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San Juan, 27 jun (INS).- El representante José Aponte Hernández sometió una resolución para censurar los actos de violación de derechos humanos perpetrados por el gobierno de Venezuela, según un informe emitido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Las nefastas políticas del gobierno de Nicolás Maduro han generado niveles críticos de escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de las instalaciones hospitalarias, el colapso del sistema de salud y el desasosiego del pueblo venezolano, lo que ha provocado una de las crisis humanitarias y de refugiados más grandes en la historia de América Latina”, dijo.
Agregó que “por todo lo anterior, la Cámara de Representantes de Puerto Rico expresa un enérgico repudio y rechazo a los continuos actos de violación humanos cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela”.
El informe menciona que entre los actos de malos tratos y tortura a los detenidos se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua.
El trato cruel, inhumano o degradante también es impuesto a familiares de los detenidos.
El organismo resaltó el hacinamiento y las condiciones insalubres en las que se encuentran los detenidos, con un acceso limitado a los alimentos y el agua y la negación de la atención médica necesaria.
El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI), de la organización Property Rights Alliance, coloca Venezuela en los últimos lugares en los que menos se respeta el derecho a la propiedad.
“Como si pareciera poco, recientemente el gobierno de Nicolás Maduro, ha implantado nuevas acciones antidemocráticas para asumir más control de la banca comercial y la propiedad privada. Estas medidas incluyen la nacionalización de la banca privada y sus empleados, cambios en el salario mínimo, eliminación de uso de tarjetas de crédito, control de las divisas extranjeras, decreto de uso de talonario de consumo de comestibles, autorización a ocupación de viviendas, exclusividad de las tierras por parte del Estado, nacionalización del sistema de educación privada, expropiación de instalaciones de comunicación, control del uso de internet y celular por parte del Estado, nacionalización del sistema de salud privado, restricciones a las importaciones e incremento en impuestos y la regulación de donde se puede impartir la catequesis”, declaró Aponte Hernández.
Copia de la resolución será enviada a la ONU y al consulado de Venezuela en Puerto Rico.INS
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