P. Rico-Codigas solicita que se cumpla con los requisitos de la Ley 458 en el caso de la contratación de la AEE

San Juan, 20 ago (INS).- A raíz de los hallazgos de la Oficina del Contralor que plantea un “escándalo de grandes proporciones” en el mal manejo de la compra de combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica(AEE), la Coalición de Distribuidores Independientes de Gas Licuado de Puerto Rico (Codigas) reclamó hoy una investigación completa sobre el proceso de otorgamiento de permisos a la compañía PUMA Trafigura Energy.

Según el presidente de la Codigas, Carlos Declet, “la compañía matriz Trafigura dueña de PUMA Energy no puede hacer negocio en Puerto Rico por haber sido declarada culpable de fraude en territorio estadounidense. Esta compañía tiene expediente criminal abierto también en varios países de Latinoamérica por intento de soborno y manipulación de funcionarios públicos. Es de conocimiento general, la información de casos donde funcionarios de gobierno aceptaron culpabilidad por estar recibiendo dinero de operaciones ilícitas e influencias indebidas”.

Declet indicó que “en adición de lo planteado públicamente por la oficina del Contralor, en Puerto Rico se conoce que la compañía PUMA Trafigura Energy había solicitado permisos para la construcción y operación de una Planta embotelladora de gas, la cual inicialmente fue concedida por la Comisión de Servicio Público (CSP)”.

Según el portavoz, “debido a serias irregularidades en violación a los reglamentos y leyes vigentes, el mismo estaba bajo revisión del Tribunal Apelativo. Se suponía que en dicho foro se evaluarían los errores de falta de necesidad y conveniencia, errores de Derecho y errores en la apreciación de la prueba suministrada para conseguir el permiso”.

A su vez, recordó que la AEE desembolsó 2,307 millones de dólares a una empresa que, por ser convicta, estaba impedida de hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico.

“En el caso que llama la atención, Trafigura se valió de una empresa local (Petro West), lo cual también fue señalado como un esquema para defraudar al contribuyente, entendiéndose que la AEE es una empresa del gobierno”, expuso.

Abundó que el Departamento de Justicia “fue notificado y está activamente investigando las querellas hechas por las distribuidoras de gas licuado sobre las prácticas depredadoras de mercado de Puma Energy. Existen querellas y evidencia suficiente en manos de las agencias de gobierno estatales para que sus funcionarios actúen, procedan a investigar para evitar un daño permanente a la industria del combustible en la isla”.

Declet se mostró preocupado “por la forma en que cabilderos o allegados al gobierno, quienes han actuado a sus anchas para beneficiar a PUMA-Trafigura, creando un ambiente en contra de la industria nativa del gas licuado, mediante un esquema de ‘dumping’, que no es otra cosa que una estrategia ilícita de mercadeo o práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado de 600 distribuidores que suplen toda la Isla de Puerto Rico”.

Para el vocero de Codigas, “esto tiene el resultado de rebajar precios para desplazar a los componentes de la industria nativa para luego imponerse en el mercado. Estas prácticas son ilegales, prohibidas por la Ley Antimonopolística y la Reglamentación de Justa Competencia vigente en Puerto Rico, que precisamente administra el Departamento de Justicia. Por otro lado, hay amplio conocimiento del tracto delictivo de Trafigura en Latinoamérica, sumado al caso de Texas”.

El presidente dijo que la situación “nos obliga hacer un llamado al gobierno para que hagan los requerimientos pertinentes en las propuestas de las compañías que entrarán a suplir el combustible gas a raíz de las conversiones de las unidades 5 y 6 de la AEE de San Juan. Solicitamos especialmente que se le requiera a las compañías licitadoras que cumplan a cabalidad con la Ley 458 de 2000, Ley que fue ya violada por la compañía Trafigura, convicta en 2006 en Texas por declaraciones falsas en aduana sobre la entrada de bienes, lo que le hace inelegible a ellos, entiéndase también a sus asociadas, subsidiarias u otras relacionadas, según prohíbe dicha ley”.INS

lp