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Santo Domingo, 18 jul (INS).- El gobierno dominicano informó que no ha realizado ningún tipo de contratación ni acuerdo de intención sobre proyectos futuros de generación de electricidad con una empresa de la República Popular China para la construcción de 1,200 megavatios, así como la concesión del puerto de Manzanillo, en la provincia Monte Cristi (noroeste del país).
Asimismo, admitió los pagos millonarios canalizados con fondos públicos a las empresas del publicista brasileño Joao Santana y Monica Moura por asesoría en la campaña electoral del presidente Danilo Medina del 2012 y 2016, tema que se está debatiendo en los medios y ha propiciado agrios enfrentamientos en el Congreso Nacional entre legisladores oficialistas y de la oposición.
En el primer caso, negó los rumores que circulan en los medios locales sobre supuestas negociaciones con empresarios chinos en lo que respecta la concesión de puertos marítimos y otros proyectos.
El aclarando se dio a conocer a través del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, quien dijo por medio de un comunicado de prensa que como empresa estatal no tiene facultad legal para la concesión de puertos marítimos, ya que ese tipo de contratación requiere la aprobación del Congreso Nacional, luego de llenar una serie de requisitos y procedimientos vigentes en las leyes dominicanas.
Aclaró que cualquier proyecto nuevo de generación que procure el Estado dominicano se hará mediante la convocatoria de una licitación pública internacional, tal como se ha anunciado en ocasiones anteriores.
La aclaración del titular de la CDEEE es para evitar confusiones sobre algunas informaciones que se han hecho públicas en referencia a un supuesto acuerdo.
Jiménez Bichara manifestó que la información es falsa y que la misma “puede atribuirse a sectores interesados en evitar posibles manifestaciones de interés real de inversionistas en el desarrollo de proyectos en República Dominicana”.
Dijo que cualquier detalle referente a nuevos proyectos de generación la institución lo dará a conocer “oportunamente y de manera oficial, tal como ha sido característico en la presente gestión gubernamental”.
Por otro lado, el gobierno explicó que los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Monica Moura por asesoría en publicidad ascendieron a RD$430, 506,711.17 (equivalentes a 8, 663,278 dólares), negando de esta manera la acusación que hiciera el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) del saldo de contratos por valor de RD$1,400 millones (28,2 millones de dólares).
La organización política acordó respaldar a la legisladora Faride Raful, la principal acusadora, y a otros diputados de esa entidad, en su petición para que se forme una comisión que investigue los pagos a Santana y Moura.
Tras estallar la denuncia, el gobierno, por intermedio del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el director de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, refutó la denuncia de los congresistas perremeístas sobre el referido pago.
Mediante una comunicación enviada a la Cámara de Diputados y leída en la sesión de ayer, los funcionarios negaron que se haya desembolsado esa cantidad y en cambio afirmaron que fueron 430 millones de pesos.
“Es vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos realizados”, señala en una carta José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, que fue leída hoy en la sesión de la Cámara de Diputados.
El gobierno dominicano aseguró cuando se produjeron las contrataciones esas personas no estaban acusadas ni condenadas de delito alguno.
Según la comunicación del Administrativo, los contratos con Santana y Moura fueron rescindidos entre enero y marzo de 2016 en atención a que se trataba de asesores de la campaña del presidente Danilo Medina, que buscaba la reelección.
“Los procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios prestados durante la vigencia de los contratos”, indica la comunicación.
Los publicistas brasileños, considerados instrumentos políticos de la constructora carioca Odebrecht, están cumpliendo condena en Brasil por casos de corrupción y lavado de activos. INS
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