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San Juan, 25 sep (INS).- La Comisión para la Igualdad de Puerto Rico informó que votó de manera unánime para apoyar la petición de 2006 y en desarrollo del exgobernador Pedro Rosselló González ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La petición, en contra de los Estados Unidos, tiene relación con la privación de derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico.
La votación surge previo a una audiencia pública de la CIDH el 5 de octubre sobre dos casos que datan de mucho tiempo y que requieren medidas del Congreso de los Estados Unidos y del ejecutivo federal para resolver el problema de la privación de derechos democráticos a Puerto Rico.
En cuanto al respaldo al exmandatario, la Comisión indicó que “apoya totalmente la petición del exgobernador Pedro Rosselló contra los Estados Unidos por violar los derechos humanos, así como los derechos civiles y políticos de los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico. En su demanda, Rosselló acertadamente busca reconocer que el estado territorial de Puerto Rico es discriminatorio y promueve el trato desigual de los ciudadanos que nacieron en la Isla. Esto no solo va en contra de los valores fundacionales de los Estados Unidos, sino que también viola el compromiso de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional. Esto incluye la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
La nota añade que “consideramos que esta petición es parte de los esfuerzos más amplios de nuestra Isla para terminar con más de un siglo de trato colonial bajo la bandera de los Estados Unidos y nuestro esfuerzo para obtener plenos derechos e igualdad mediante la estadidad para Puerto Rico. Los puertorriqueños que viven en la Isla merecen absoluta representación ante el Gobierno federal de los Estados Unidos, el cual hace y ejecuta las leyes bajo las cuales vivimos. Es por eso que respaldamos los méritos de esta demanda y votamos unánimemente para apoyarla”.
El organismo se mostró esperanzado en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “juzgue los méritos de este caso y haga una declaración clara al mundo de que Estados Unidos debe poner fin a la violación de los derechos humanos y civiles de los 3.3 millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico”.INS
lp