P. Rico-Justicia presenta segunda demanda relacionada a medicamentos derivados de opiáceos en la Isla

San Juan, 11 jun (INS).- La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) de la agencia presentó una segunda demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan relacionada a los medicamentos derivados de opiáceos, esta vez en contra de distribuidores.
Las distribuidoras demandadas son Cardinal Health, Mc Kesson Corporation, Amerisource Bergen Drug, Cardinal Health PR 120, JM Blanco y Droguería Betances.
En la demanda se alega que distribuyeron y vendieron opiáceos sin llevar a cabo la debida diligencia requerida por ley para evitar el desvío de éstos hacia un mercado ilícito de medicamentos.
Además, se establece que los demandados tienen el deber bajo disposiciones estatales y federales en ejercer la diligencia debida para evitar el desvío y monitorear e informar, y rechazar órdenes sospechosas de sustancias controladas.
La Ley de Sustancias Controladas exige a los distribuidores, incluidos los demandados, que sean registrados por el Departamento de Salud para distribuir sustancias controladas en Puerto Rico.
También la ley estipula que dicho registro o licencia sea consistente con el interés público, lo que, a su vez, requiere que los distribuidores mantengan un control efectivo contra la desviación de determinadas sustancias controladas.
“Los puertorriqueños han sido introducidos a los opiáceos recetados a través de sus propias prescripciones y por medio de medicamentos recetados que se encuentran en botiquines en sus hogares. El abuso y la adicción sin precedentes a estas drogas han creado efectos adversos graves en Puerto Rico. Hoy, muchos puertorriqueños continúan sufriendo por el impacto de esta alarmante epidemia”, señaló Vázquez Garced.
Mientras, la secretaria auxiliar de la OAM, Denise Maldonado Rosa, consideró que “los distribuidores de medicamentos tienen varias responsabilidades con respecto a las órdenes sospechosas de opiáceos entre las que se encuentran: establecer un sistema diseñado para detectar dichos pedidos, detener el envío de cualquier orden sospechosa y éstas deben ser informadas a las autoridades pertinentes”.
En marzo pasado, el gobierno presentó una demanda en contra de Purdue Pharmaceuticals en relación a su responsabilidad en la manufactura y venta de los opiáceos y como su mercadeo engañoso ha ocasionado la epidemia que ahora arropa a los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Ahora, el gobierno se une otros estados que también han presentado pleitos legales contra los distribuidores como consecuencia de la alarmante epidemia de opiáceos.
El Departamento de Justicia continúa investigando si se deben presentar reclamos adicionales contra otros fabricantes y distribuidores de opiáceos.INS
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