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San Juan, 19 jun (INS).- La Contraloría detectó más de dos millones de dólares en obras sin utilidad, tras una auditoría a las operaciones fiscales relacionadas con las obras de construcción y mejoras permanentes.
El informe revela que el municipio no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos de repavimentación de varias carreteras por dos millones, sino que enmendó y sumó dicha cantidad al contrato con la compañía que se había llevado la subasta original por cuatro millones.
Además, otorgó un contrato por 116,200 dólares para la adquisición de varias esculturas de bronce sin celebrar subasta pública y fraccionó 11 contratos y una enmienda de un total de 1.3 millones para evadir el procedimiento de subasta pública.
La auditoría señala que el municipio, a pesar de operar con déficit, pagó 2.1 millones en proyectos sin utilidad y que no han rendido beneficio para la ciudadanía.
La escultura El Cristo de la Montaña no se ha instalado, las piezas están deterioradas y abandonadas.
Mientras, las esculturas en bronce y piezas artísticas de la Plaza de la Puertorriqueñidad siguen almacenadas desde 2013 y se encuentran deterioradas y en desuso.
Igualmente, a pesar de la remodelación de la Biblioteca Municipal en 2016, la instalación aún no ha sido utilizada.
Las instalaciones de una pista de caballos de andadura que se construyó entre 2014 y 2016 no se ha utilizado y está abandonada.
“Nuestros auditores identificaron que se pagaron 37,120 dólares en la construcción de un pozo séptico y baños en el parque de béisbol del barrio Masas II. Sin embargo, estas obras ya estaban incluidas en el contrato original de 99,999 dólares por lo cual se realizó un pago adicional indebido contrario a ley y reglamentación”.
El Informe comenta que el municipio contrató en 2012 la construcción del parque de pelota del barrio Celada por seis millones, a una sociedad especial cuyo presidente se había declarado culpable por soborno en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La persona cedió su participación en la sociedad especial a un fideicomiso, pero mantenía interés en las ganancias generadas contrario a la Ley 458 de 2000, que prohíbe entre otras cosas, que ninguna entidad gubernamental contrate a personas convictas o culpables en los foros estatales o federales.
Además, el municipio de Gurabo pagó 65,000 dólares por acuerdo de las partes, tras una demanda de un empleado por discriminación política.
“Esta situación afectó los recursos del municipio, ya que tuvo que hacer un desembolso sin recibir servicio alguno”, establece la Contraloría.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.INS
lp