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Santo Domingo, 15 nov (INS).- Organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron a los legisladores dominicanos la despenalización del aborto en condiciones extremas cuando sea reformado el Código Penal Dominicano a los fines de evitar muertes prevenibles de mujeres y niñas.
La solicitud está contenida en cinco carta que enviaron por separado a los presidentes de la Cámara de Diputado y al Senado de la República, respectivamente, Radhamés Camacho Cuevas y Reinaldo Pared Pérez.
Entre las instituciones que elevaron su reclamo está el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Coordinadora de la Mujer, Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur (CISCA) y Brenda Austin, diputada Nacional de la provincia de Córdoba, Argentina.
En el texto, indicaron que la despenalización del aborto significa adecuar el marco jurídico dominicano a los compromisos internacionales asumidos por el país con el fin de asegurar los derechos fundamentales de las mujeres en toda la región de América Latina y el Caribe.
“La Colectiva Mujer y Salud se suma a ese reclamo, porque dicha acción evidencia que la comunidad internacional está observando a la República Dominicana que en varias oportunidades fue llamada a modificar su legislación por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres”, expresó Cynthia Velasco, directora de la organización.
Plantea que en la pieza legislativa sea acogida la solicitud de despenalizar el parto interrumpido en situaciones excepcionales, como son cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto es inviable fuera del útero o si el embarazo es producto de una violación o incesto.
La entidad indica que de esa forma “se terminará con un círculo en el que las mujeres tienen como opción la clandestinidad o la muerte”.
La institución feminista, que dio a conocer la noticia, coincide así con la posición expresada hace meses por el Poder Ejecutivo cuando devolvió al Congreso Nacional, con algunas observaciones, el proyecto de ley que aprobaba el aborto.
Resaltó que la interrupción del embarazo es una problemática que tiene que ver con la salud pública, y debe ser resuelto como un problema de Estado.
Agregó que más de 190 países han acogido esa recomendación, y sólo cinco, incluido la República Dominicana, mantienen dicha penalización.
Finalmente, la Colectiva Mujer y Salud, organización que además lucha por los derechos humanos y sexuales y reproductivos de las mujeres, hizo un llamado a los congresistas a acoger esa solicitud “porque las mujeres han esperado lo suficiente, y es una deuda con la democracia”.
El 20 de julio pasado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, sometió ante sus colegas un proyecto de ley alterno al del Código Penal en donde reglamenta las causales en las que se puede practicar un aborto.
De inmediato, el polémico documento fue enviado a una comisión para estudio, con un plazo fijo de una semana, pero aún no ha sido conocido.
La prohibición del aborto cuenta con el respaldo de las iglesias y otros sectores, pero es objetado por las organizaciones feministas que piden tomar en consideración las citadas tres causales. INS
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