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San Juan, 28 feb (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, expresó su rechazo a la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de declarar nulas 24 resoluciones conjuntas aprobadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En una carta suscrita esta mañana a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, el político enfatizó en que “es la posición de la Cámara que estas resoluciones conjuntas aprobadas son consistentes con la Ley 26 de 2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, por ende, en complimiento con el plan fiscal enmendado y la Ley Promesa”.
La misiva, también firmada por el presidente de la Comisión Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, (Promesa), Antonio Soto Torres, establece, además, que las resoluciones antes mencionadas no invalidan el plan fiscal “en ninguna forma”.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la aseveración de que estas resoluciones conjuntas sean reprogramaciones de cantidades provista en el presupuesto certificado. Nosotros no encontramos ninguna evidencia que sostenga esa presunción. La Junta puede proveer a la Legislatura con un análisis que indique que las reprogramaciones propuesta son inconsistentes con el presupuesto y el plan fiscal. Nuevamente, la Junta no actúa conforme a los procesos establecidos en la Ley Promesa”.
Añade que “la Junta concluye que las resoluciones conjuntas, las cuales son leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico, son invalidas. Sin embargo, la Junta no expresó ninguna razón significativa que indique que las mismas son inconsistentes con el plan fiscal. Como resultado, la propia carta recibida no está conforme al proceso de ley establecido en Promesa”.
Soto Torres se hizo eco de las palabras del presidente de la Cámara: “Le recordamos a la Junta de Supervisión Fiscal que la Ley Promesa le concede ciertas facultades de revisión, pero no ilimitadas, sobre las leyes que apruebe el gobierno de Puerto Rico; el criterio rector es que la ley no sea significativamente inconsistente con el Plan Fiscal. La Junta no puede olvidar de la Ley 26 de 2017, la cual permite hacer unas reasignaciones por la Asamblea Legislativa, se aprobó y se validó por la Junta”.
En la misiva de dos páginas, se detalla, entre otras cosas, el proceso de evaluación de leyes establecido en la Ley Promesa, incluyendo su artículo 204(a) el cual indica que la Junta tiene que notificar
“Humildemente, pero con fuerza, requerimos que la Junta se aguante en implementar las acciones, o en cualquier otro asunto, continúe interfiriendo con las acciones de política pública establecidas en estas resoluciones conjuntas”, termina la carta.INS
lp