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Nueva York, 18 jun (INS).- Representantes de la junta de gobierno y de la Comisión para el Estudio del Estatus del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) depusieron hoy por quinto año consecutivo ante el Comité de Descolonización las Naciones Unidas (ONU).
La organización reclama que se atienda el derecho del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación y que de una vez la Asamblea General de la ONU reconozca y adopte el caso de la Isla en su agenda de trabajo.
En su ponencia ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU, la trabajadora social Lydael Vega Otero recordó cómo en la isla se vivía una funesta situación fiscal y un deterioro social mucho antes de los estragos de los recientes desastres naturales.
“Previo al embate de las huracanas Irma y María, casi la mitad de nuestra población ya vivía por debajo del umbral de la pobreza”, expreso la también segunda vicepresidenta del Colegio.
El tema de los estragos sociales que arrastra por años Puerto Rico los analizó ya el experto sobre deuda externa y derechos humanos de la misma ONU, Juan Pablo Bohoslavsky.
En su visita a Puerto Rico en octubre de 2017, Bohoslavsky reconoció que la crisis financiera y económica, la creciente deuda y las consiguientes medidas de austeridad, provocan un efecto negativo en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social.
No debe sorprender, expresó Vega Otero, “cómo este año el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en su informe sobre desarrollo humano sitúa a la isla en la quinta posición más alta en el mundo entre los países con mayor desigualdad social”.
Para el CPTSPR, la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal(JSF) sobre Puerto Rico es otro componente que pone en evidencia la condición colonial y agrava el estancamiento de la economía.
“Las medidas de austeridad impuestas por una Junta que goza de unos privilegios y salarios extravagantes, pagados por el pueblo, vienen a agudizar la pobreza, la desigualdad social y el deterioro de la calidad de vida”, añadió la vocera del Colegio en su alocución.
A su vez, criticó que se pretenda derogar la Ley 80, Ley Contra el Despido Involuntario, “vulnerando así los derechos y las protecciones de la clase trabajadora so color de beneficiar la economía. No es entonces accidental el hecho de que miles de residentes de Puerto Rico abandonen anualmente el país. La proyección, es que entre el 2017 y 2019, la isla perderá hasta el 14% de su población”.
En su discurso, la portavoz del Colegio recordó al Comité Especial de Descolonización, que la condición de Puerto Rico dista mucho de los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en la propia ONU en septiembre de 2015, en la cual se persigue “un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible”.INS
lp