P. Rico-Colegio de Abogados expresa su preocupación por la nominación de la Procuradora de las Mujeres, que según institución violenta la ley

San Juan, 10 jul (INS).- La presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), Mariana Nogales Molinelli, manifestó su preocupación ante el nombramiento y posible confirmación de Lersy Boria para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Llamamos la atención al hecho de que la nominada es una completa desconocida por las organizaciones de mujeres. No cuenta con un historial de luchas y compromiso con la equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres, como establece la Ley 20 que crea la Oficina de la Procuradora”, dijo Nigales Molinelli.

Agregó que el gobernador “hizo caso omiso a la recomendación del estatuto para que las organizaciones sean consultadas, precisamente para evitar la intromisión del partidismo político en la designación. A lo anterior se suma el hecho de que el nombramiento fue hecho justo después de que la entonces procuradora interina, Carmen Lebrón, hiciera el referido al Departamento de Justicia sobre los incidentes de hostigamiento sexual en la Oficina de Turismo que culminaron con la destitución de su entonces director, José Izquierdo”.

Según la portavoz, “sabido es que la inclusión en dicho referido de los licenciados Christian Sobrino y Alfonso Orona, funcionarios de alto rango muy vinculados al gobernador Rosselló, trajo como consecuencia la desafortunada expresión de Wanda Vázquez Garcés, de declararse sin jurisdicción, sin que hubiera dado inicio la investigación con respecto a ellos y que, además, criticara la gestión de Lebrón”.

Abundó que “lo próximo fue que el Ejecutivo relevara a ésta de sus funciones y nominara a la exdirectora de ACAA”.

De acuerdo con la vocera, “el mensaje que está enviando el gobernador es uno de falta de transparencia y de que se toman represalias contra quien se atreve a denunciar la violación de derechos. En la OPM no solo fue relevada de su puesto la procuradora interina, sino otras empleadas que, aunque de confianza, pudieron tener responsabilidades sobre la investigación de hostigamiento sexual en Turismo sobre las que todavía la Procuraduría tiene gestiones pendientes, lo que puede poner en peligro su curso y el apoyo que algunas de las víctimas están recibiendo”.

Para Nogales Molinelli, “desde la gobernación de Luis Fortuño, el propósito de la Ley que crea la OPM ha sido violentado. No se le pide parecer y recomendaciones a las organizaciones de mujeres y la entidad gubernamental se ha contaminado con el partidismo político, estableciéndose una gran distancia entre la agencia y las mujeres. No se atienden con prontitud los problemas que éstas enfrentan, los procedimientos para la asignación de propuestas y fondos se han tornado más burocráticos, lentos y perjudiciales. Se han limitado al tema de la violencia doméstica, pero aún respecto al incremento del mal social como una de las secuelas del huracán María, la OPM no ha actuado con celeridad y con un plan integrado que responda a las necesidades existentes”.

La abogada exhortó al gobernador “a que retire el nombramiento de Boria Vizcarrondo, quien no cumple con los criterios de la Ley 20 y a que actúe a tenor con la política pública establecida en dicha legislación consultando a las organizaciones de mujeres. Además, la Procuradora que sea nombrada debe proteger el curso de la investigación del caso de hostigamiento sexual en la Oficina de Turismo y de cualquier otro caso de discrimen contra las mujeres que surja, no importa quiénes sean las personas involucradas o cuán cerca estén de él como ejecutivo. Solo así dejarán de ser palabras huecas las que tantas veces ha pronunciado de que en su administración hay çero tolerancia a la violencia de género”.INS
lp