones atendidas por la OPM, dichas cifras no toman en consideración las situaciones atendidas por otras organizaciones en Puerto Rico”, señaló Boria.
Según la Procuradora de la Mujer, de aprobarse esta pieza legislativa, Puerto Rico se convertiría en la decimoséptima jurisdicción a través de los Estados Unidos que legisla una licencia especial para situaciones de violencia doméstica o de género, uniéndose a estados como California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Florida, Hawaii, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon y Washington.
La medida establece que todo patrono que no cumpla con las disposiciones de esta ley estará sujeto a una multa administrativa de hasta 10,000 dólares.
Además, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o la Procuradora de las Mujeres, según proceda, tendrá la facultad de investigar, recibir y presentar querellas e imponer las penalidades dispuestas.INS
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