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San Juan, 18 mar (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó de violaciones al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en relación con el plan fiscal propuesto (PFP) del gobierno de Puerto Rico.
El propósito de este PFP es exclusivamente incorporar información actualizada, incluyendo ajustes técnicos de parte del gobierno y no renegociar política pública, señaló la JSF.
Añadió, en declaraciones escritas, que el PFP falla “al no incluir información detallada con respecto a reformas estructurales críticas, ni tampoco incluye data puntual sobre proyecciones base. Lo que el PFP incluye, sin embargo, es un sinnúmero de propuestas de política pública incongruentes con los criterios de la Ley Promesa”.
La Junta reveló que el PFP contiene “deficiencias que requieren revisiones significativas e información adicional para poder certificarlo conforme a los requerimientos de la Ley Promesa”.
Consigna, además, que el plan fiscal certificado (PFC) de octubre pasado contiene las reformas estructurales, medidas fiscales y objetivos que la JSAF entiende son necesarias para cumplir con los requerimientos de Promesa y que se deben incluir en el nuevo plan fiscal.
Deacuerdo con el organismo, el PFP debe mantener el nivel de detalle incluido en el PFC, “el cual incluye planes de implementación y metas concretas”.
“La JSF entiende que el PFP debe incluir la información más actualizada y que este proceso deberá informar el camino hacia la confección del presupuestario del año fiscal 2020.
Igualmente, estableció que el PFP revisado, así como la primera entrega del borrador de presupuesto para el año fiscal 2020 deberán ser entregado a la Junta el próximo 22 de marzo al mediodía.
La JSF manifestó que el gobierno “debe aprovechar el breve período de estímulo económico, gracias a la asistencia de fondos federales tras el paso del huracán María. De este modo, pudiera transformar una economía que ha estado en recesión por un largo período y efectuar las reformas estructurales necesarias para restaurar el acceso del gobierno a los mercados de capital”.
Según la entidad que maneja las finanzas del gobierno, el PFP tiene incongruencias en la cantidad de fondos para desastres que la FEMA allegará a la isla.
El gobierno estima esta cifra en 3.7 billones (del año fiscal 2018 al 2019), mientras que información publicada por el propio gobierno (a través del COR3) indica que ya se han desembolsado 6.2 billones aun cuando no ha terminado el año.
“El gobierno debe actualizar sus cifras con respecto a este tema para incluir datos del año fiscal 2018 y 2019”, apuntó la Junta.
Asimismo, estableció que el PFP prevé un ingreso al fisco “mucho mayor a la tendencia actual, como consecuencia de un alza en el consumo con fondos de desastre federales relacionados a mejoras de capital. Este supuesto no está detallado en el PFP de acuerdo al de despliegue de todos los fondos para desastre”.
La JSF solicitó al gobierno que incorpore los efectos o riesgos que pudieran ejercer los cambios a las leyes contributivas sobre otras contribuciones, como Impuesto de Ventas y Uso y Contribuciones a la Propiedad, por ejemplo.
“El PFP no debe incluir ingresos de la nueva ley de contribuciones”, acotó el organismo.
La Junta exigió también que se elimine del PFP un ingreso estimado de un billón anual en fondos federales, correspondientes a pareos bajo el Seguro Social y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), ya que “este supuesto no está acorde con la ley actual”.
Asimismo, el PFP, según la JSF, reconoce la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero “existe incongruencias en la cantidad que el gobierno tiene que pagarle a la AEE. El PFP dice que tendrá que pagar $0.1 billones menos (entre año fiscal 2019 y 2023), sin detallar por qué”.
Además, indica que las cifras del PFP con respecto al Producto Nacional Bruto mantiene un repunte de 0.15% en el AF21 como consecuencia de la Reforma Laboral.
“Sin embargo, las mediciones de cumplimiento de este precepto dependían de la implantación del Crédito por Ingreso al Trabajo (EITC) y por el requerimiento de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional. Sabiendo que estas reformas no están encaminadas, estimamos que el gobierno no cumplirá con las mismas y, por ende, el despunte no ocurrirá hasta el año fiscal 2025”, acotó el organismo.
Añadió que la reforma energética tomará “más tiempo de lo previsto, por lo que el efecto implantación y transformación del sistema entrarán en efecto entre el año fiscal 2021 y 2023.
Igualmente, la JSF afirma que el PFP omite información crucial en lo que respecta a la reforma para facilitar hacer negocios en Puerto Rico.
“Según el PFP, este segmento prevé un logro de 0.25% entre año fiscal 2020 y 2021. De hecho, no ha habido progreso sustancial en este segmento. Por lo tanto, la JSF estima que este objetivo ocurrirá entre el año fiscal 2021 y 2022. El proceso de permisología continúa siendo una barrera para promover e incentivar iniciativas empresariales, a pesar de la nueva página web que estableció el gobierno para estos fines”, aseveró.
Comentó que el PFP “reduce extraordinariamente los detalles de cómo se lograrán las reformas estructurales necesarias, incluyendo un sinnúmero de objetivos capitales para lograr crecimiento económico”.
Establece que “en ningún momento, el PFP hace referencia a medidas de compensación (incluyendo bono de Navidad) y elimina reformas detalladas en agencias claves (eficiencia en gastos operacionales en Seguridad Pública, Saludo, Correcciones, etc.) y medidas para reducir el gasto en utilidades”.
“El PFP también expone un programa de consolidación de agencias diferente a la que se incluyó en el plan fiscal certificado. Pero a pesar de ese cambio, el ahorro debe ser igual al que se expuso en el plan certificado”, agrega.INS
lp