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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares./Inter News Service
San Juan, 1 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que implementará diversas iniciativas administrativas y someterá otras propuestas a la consideración de la legislatura con el fin de mejorar la respuesta de las aseguradoras ante sus asegurados.
El primer ejecutivo indicó que tras la experiencia del huracán María, resultó evidente hacer cambios para reforzar los derechos de los asegurados y lograr procesos más expeditos.
“Al recoger el insumo de diversos sectores -que incluye asegurados, aseguradoras, comercios, sector privado, municipios e individuos- hemos desarrollado una serie de iniciativas para atemperar el Código de Seguros a las necesidades de una isla tropical sujeta a la recurrente amenaza de fenómenos atmosféricos”, explicó el gobernador.
Rosselló Nevares también comentó que estas iniciativas, que surgieron tras la cumbre que convocó hace unas semanas, se unen a y complementan otras que la Oficina del Comisionado de Seguros ya ha iniciado a nivel administrativo.
El comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, explicó que, durante este proceso, se escucharon el sentir y las experiencias de diversos sectores de la población, para identificar nuevas opciones y mecanismos procesales que sean más agiles y faciliten el pago oportuno de las reclamaciones de los asegurados.
“Buscamos que nuestra industria de seguros posea las herramientas necesarias para responder diligente y ágilmente a los reclamos de los asegurados, y lograr con más prontitud la recuperación de Puerto Rico después de una catástrofe mediante la inyección económica que la industria representa”, indicó Rivera Ríos.
Ante el constante señalamiento de la dilación en el pago de las aseguradoras por discrepancias sobre el valor de los daños o pérdida, se recomendó implementar el proceso obligatorio de valoración (“appraisal”) por medio de un árbitro.
Por medio de este proceso, disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, cualquiera de las partes puede someter el asunto ante un árbitro.
Esta sería una alternativa rápida y económica que facilitaría a las partes llegar a un acuerdo.
Para cumplir con la jurisprudencia local, se propone legislar a fin de establecer ese proceso de valoración, sujeto a la salvedad de que no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.
También se propone legislar los pagos parciales para que, ante un estado de emergencia en la Isla, sea un requisito la emisión de pagos parciales o en adelanto de pago de la reclamación, aplicable a las partidas donde no existe controversia.
Asimismo, según explicó el mandatario, se propone enmendar el Código de Seguros para establecer que un asegurado no tiene que hacer una reclamación dentro de un término específico para poder acudir al tribunal a exigir sus derechos bajo la póliza.
Para ampliar las opciones de cubierta, se introducirán cambios que permitan a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.
De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes, lo que resultará en mayor acceso a primas más asequibles.
El primer ejecutivo también indicó que se propondría crear una cubierta a bajo costo con beneficios limitados, conocida como microseguros que -en caso de ocurrir un evento catastrófico- permitiría al asegurado recibir una indemnización sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.
El microseguro tiene por objetivo facilitar el acceso de la población de bajos recursos a productos de seguros que de otro modo no podría obtener.
Igualmente, también se ha propuesto crear una sala especializada con jueces preparados para ver de manera expedita los casos sobre seguros para controversias comunes de derecho pendientes.
Las controversias pueden ir desde existencia de cubierta, interpretación de los términos o condiciones de la póliza, que incluye límites aplicables, desacuerdo del asegurado con la resolución final de la reclamación, hasta cuantías donde el asegurado no se somete a la valoración (“appraisal”).
En casos que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería una penalidad del pago de la totalidad de honorarios al asegurado que tuvo que acudir al tribunal y el pago de cualquier daño o perjuicio causado.
El comisionado añadió que con las medidas que se están trabajando, “también buscamos procurar mayor acceso a cubiertas de seguros más económicas para sectores comerciales, organizaciones sin fines de lucro, dependencias púbicas y municipios, que se han visto sustancialmente impactados por alzas en el costo de primas de pólizas de propiedad comercial, para así ampliar las opciones de seguros comerciales en el mercado”.INS
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