P. Rico-Delegación del PPD en la Cámara asegura que aprobación de presupuesto para nuevo año fiscal golpeará el bolsillo de los puertorriqueños

San Juan, 21 jun (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa Rodríguez, Javier Aponte Dalmau, Luis Raúl Torres Cruz y Jesús Manuel Ortiz, acusaron que la Asamblea Legislativa se apresta a aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal con cerca de 40 cambios, sin tan siquiera evaluar el Código de Incentivos ni el Nuevo Modelo Contributivo.

Los legisladores aseguraron que el descuadre entre el presupuesto y el plan fiscal certificado traerá consecuencias “nefastas” en la vida de los puertorriqueños.

“La legislatura del PNP aprobará irresponsablemente un presupuesto que sólo presenta un desglose de gastos basado en recaudos irreales. Al día de hoy el propio presidente de la comisión cameral de Hacienda y Presupuesto, Antonio Soto, no tenía claro el estimado de ingresos con el que operaría el gobierno el próximo año fiscal, por lo que es altamente cuestionable que con tan sólo tres días de vistas públicas para evaluar el presupuesto, y a tan sólo horas para que sea presentado ante el pleno de la Cámara, indiquen que podrían recibir entre 300 y 400 millones adicionales a lo proyectado por la Junta”, expresó Santa Rodríguez.

El también portavoz del PPD en la Comisión, Jesús Santa, explicó que “el plan fiscal que presentó este gobierno y que la Junta de Supervisión Fiscal certificó, incluía de forma integrada la aprobación de un Código de Incentivos, un Nuevo Modelo Contributivo y un presupuesto balanceado para poder encaminar la resolución del serio problema fiscal que tiene la Isla. Sin embargo, este panorama no es el que estamos viendo hoy con la aprobación de un presupuesto que no cuenta con todos estos elementos”.

Entre tanto, el representante Jesús Manuel Ortiz mencionó como ejemplo que una de las medidas contempladas en este presupuesto es la reducción de la aportación patronal a cien dólares para la cubierta del plan médico, aplicable a todos los servidores públicos.

“Tomando como ejemplo a un empleado público, cuyo seguro de salud tenga un costo mínimo de 400 dólares mensuales y a eso le restamos los 100 dólares de aportación patronal, éste tendría que asumir el gasto de 300 dólares mensuales, lo que se traduce a 3,600 menos en su sueldo anual. Por ende, este empleado no sólo tendrá menor ingreso, sino que en el peor de los casos, se quedará sin seguro médico”, expuso.

Añadió que “este presupuesto, acordado entre el gobernador y la Junta, está repleto de inconsistencias y evidencia un gran problema de prioridades invertidas. Mientras los jefes de agencia advierten sobre los servicios esenciales que se afectarán por los recortes, el presupuesto aumenta los recursos de Fortaleza, OGP, la Junta y hasta partidas adicionales para litigios de título 3. Esto sin mencionar la propuesta de crear un fondo de 100 millones para pagar despidos injustificados en la empresa privada”.

Para el político, “el ejecutivo y la legislatura tienen las facultades para resignar fondos y dirigirlos a atender verdaderas prioridades y así proteger los servicios esenciales. No lo han hecho. No tomar acción es poner los intereses de la Junta sobre las necesidades más básicas de la gente”.

Mientras, el representante Javier Aponte Dalmau dijo que “en este nuevo año fiscal comenzaremos a ver la implementación de los aumentos aprobados por este gobierno tales como: multas de tránsito, aumentos en los peajes, alzas en marbetes y licencias, además del alza en los servicios básicos de energía y agua, que no requieren de acción legislativa, ya que en la Ley 26 de 2017 en su artículo 4.02 faculta al gobierno a ajustar o aumentar cualquier cargo, derecho, tarifa, arancel, honorario, prima o cualquier ingreso de similar naturaleza con el fin de cumplir con las métricas dispuestas en el plan fiscal”.

Opinó que “si no se activa la economía, si no se refleja aumento en el consumo y si continúa la reducción de habitantes en la Isla, la única manera de que las partidas de ingresos por concepto de los servicios de agua y energía se mantenga o sea mayor, es aumentando las tarifas a los consumidores”.

En tanto, el representante Torres declaró que “actualmente existe un descuadre de 135 millones que nos estarán disponibles porque no aprobaron el Nuevo Modelo Contributivo. De igual forma, no habrá el supuesto ahorro de 300 millones que traería el Código de Incentivos, puesto que tampoco fue evaluado ni aprobado paralelamente con el presupuesto”.

“Estamos hablando de una diferencia marcada de 435 millones entre el presupuesto para el próximo año fiscal y el plan fiscal certificado, lo que implica que después de la aprobación irresponsable por parte de la Legislatura del PNP, el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal van a hacer lo mismo que hicieron con el presupuesto vigente: modificarán unilateralmente las partidas presupuestarias en julio, para cubrir este déficit tan marcado, lo que presupone la inminente posibilidad del despido de aproximadamente de 20 mil empleados públicos, si tomamos como ejemplo el salario anual promedio de un empleado gubernamental que oscila en los 21 mil dólares y que provocará además, la cancelación de servicios directos al pueblo”, indicó Torres Cruz.INS
lp