P. Rico-Reclamo multisectorial para examinar “Safe Kits”

San Juan, 29 ene (INS).- y cinco organizaciones sin fines de lucro pidieron hoy una pronta acción del gobierno para poner fin a la angustia de miles de víctimas, en su mayoría mujeres y menores, cuyos casos se encuentran detenidos porque no se han examinado sus “Safe Kits” con material genético en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

El Centro Salud Justicia, Centro de Ayuda a Víctimas del Crimen (CAVIC), Centro de Fortalecimiento Familiar ESCAPE, Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de PR, y Coordinadora Paz para La Mujer fueron las cuatro entidades que, junto a la senadora Laboy, presentaron su reclamo hoy en una conferencia de prensa, a la que también se unió la ginecóloga forense y experta en casos de abuso sexual en menores Linda Laras.

Los más de 2,500 “Safe Kits” permanecen en el NCF, que públicamente ha expresado que no cuenta con los recursos para examinarlos.

Sin embargo, se han presentado opciones para allegar los recursos, pero a juicio de la senadora Laboy, el tema parece no ser prioridad.

Como resultado de las audiencias públicas de la resolución del Senado 417, de su autoría, el pasado año se destapó la situación crítica sobre el asunto.

De acuerdo con los datos hay alrededor de 2,500 “Safe Kits” que contienen material genético de posibles agresores sexuales, la mitad cuenta con querellas relacionadas a delitos sexuales, que incluyen violación, sodomía, actos lascivos y agresión sexual conyugal, entre otros.

“Cuando comenzamos a investigar en octubre habían casi 2,500 ‘Safe Kits’ sin examinar, algunos de ellos desde el 2004. Tres meses después ya hay casi 2,700. El problema se sigue agravando y no vemos que se tomen medidas concretas y con la premura que requiere para resolver el asunto”, dijo Laboy.

La senadora señaló que el año pasado sometió resolución conjunta del Senado 335 para reasignar al NCF tres millones para examinar los “Safe Kits”, provenientes de los fondos asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Recientemente se realizaron audiencias públicas y de ellas se desprende que redirigir ese dinero es viable.

No obstante, según la senadora, el asunto no se está manejando con la rapidez que debería.

Laboy explicó que tan reciente como ayer se reunió con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Financiera y Administración de Puerto Rico (JSF), Nathalie Jaresko, quien le orientó en el sentido de que existen dos opciones para que la JSF considere el traspaso de los fondos.

La primera es que el gobernador convierta en ley la resolución conjunta y luego la envíe para autorización a la JSF o que el Ejecutivo envíe una solicitud para que JSF lo evalúe.

Es por eso que Laboy hizo un llamado a una acción rápida por parte del gobernador y las agencias a las que concierne el tema para realizar la petición de evaluación a la JSF.

Las organizaciones que se unieron a la conferencia de prensa ofrecieron información relevante que sustenta la importancia del asunto.

Aleyka Restituyo, Coordinadora de Casos de Centro Salud Justicia, en representación de Linda Laras, ginecóloga Forense, señaló que “el SAFE (Sexual Assault Forensic Exam) Kit es de colección de evidencia relacionada a una experiencia de trauma por violencia sexual ocurrida dentro de las últimas 72 horas de acceder a un hospital. Esta experiencia de trauma consiste en que una persona ejerce sobre otra persona un acto sexual contra su plena capacidad de consentir. Esto conlleva un impacto, a corto y a largo plazo, afectando el bienestar y la seguridad de la persona quien recibe el trauma. Es importante recordar que cuando una víctima va a una Sala de Emergencia luego de una violencia sexual, recibe atención médica, medicamentos preventivos, SAFE Kit y coordinación con servicios de ayuda. La victima deja de estar sola”.

Restituyo añadió que “las estadísticas muestran que las personas que agreden sexualmente tienden a repetir, lo que significa que existe una mayor probabilidad de que el ADN de una persona agresora ya esté almacenado en CODIS. La introducción de la información de ADN que se encuentra en estos kits ofrece una mayor posibilidad de que se encuentre o se identifica a una persona, incluso que haya cometido actos en el pasado y posiblemente se prevengan delitos futuros”.

Stephanie Figueroa, directora interina del Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (Cavic), declaró que “en el ejercicio del cumplimiento de los derechos de las víctimas, es imperativo la realización y la evaluación forense de los ‘Safe Kits’. En algunos casos, esta es una evidencia fundamental para identificar a la parte agresora y lograr que se esclarezca el caso en los Tribunales. Entendemos que es una necesidad de carácter urgente el delegar fondos para la investigación inmediata de los SAFE kits. De esta manera estaremos protegiendo y haciéndole justicia a miles de víctimas y sobrevivientes”.

La organización sin fines de lucro que ofrece servicios dirigidos a apoyar a las víctimas del crimen, está adscrita al Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana y es subsidiada con fondos VOCA del Departamento de Justicia.

En tanto, Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer, alertó sobre las consecuencias de no contar con el análisis y recopilación de las pruebas forenses relacionadas con agresiones sexuales. Según González Castro, los “Safe Kits” sin analizar representan 2,700 agresores que podrían haber cometido delitos sexuales contra otras mujeres o niñas, pero cuyos crímenes continúan impunes.

Los efectos para víctimas y sobrevivientes “son terribles, ya que se les envía el mensaje de que un evento tan violento como una agresión sexual podría quedar impune”.

Por otro lado, González Castro mencionó que, de acuerdo con estimados del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, solo se reporta el 2% de los casos, un descenso de 14 puntos porcentuales en 10 años.

“Esta situación es alarmante y debe ser atendida a la brevedad posible”, señaló González Castro.INS
lp