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San Juan, 25 ene (INS).- La senadora Zoé Laboy Alvarado sometió hoy la resolución 973 para realizar una investigación sobre todo lo relacionado a la Junta de Evaluación Médica del Departamento de Seguridad Pública y sus programas de estabilidad y buena salud mental, que atiende tanto a empleados civiles como a la uniformada.
La medida surge ante la inquietud de la senadora por la alta incidencia de violencia, que incluye delitos en los que se ven implicados miembros de la Policía.
En 2018 se realizaron alrededor de 180 intervenciones con miembros de la Policía involucrados en casos de violencia de género.
“La uniformada está integrada por hombres y mujeres de gran valor y compromiso con nuestra seguridad, pero tampoco escapa a este problema. Estamos conscientes de que hay una realidad de recursos limitados, pero esto no puede ser excusa para no trabajar con la salud mental y emocional de aquellos llamados a velar por la seguridad pública, por lo que urge una investigación urgente”, explicó Laboy.
La Ley 20 de 2017 (“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”) establece que dicho departamento tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de integrar de manera efectiva todos los servicios que ofrece el Departamento y sus negociados.
La ley creó la Junta de Evaluación Médica, que según se establece, tendrá asesores en materia de asuntos médicos de forma que se pueda establecer una política pública de ayuda a los empleados, con énfasis en la estabilidad emocional y la buena salud mental.
Establece, además, que brindará consejería a los empleados víctimas de violencia en el desempeño de sus funciones, que enfrenten situaciones de violencia doméstica o estén pasando por alguna situación que afecte su estabilidad emocional, productividad, o su capacidad para desempeñar las funciones de su cargo.
Sin embargo, múltiples oficiales y agentes han señalado que el sistema de ayuda no funciona y que la agencia cuenta con solo 15 psicólogos por contrato, quienes trabajan cien horas al mes.
“Confiamos en que esta investigación nos permita evaluar la efectividad, implementación y administración de estos programas, así como ayudarnos a identificar posibles acciones, entre ellas legislativas, para poner remedio a este asunto”, dijo la senadora.INS
lp