
Abel Nazario Quiñones./Inter News Service
San Juan, 7 ago (INS).- El presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario Quiñones espera subsanar «discrepancias fiscales» con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y que así se reduzca el impacto fiscal que tendría para el Departamento de Educación (DE) la aprobación de la Ley para la Educación de Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico.
«No puede ser más de 40 millones y se va a poder lograr. Yo lo que quiero asegurarme es que lo que someta ante el pleno del Senado cumpla con tres cosas, que cada niño de educación especial tengo mayores recursos disponibles, que el proyecto cumpla con los requisitos de la Junta de Control Fiscal, en cumpliendo con la Ley Promesa y ver cómo se puede economizar en servicios», sostuvo Nazario.
Los representantes de la OGP, Facundo di Moreno y Osvaldo Guzmán estimaran el impacto de esta ley en sobre 175 millones, siendo esto un número que tendría discrepancias luego que el senador y el secretario asociado de Educación Especial del DE, Eliezer Ramos, presentara números menores en algunas partidas.
Ante esto, el senador dio ayer a la OGP dos semanas para resolver esas «discrepancias» y dijo que trabajaría en conjunto con las agencias para lograr atender todas las preocupaciones fiscales.
Entre estas, se destacó la discrepancia del estimado en costos de los jueces administrativos de educación especial, los cuales basados en números de OGP estos costarían 542 mil.
El DE y la Comisión explicaron que el costo anual solo era de 72 mil.
Las expresiones surgieron en una audiencia pública de la Comisión de Educación que atendía el proyecto de la Cámara 1484.
La medida también crearía la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, un Panel Asesor de Educación Especial y una Comisión Conjunta para la Educación de Niños y Jóvenes con Discapacidades de la Asamblea Legislativa.
Además, busca enmendar o derogar más de cinco leyes que impactan directamente los servicios que se les ofrecen a estos estudiantes.
De ser aprobada, la ley aseguraría la prestación de servicios educativos inclusivos a 105,827 estudiantes entre los tres y los 21 años que atiende el Departamento de Educación.
De este total, 12,391 son estudiantes de tres a cinco años, sostuvo el DE.
Sobre la cantidad de maestros de educación especial, el senador indicó que hay 4,902 en el DE para este año.INS
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