P. Rico-Protesta en DRNA por supuesto intento del gobierno de permitir depósito de cenizas de carbón en toda la Isla termina con medidas de seguridad de la agencia ante sustancia esparcida durante audiencia pública

San Juan, 29 nov (INS).- Una protesta frente a las oficinas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por un supuesto intento del gobierno de permitir el depósito de cenizas de carbón en toda la Isla terminó hoy con medidas de seguridad tomadas por la agencia ante una sustancia esparcida durante una audiencia pública que se realizó en la sede de la dependencia pública.

Las audiencia pública, de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), era para recibir deponentes que quisieran aportar en lo que será la confección final del reglamento para uso, manejo y disposición de los Residuos de Combustión de Carbón (RCC).

“Tal y como ha sido la política de esta servidora en las agencias que dirijo, garantizamos no solo la participación amplia de la ciudadanía, sino también el espacio para que aquellos que así lo desearan, pudieran manifestarse. Lamentablemente, para algunos pudo más su deseo de faltar el respeto, provocar caos y llamar la atención, que la oportunidad de ser parte de la política pública relacionada con el uso, manejo y disposición de los RCC”, afirmó la secretaria Tania Vázquez Rivera.

Agregó que “unos pocos decidieron utilizar la oportunidad que se les dio para deponer y tornarse violentos, tanto verbal como físicamente. Algunos llegaron con camisas alusivas a un partido político, a pesar de ser una actividad no política, y otros exhibían frases con palabras soeces. Sin embargo, la peor parte fue cuando el segundo deponente, el señor Jimmy Borrero, tomó un frasco con una sustancia desconocida y lo derramó encima de la mesa de deponentes, no sin antes gritar palabras soeces e insultar a todos los presentes, actos a los que se unieron otros manifestantes”.

Advirtió que “aunque reconocemos el derecho que tienen todos los ciudadanos a manifestarse, este tipo de actuación, que podría tener consecuencias legales, resulta total y absolutamente inaceptable”.

Consignó, asimismo, que “al igual que hicimos en el pasado, tomando en cuenta que desconocemos de dónde se extrajo la sustancia que se depositó en la mesa de deponentes, hemos solicitado que se tomen las medidas de seguridad necesarias para removerlo y hacerle los análisis correspondientes para descartar que contenga algún elemento que pueda ser peligroso para empleados y visitantes del DRNA”.

Líderes de organizaciones ambientales denunciaron en la protesta el intento del gobierno de permitir el depósito y uso indiscriminado de las cenizas de carbón de la empresa AES en todo Puerto Rico.

En su campaña política rumbo a la gobernación, Rosselló Nevares dijo que exportaría las cenizas.

Sin embargo, el pasado año el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran un proyecto, conocido luego como la Ley 40 de 2017, “que ayudó a la empresa carbonera AES a seguir depositando las cenizas en los vertederos de Puerto Rico”, dijo José Díaz Pérez, portavoz del campamento contra las cenizas en Peñuelas.

“Incluso, el gobernador utilizó miles de dólares de fondos públicos para que la Policía diera protección a empresas privadas como AES, EC Waste y Ecosystems y escolta a los camiones que trasportaron las cenizas de Guayama a Peñuelas”, recordó.

Según el vocero, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) publicó un supuesto reglamento para el manejo de los residuos de la combustión de carbón.

“Con 12 meses de retraso, la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, presentó un falso reglamento para intentar cumplir con la Ley 40 de 2017. Ese documento, titulado “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón”, parece más un manual interno de la empresa AES a ser utilizado en su propaganda mediática y lo peor es que permitiría el depósito y uso de las cenizas tóxicas en todo Puerto Rico. Lo que está proponiendo el gobernador Ricardo Rosselló, a través del DRNA, es una declaración de guerra contra la salud y la vida de todos los residentes en nuestra isla y en contra del medio ambiente”, expuso.

En tanto, Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, aseguró que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el poder para detener la amenaza al ambiente y la salud que implicaría el desparramar millones de cenizas tóxicas en todo Puerto Rico.

“Hacemos un llamado al presidente del Senado, Tomas Rivera Shatz, al senador Larry Seilhamer y al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, a que aprueben el proyecto del Senado 600, del senador Juan Dalmau Ramírez y el proyecto de la Cámara 1160, del representante Denis Márquez Lebrón, para enmendar la Ley 40 de 2017, y terminar de una vez y por todas las confrontaciones, el despilfarro de fondos públicos y el desastre ambiental y de salud que el gobernador está a punto de permitir. Si los senadores y representantes no actúan, entendemos que ellos están apoyando la locura del gobernador y de AES, y volveremos a la calle a proteger la vida de nuestras familias y comunidades”, insistió Alvarado.INS

lp