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San Juan, 26 feb (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración de Servicios Generales (ASG) relacionadas con los contratos por servicios profesionales y consultivos, luego de detectar pagos por 716,500 dólares por realizar funciones en puestos regulares.
La auditoría de tres hallazgos señala que se pagaron siete contratos y cinco enmiendas por 716,500 dólares para realizar tareas similares a las establecidas en el plan de clasificación de puestos de la ASG aprobado en el 2004.
Por ejemplo, la ASG contrató por cuatro meses en 2013 a un consultor en sistemas de información por 363,999 dólares y cuyas funciones eran similares a las del puesto de administrador de la red, cuyo sueldo básico es de 2,513 dólares mensuales.
Además, la ASG otorgó otro contrato por 13 meses para servicios de contabilidad, auditoría y asesoramiento gerencial por 100 mil dólares para ejercer funciones similares a las de un auditor II, cuyo sueldo básico es de 2,513 mensuales.
Esta situación, contraria a la ley y reglamentación vigente, resultó perjudicial al interés público y las finanzas de la ASG, pues se desembolsaron compensaciones mayores a las correspondientes a sueldos en puestos regulares.
El informe revela también que la ASG pagó 74,887 en exceso de la cantidad pactada a un consultor en sistemas de información. En el examen realizado a siete de sus facturas se encontró que dos de ellas excedieron la cantidad máxima establecida en la quinta cláusula del contrato original y una enmienda.
Una de las recomendaciones al administrador de Servicios Generales es determinar si procede el recobro de los 74,887 pagados en exceso.
“Nuestros auditores identificaron que la ASG formalizó tres contratos del 2015 al 2016 por 67,500 dólares para servicios de revisión y actualización de varios reglamentos sobre las operaciones de la ASG en las áreas de subastas, adquisiciones, propiedad excedente estatal y otras. Sin embargo, al 21 de agosto de 2017, el administrador no había completado el proceso de revisión y aprobación de los borradores”, señala el informe.
Y agrega que esta situación “puede resultar en que la revisión trabajada no tenga utilidad o que resulte obsoleta por los nuevos cambios en las leyes y reglamentos”.
El informe cubre el período del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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