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San Juan, 4 oct (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa Rodríguez, Luis Raúl Torres Cruz, Jesús Manuel Ortiz González, Javier Aponte Dalmau y Ángel Matos García, reclamaron hoy a la Cámara de Representantes que abra la discusión sobre los cambios que van a proponer para el sistema contributivo.
Además, emplazaron a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a expresarse sobre las consecuencias de enmendar la ley del impuesto sobre los bienes muebles, sin que exista un mecanismo que sustituya esta partida para allegar fondos directamente a sus ayuntamientos, asegurando que la evaluación de esta medida se ha hecho a espaldas del pueblo y de los principales sectores del país.
“La sustitución de este arbitrio pondría en riesgo aproximadamente el 70% de los recaudos que los municipios reciben del CRIM y su capacidad de operar y ofrecer servicios esenciales a los ciudadanos”, expresó Santa Rodríguez, para apuntar que se desconoce si esta reforma “aumentará los ingresos, ampliará la base, aumentará las tasas contributivas y quiénes llevarán la mayor parte de la carga”.
Por su parte, el representante Torres Cruz manifestó que “este proceso evidencia la falta de comunicación entre la Legislatura del PNP y el Ejecutivo, así como la desconexión que tiene esta Administración con la realidad económica que atraviesa el país, tanto que la Cámara recesó sus trabajos hasta el 15 de octubre como prueba del disloque de prioridades de este gobierno”.
Añadió que la manera en que se ha atendido esta medida que acabará impactando los recaudos “negativamente” es “imputarle” responsabilidad a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para tapar su incompetencia.
De otro lado, el representante Ortiz planteó que “desde el principio es claro que lo que se está trabajando son meros cambios al sistema y no una reforma contributiva. Ni el gobierno ni la asamblea legislativa han comunicado con claridad cómo los cambios que evalúan serán un motor de desarrollo económico para Puerto Rico en momentos en que el país necesita empleos, inversión y crear riquezas a nivel local. La consideración atropellada y a espaldas del país es un preocupante presagio de que estamos ante un intento de proyectar beneficios a la gente sin tener certeza de cómo se financiarán ni de cómo beneficia nuestra economía. Estamos ante una propuesta poco planificada del gobierno para hacer política con promesas de ahorros a sabiendas del riesgo real de no sobrepasar el análisis fiscal de la Junta de Supervisión”.
Entre tanto, Matos García indicó que “la legislatura del PNP pretende revivir la videolotería para allegar alrededor de 100 millones como un salvavidas para cuadrar los ingresos de esta reforma, sin saber cómo se va a implantar ni quién lo va a fiscalizar, máxime cuando el Departamento de Hacienda ha demostrado su incapacidad para fiscalizar este tipo de máquinas instaladas ilegalmente en la isla”.
Mientras, Aponte Dalmau urgió a la delegación del PNP en la legislatura a convocar audiencias públicas que reciba el insumo de peritos en temas económicos y contributivos, y a los sectores productivos del país, para garantizar la inclusión y la transparencia en este proceso.INS
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