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San Juan, 20 nov (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió una carta al liderazgo congresional, tanto en el Senado como en la Cámara de los Estados Unidos, en la que consigna las medidas de mitigación y recuperación tras el paso del huracán María por la Isla que aún requieren acción por parte del Congreso.
En su misiva, el gobernador enfatizó en que mientras Puerto Rico se recupera del peor desastre natural en la historia de la FEMA, el país ha estado “cooperando con todas las entidades interesadas y trabajando como socio responsable, además de ser consciente de los requisitos y necesidades del Congreso, las agencias federales y los contribuyentes”.
“Nunca se le había requerido a un estado que se ocupase de un proceso de recuperación con un costo estimado en los miles de millones de dólares mientras al mismo tiempo se enfrenta a la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal. No obstante, aún bajo estas circunstancias, tanto el Congreso como las agencias federales han requerido de Puerto Rico requisitos y estándares más exigentes que los que se les exigen a los demás estados y territorios. Se nos ha tratado de una manera diferente en comparación a los americanos de las demás jurisdicciones”, aseveró.
El gobernador realizó varias solicitudes a los legisladores que se espera se atiendan en lo que resta de la presente sesión legislativa.
Entre las medidas solicitadas, el gobierno de Puerto Rico está pidiendo la extensión de la cobertura por parte de la FEMA para las categorías A y B, que caducaron el 15 de septiembre, 2018, para así poder continuar con los trabajos de remoción de escombros y otras tareas de emergencia.
“Aún queda mucho trabajo de respuesta de emergencia por hacer en la Isla. Sobre 15,000 propiedades han sido identificadas para su demolición o requieren trabajo de remoción de escombros, lo cual supone una amenaza inmediata a la salud pública y la seguridad”, declaró el mandatario.
Otro elemento crucial en la agenda es la continuación del Presupuesto de Emergencia de Medicaid y establecer un mecanismo sostenible de financiación a largo plazo.
“Le solicito al Congreso que tome acción inmediata para atender la crisis del sistema de salud de Puerto Rico, especialmente en cuanto al precipicio fiscal en fondos de Medicaid que aún sigue siendo una amenaza seria para la salud y el bienestar de nuestro pueblo”, escribió el primer ejecutivo.
Puerto Rico, a diferencia de los estados, no recibe fondos proporcionales para Medicaid, en detrimento de la salud de millones de estadounidenses que, de vivir en un estado, no estarían sujetos a estas regulaciones.
“Si estos problemas se acrecientan causarían la inevitable migración de recipientes del plan de salud del gobierno a los diversos estados lo que sería además dañino para nuestros médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud”, alertó.
En cuanto al Programa de Asistencia Nutricional (PAN), comentó que “por las últimas tres décadas y media, el Congreso de los Estados Unidos ha tratado a los ciudadanos americanos de Puerto Rico de una manera diferente en cuanto a asistencia nutricional. En 1982, el Congreso excluyó a Puerto Rico del Food Stamps Program y creó un mecanismo alterno llamado el Programa de Asistencia Nutricional que provee beneficios significativamente inferiores y además tiene un límite de pobreza mucho más bajo para establecer elegibilidad. Este programa priva a muchas familias puertorriqueñas de asistencia nutricional adecuada, algo que no sucedería si se trasladasen a alguno de los 50 estados”.
Dadas las limitaciones del PAN y su inhabilidad para proveer asistencia nutricional a quienes más lo necesitan, el gobernador está solicitando “una apropiación adicional de 600 millones para que el programa del PAN en Puerto Rico no se quede sin fondos en marzo del 2019″
También, la carta establece que “las comunidades a lo largo de la mitad este del Caño Martín Peña, en el estuario de San Juan, se enfrentan a retos de salud pública y seguridad directamente asociados a la degradación ambiental de este ecosistema, así como a continuas inundaciones”, que han empeorado desde el paso de los huracanes Irma y María el pasado año.
Sobre 3,000 estructuras en el Caño Martín Peña aún descargan aguas negras al estuario, exponiendo a sobre 27,000 residentes a aguas contaminadas y sedimentos.
En la misiva, el gobernador Rosselló urgió al Congreso de EEUU a “apoyar la selección del caño Martín Peña como un proyecto de nueva construcción bajo el Acta de Apropriaciones del 2019, Ley Pública 115-244”, para poder “proteger a los ciudadanos americanos en la vecindad del caño Martín Peña de los inevitables futuros desastres naturales en la próxima temporada de huracanes”.INS
lp