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Santo Domingo, 11 mar (INS).- Entre los años 2017 y 2018, las autoridades judiciales autorizaron el espionaje de unos 17,637 teléfonos de personas por investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público, según publica un medio local.
Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado la semana pasada por el espionaje develado contra la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
El impreso Listín Diario reseña este lunes en un trabajo firmado por el periodista Ramón Cruz Benzán que año pasado los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste conocieron 12,889 solicitudes de interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754 y rechazaron 135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial.
Mientras en el 2017 las solicitudes para intervenciones fueron de 5,178. Los tribunales aprobaron 4,883 y rechazaron 295.
De acuerdo con las informaciones suministradas a Listín Diario por el Poder Judicial, las solicitudes y aprobación de esas medidas se triplicaron de 2017 a 2018. En estos dos años suman 18,067 las peticiones hechas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.
Los espionajes a esos dispositivos saltaron a los primeros planos de la opinión pública después de que el Inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó que fuera intervenido el teléfono de la jueza Miriam Germán Brito.
La letrada fue atacada la semana pasada con fuertes cuestionamientos a su vida profesional por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante las evaluaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para la ratificación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y aspirantes a ocupar plazas vacantes en ese tribunal.
Este hecho ha levantado las sospechas, entre diversos sectores de la sociedad, de que se podría estar frente a un escandaloso caso de espionaje, a través de las escuchas telefónicas ilegales.
En lo que va de año, sólo en el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste, magistrados de ambas jurisdicciones han autorizado, a petición del Ministerio Público, 1,360 intervenciones telefónicas. El año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas, de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de la Instrucción esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520 teléfonos de personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.
“La intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito se cuenta entre ese grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada por una jueza de la instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018”, dice la publicación.
Ante el escándalo, el inspector general del ministerio público, Bolívar Sánchez, aunque admitió la solicitud de la interceptación del teléfono en cuestión, dijo que desconocía que se tratara del número de la magistrada Germán Brito y que no llegó a ejecutarla.
Precisa el rotativo que los jueces de instrucción llevan un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del ministerio público que la presenta.
El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su voz, data o imagen, grabaciones que deberán ser conocidas por la persona que ha sido objeto de ellas para organizar sus medios de defensa.
La intervención de los aparatos es uno de los medios de investigación de mayor impacto contra la criminalidad en el país. Con esto se pretende investigar la presunta comisión de un delito y a sus perpetradores, pudiendo ser utilizadas las escuchas telefónicas como medio probatorio.
Acota el referido impreso que las intervenciones a los dispositivos con nombres falsos han sido recurrentes en el discurrir de los años y destaca que “el 9 de mayo del 2008, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció que el entonces juez de la Instrucción, Francisco Valera, estaría autorizando la intervención de llamadas telefónicas a los dirigentes de la oposición con nombres falsos presentados por la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo”.
“En ese entonces, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, había informado que ese organismo estaba dispuesto a hacer una investigación en torno a la denuncia formulada por el PRD, en el sentido de que el juez autorizó la intervención telefónica de altos dirigentes de esa organización política”, agrega.
Explica que “el entonces y actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, externó en esa ocasión que quienes han denunciado que sus teléfonos estaban intervenidos debían presentar una querella por ante la Fiscalía, porque se trata de un delito que corresponde juzgar a la justicia”. INS
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