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La conferencia de prensa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares./Inter News Service
San Juan, 30 jul (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción en Puerto Rico a 15 dólares la hora para contrataciones gubernamentales.
De igual forma, la orden establece el requerimiento del uso de cemento local en proyectos de construcción del gobierno local.
El decreto también exige acuerdos laborales para proyectos financiados por el Gobierno para instaurar condiciones de seguridad y entrenamiento profesional para la protección de los trabajadores.
“Uno de los elementos fundamentales de la recuperación de Puerto Rico es la industria de la construcción, la cual es vital para estar preparados ante fenómenos atmosféricos y otras emergencias que nos puedan afectar en el futuro”, sostuvo el primer ejecutivo.
Asimismo, el gobernador añadió que “ahora que Puerto Rico comienza el camino de la reconstrucción, es indispensable que la fuerza local de la construcción sea más fuerte que nunca. Necesitamos más trabajadores puertorriqueños de construcción, mejor entrenados y mejor remunerados”.
Actualmente, los trabajadores de la construcción reciben salarios que no están acorde con los riesgos y sacrificios de sus labores.
En otras jurisdicciones de los Estados Unidos un empleado de la construcción genera un sueldo de unos 70 dólares la hora.
En Puerto Rico, los trabajadores de la construcción reciben $7.25 la hora a nivel privado y $8.25 en contrataciones con el gobierno.
La orden ejecutiva aumenta el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a 15 dólares por hora en contrataciones gubernamentales para poder mantener y atraer el desarrollo económico que Puerto Rico necesita.
Esto ocurre en los estados por medio de la aplicación de la Ley federal Davis-Bacon, la cual fija un salario mínimo más alto para proyectos públicos.
La ley federal no aplica a Puerto Rico, sin embargo las consideraciones de justicia que la motivan deben ser de aplicación en la Isla también.
Por otra parte, la orden ejecutiva establece que se ponga en vigor la Ley 109 de 1985, que requiere el uso de cemento local en proyectos de construcción del Gobierno.
En 2012, Puerto Rico produjo 17 millones de sacos de cemento.
Dos años después esa cifra se redujo a siete millones, lo que demuestra un colapso en la industria de la construcción.
El uso de materiales producidos en Puerto Rico protege a los empresarios locales, quienes crean empleos e inversión a nivel local.
La orden ejecutiva exige acuerdos laborales para proyectos financiados por el gobierno, los cuales establecerán condiciones de seguridad y entrenamiento profesional que protegerán a los trabajadores.
Esto siempre y cuando no haya una prohibición explícita a este tipo de acuerdo por las leyes federales.
La determinación tampoco será de aplicación a los acuerdos ya pactados.
“Agradecemos al liderato de la Unión Internacional de Trabajadores de Norteamérica (LIUNA, por sus siglas en inglés), específicamente a su vicepresidente y gerente regional del este, Rey Pochino, así como a Edison Severino y John Vigueras, quienes han luchado por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción. Compartimos la meta de que nuestros trabajadores se queden en nuestra Isla, ayudando a construir el nuevo Puerto Rico”, declaró Rosselló Nevares.INS
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