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San Juan, 14 mar (INS).- Profesionales del campo de educación ocupacional y de carreras técnicas respaldaron las medidas que proponen eliminar la colegiación compulsoria, al coincidir que tal obligatoriedad exigida por ley constituye una restricción o limitación injustificada que violenta el derecho constitucional a la libertad de asociación.
El apoyo fue expresado ayer en una audiencia pública de la Comisión de Gobierno en torno a los proyectos de la Cámara 45, 1799, 1801 y 1812, para cancelar la colegiación compulsoria a los que ejercen las profesiones de especialista en belleza, barbería, contadores públicos, técnicos y mecánicos automotrices y técnicos electricistas, entre otros.
El autor de la medida, y presidente incidental de la Comisión, José Aponte Hernández, planteó que “los motivos que justifican la intervención del Estado para regular y fiscalizar las profesiones no deben utilizarse como pretexto para requerirle la afiliación a otras entidades u organizaciones”.
Edwin Colón Cosme, presidente de Mech-Tech College y miembro fundador del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, indicó que es la única institución educativa en Puerto Rico afiliada a la “National Coalition of Certification Centers”, alianza con la industria para la estandarización de los procesos de certificación en altas destrezas tecnológicas de la fuerza laboral. Destacó que en los últimos cuatro años el Mech-Tech es el líder en Estados Unidos en certificaciones profesionales emitidas, con recintos en Caguas, Bayamón, Vega Baja, Ponce, Mayagüez y en Orlando, estado de la Florida.
Sobre la colegiación compulsoria indicó que no añade valor a los técnicos automotrices, pues no incentiva a que el Colegio ofrezca beneficios reales y de provecho a sus asociados.
Acusó que “los principios rectores que una vez guiaron el Colegio se desvirtuaron a cambio del lucro económico de particulares, olvidando el bienestar del colectivo”.
Reveló que “son comunes los llamados ‘operativos’ en los que el Colegio se sirve de diversas agencias del gobierno para allanar talleres valiéndose de los recursos del Estado, para el cobro de cuotas profesionales adeudadas. Historias de terror inundan cada día los Tribunales de Puerto Rico, donde cientos de técnicos son citados sin la asistencia y apoyo legal de la entidad que debería defenderlos”.
Colón Cosme alegó, además, que el Colegio no audita sus estados financieros, celebra asambleas con serios cuestionamientos sobre los procesos de elección de sus directivos, con irregularidades en su programa de educación continuada, que no aporta nada a la profesión y que enfrenta el rechazo mayoritario de los técnicos automotrices del país.
También trajo a la atención el caso Rivera Schatz v. ELA, donde el Tribunal de Primer Instancia determinó el derecho a la libre de asociación.
El caso constituye un precedente de aplicación general, ya que incide en los derechos constitucionales de toda la ciudadanía y no solo para beneficio exclusivo de determinado grupo profesional.
Asimismo, Héctor Joaquín Sánchez, agrónomo de profesión en representación de la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación (DE), opinó que es entendible que el propósito del Estado es la protección y bienestar de la ciudadanía, pero que es delegado en diferentes Juntas Examinadoras, que se encargan de que los profesionales que regulan cumplan con los requisitos que los capacitan para ejercer su ocupación.
Presentó, como ejemplo, la profesión del cosmetología y barbería que es una estrictamente regulada y está estrechamente relacionada a la salud pública, obligándolos a aprobar estudios relacionados a bacteriología, higiene, esterilización, leyes y mucho más para poder practicar.
“Esta secretaría ofrece ocho especialidades en 116 escuelas del sistema público de enseñanza las cuales están reguladas por Juntas Examinadoras y colegiación compulsoria. Cabe señalar que el porciento de estudiantes bajo el nivel de pobreza asciende hasta un 12 por ciento en cada una de ellas. El 60 por ciento son pobres y si no tienen el dinero para colegiarse, ¿cómo pueden trabajar?, preguntó Sánchez.
En cuanto al Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), Virgilio Vega, manifestó su descontento con la representación del CCPA.
Sostuvo que, como contador público autorizado, entiende que el Colegio no está cumpliendo con su misión institucional de proteger el bienestar económico de Puerto Rico.
“No quiero estar colegido en el CPA. Deseo se respete mi deseo inherente a la libre asociación como reza la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico”, manifestó.
Asimismo, expresó que “de 55 jurisdicciones donde se reconoce la licencia del CPA, Puerto Rico es una de dos donde existen requisitos adicionales, como la colegiación compulsoria para ejercer. Esto impacta la movilidad y portabilidad de la licencia. Para record, tengo licencia (inactiva) de Louisiana y en Florida”.
Gerardo Rodríguez, también CPA, coincidió con los planteamientos de Vega: “La aceptación de cuotas por parte del Colegio a los contadores no licenciados permite el ejercicio ilegal de ciertos privilegios o derechos”.INS
lp