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San Juan, 9 ago (INS).- El estimado del costo del fraude ocupacional es de aproximadamente 1,954 millones de dólares, lo que es equivalente al 2.77% del Producto Bruto Nacional de 2017, según estableció un estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
“El fraude ocupacional es un problema global que representa una amenaza para las empresas hoy día. Es un gran fenómeno que afecta prácticamente a cada entidad y detectarlo representa un reto para muchas organizaciones. Entidades de distintos tamaños, del sector público y privado, han sido víctimas de este tipo de crimen, violentando la confianza del patrono y ocasionando un áspero y severo daño a la economía”, dijo el presidente del Colegio, CPA Ramón Ponte Tápanes, en un conversatorio con medios de comunicación.
Según informó el CPA Eduardo González Green, presidente del Comité de Servicios No Tradicionales del Colegio de CPA a cargo del estudio, dos organizaciones (la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y el Instituto de Auditores Internos Certificados) colaboraron con el Colegio en la tarea de recopilar y analizar información para este estudio que fue basado en una encuesta que se podía acceder vía Internet.
Abundó que el estudio de 2018 (hubo otro en 2006) fue diseñado para toda organización, incluyendo al gobierno.
“El total de personas que contestó la encuesta fue de 281, de los cuales 131 cumplieron con los requisitos establecidos que eran el de aquellas personas que hayan experimentado o participado en la investigación de algún incidente de fraude en los pasados tres años, donde dicha investigación haya concluido y el perpetrador haya sido identificado”, indicó.
Sobre la investigación, González Green estableció que “el estimado del costo del fraude ocupacional en el estudio de 2018 es de aproximadamente 1,954.66 millones, lo que es equivalente al 2.77% del producto bruto nacional del 2017 (70,565.4 millones). En el estudio de 2006, que no incluyó al sector de gobierno, la pérdida promedio informada por los participantes fue de 2.2% del producto bruto lo que equivale a una pérdida por fraude y abuso de aproximadamente 860 millones”.
Según el estudio, los tipos de fraude ocupacional se pueden dividir en tres clasificaciones: apropiación de activos (robo de dinero o mal uso de activos), corrupción (utilización del poder para obtener beneficio personal) y estados financieros adulterados o fraudulentos.
El costo del fraude y abuso a la economía de Puerto Rico es de 1,954.66 millones (2.77% del producto bruto), “por consiguiente es un asunto considerable que se debe atender en las empresas y entidades”, dijo el ejecutivo.
Además, dijo que el costo por apropiación de activos y corrupción fue superior al de Estados Unidos.
Compañías con un sistema formal antifraude para recibir querellas informaron menos pérdidas y el robo de efectivo resultó ser el fraude más común, “por lo que se deben establecer controles contables rigurosos”.
A su vez, comentó que los esquemas principales para cometer fraude fueron la creación de documentos fraudulentos o la alteración de documentos, por consiguiente, un sistema de pre-intervención debe establecerse, entre otros asuntos.
La auditoría interna resultó ser la manera más efectiva para detener el fraude.INS
lp