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San Juan, 27 abr (INS).- El senador independiente José A. Vargas Vidot aseveró que el gobierno “continúa con un juego de palabras y contrasentidos” respecto a la Junta de Relaciones del Trabajo y un litigio que lleva más de 12 años en los tribunales de Puerto Rico.
“El 12 de marzo una persona llegó a mi oficina para informar sobre un caso legal estancado en procesos administrativos por años y que tiene génesis en la Junta de Relaciones del Trabajo a causa de un puesto vacante. La vacante en disputa es la de director/a de la División Legal. Lo curioso de este asunto es que la Junta no tiene personal asignado para dirigir el controvertible tema ante los tribunales del país”, acusó.
Ante la disyuntiva, el senador radicó una petición al Senado (SEN-2018-0039), en la que requirió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); a la Junta de Relaciones del Trabajo y a la oficina del gobernador de Puerto Rico, desde cuándo se encuentra vacante ese puesto y por qué ese vacío; y cómo tramitarán los casos de la Junta si se agotan todos los remedios administrativos.
La Junta respondió al senador que la vacante llevaba sin ser ocupada desde el 22 de junio de 2017. De igual modo, le acompañó otra explicación, en este caso, la de OGP, de por qué no terminan de aprobar la petición PP-2018-03861, radicada el 26 de junio de 2017 con la intención de ocupar la misma.
La respuesta de la Junta fue sobria y poco profunda: “Los casos que atiende la división legal de la Junta se encuentran detenidos”. No obstante, es meritorio recordar que la persona afectada al presente es una de cientos, sino miles de casos que se encuentran estancados en los tribunales puertorriqueños.
La OGP informó a la Junta que había “evaluado favorablemente” la petición sometida por este organismo y que el siguiente paso era preguntar a la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos de la Fortaleza por qué no se había otorgado la vacante.
Hubo inconformidad de parte del senador Vargas Vidot por la respuesta recibida. El personal de la oficina del senador se comunicó con la Junta para señalar que no se había aprobado la petición.
De igual manera, se comunicaron con los asesores legales de la OGP, donde resaltaron que una “evaluación favorable” no significa que esté aprobado un puesto. No obstante, el último cruce de palabras con la OGP fue que si aprueban la vacante, corresponderá designarlo la Oficina del Secretario de la Gobernación.
El mismo día en que se recibieron ambas respuestas (6 de abril), el senador Vargas Vidot radicó una petición de información (SEN-2018-0043), cuestionando a la Oficina del Secretario de la Gobernación si era parte de sus responsabilidades este tipo de nombramiento y si era así, por qué no se había encaminado.
El juego de palabras molestó al senador, llevando la voz de alerta a las sesiones del Senado el 9 y 12 de abril, lo que causó gran preocupación en el pleno y se expusieron a la luz las discrepancias que presentó la OGP al senador.
El 16 de abril, el senador recibió una respuesta de la Secretaria del Senado de parte del secretario de la Gobernación, informándole que la OGP es el ente encargado de nombrar los puestos de confianza en el gobierno, luego de ser autorizadas por el secretario de la Gobernación y el principal oficial de la Administración y Operación del Estado.
En efecto, el 23 de agosto de 2017, la OGP comunicó la autorización del puesto vacante en discusión al senador; pero el retraso de esta y de otras solicitudes se vieron afectadas por el paso de los huracanes Irma y María.
Por otro lado, el secretario de la Gobernación dejó al descubierto que la licenciada Norma W. Méndez Silvagnoli no informó de la situación a la Fortaleza y de los casos detenidos en los tribunales.
Ciertamente, lo correcto en los casos administrativos; de destaques o designaciones especiales, es que se asigne interinamente algún funcionario que dirija y opere la división legal. En ese sentido, Méndez tampoco ha explicado cómo ocupar un puesto en propiedad.
Ciertamente, señala Vargas Vidot, resulta adverso que la Junta, en una carta dirigida a la oficina del senador el 20 de marzo, señale que realizó acciones afirmativas para que se ocupara la vacante en cuestión.
“El 16 de abril de 2018, el secretario de la Gobernación no tenía conocimiento de la decisión consumada. Claramente, tanto de un lado de la versión presentada como del otro lado, existen versiones encontradas en las misivas”, argumenta el legislador.
Por último, la respuesta del secretario de la Gobernación no quiere reconocer abiertamente que la verdadera razón por la cual no se ha llenado la vacante es porque la actual administración espera que la asamblea legislativa dé paso al P. del C. 1404 que aprobaría la consolidación del Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del 2018.
Ante tal hipótesis, mientras no se vea este proyecto en sus méritos, cientos de personas tendrán que esperar a que se valide dicho fin.
“Es imperativo atender este asunto, que yo considero medular, cuando se trata de encontrar alguna razón justa ante la incapacidad del gobierno de manejarlo sabiamente. Me parece un acto bochornoso que personas de a pie no puedan ver encaminados sus casos ante los tribunales y, por consiguiente, no tengan la oportunidad de ocupar plazas vacantes a consecuencias de procesos administrativos sin visión e inacción”, recalcó.
Y remachó. “Es inaceptable dejar a la deriva no sólo a una persona viviendo sus días en una incertidumbre endémica, sino a cientos de puertorriqueños que hoy no encuentran respuestas en los tribunales de un país que está quebrado, desamparado e inseguro. Ante esta dura realidad, seguimos en la cultura del derroche con una Junta de Control Fiscal pisándonos los talones diariamente”. INS
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