P. Rico-Integrantes de Mesa de Trabajo sobre el Aborto acusan falta de transparencia y proceso antidemocrático en torno al proyecto del Senado 950

San Juan, 12 feb (INS).- Integrantes de la Mesa de Trabajo sobre el Aborto acusaron falta transparencia y un proceso antidemocrático en torno al proyecto del Senado 950, relacionado con la práctica del aborto y que fue sometido por la senadora Nayda Venegas Brown en mayo pasado.

El proyecto, que fue asignado a la Comisión de Asuntos Federales, Gubernamentales y Económicos, presidida por el senador Thomas Rivera Schatz, fue enmendado casi en su totalidad el último día de la pasada sesión legislativa.

De acuerdo con la Mayte Bayolo Alonso, experta en política pública y legislación de la American Civil Liberties Union, a pesar de que en septiembre de 2018 se realizaron vistas públicas para este proyecto, entidades y organizaciones que trabajan con mujeres fueron excluidas, aunque habían cumplido con el requisito de solicitar turnos a la Comisión presidida por Rivera Schatz.

Igualmente, dijo que no se realizaron audiencias públicas para atender los reclamos de sectores excluidos -según anunciado por Thomas Rivera Schatz- y se removieron del portal de Internet de la Comisión senatorial todos los documentos, ponencias y cartas de entidades internacionales que repudiaron el proyecto 950.

Mientras, Yarí Vale Moreno, profesora de obstetricia y ginecología en el Recinto de Ciencias Médicas, relató cómo desde mayo de 2018 se reunió con más de una decena de senadores y senadoras para explicarles las serias restricciones a los derechos sexuales y reproductivos incluidos en la versión original del proyecto 950.

Sin embargo, la versión más reciente del proyecto “también incluye aspectos que hacen de esta una medida insalvable. El aborto ya está reglamentado en Puerto Rico por el Departamento de Salud desde el 2008 y las clínicas cumplen cabalmente con lo dispuesto en ese reglamento. De ser aprobada, esta sería la única medida que eleva a ley un reglamento del Departamento de Salud. Es como si de pronto el reglamento que rige a las farmacias, los hospitales y otros servicios de salud se convirtieran en leyes, y hay que preguntarse si esto ocurre porque se trata de un asunto que impacta a las mujeres y personas gestantes”.INS
lp