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San Juan, 27 abr (INS).- La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, adjudicó a la falta de electricidad y las alcantarillas pluviales tapadas con escombros, desperdicios y sedimentos tras el impacto del huracán María, las causantes de que se inundaran en varias ocasiones las comunidades de San Juan mese después del fenónemo.
Esta negó hoy en una vista pública que las bombas de la agencia estuvieran fuera de servicio. No obstante, reconoció que tienen hasta 60 años y es necesario cambiarlas pues algunas bombas se quemaron, otras funcionan con generador y otras son bombas portátiles, pero el gasto es de decenas de millones, los cuales no tiene la agencia.
Dijo que tiene sobre 2,000 páginas de solicitudes a las diferentes agencias federales para obtener ayuda, pero la respuesta de estas no ha sido efectiva.
“Es preciso aclarar que este alcantarillado, al no encontrarse en una carretera estatal su jurisdicción, control y mantenimiento le competen al Municipio de San Juan”, dijo la funcionaria en cuanto al desbordamiento de aguas que afectaron la Barriada Figueroa, Santurce, Condado, Puerta de Tierra, Miramar, Ocean Park, Villa palmeras, Playita Shanghai y el Caño Martín Peña, según un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Cámara de Representantes.
Las expresiones fueron formuladas durante una vista pública en torno a la Resolución de la cámara 608, del presidente de la Comisión de Desarrollo de San Juan, el representante Eddie Charbonier Chinea, para investigar los hechos.
Charbonier Chinea exigió la comparecencia de la titular del DRNA, con el fin de aclarar la responsabilidad del Departamento en relación a las operaciones de las casas de bomba de la estación Baldorioty de Castro y el desbordamiento de las aguas en San Juan.
Charbonier pareció defenderse de versiones que apuntan a una posible candidatura a San Juan en 2020 y busca atraer el voto de los que eligieron a la actual alcaldesa Carmen Yulín Cruz, cuando en varias instancias dijo que no quería “apuntar” a nadie en particular (“finger point”) por lo ocurrido en San Juan. Una forma de buscar ese voto y congraciarse con ese electorado es imputarle a Recursos Naturales la negligencia del problema de las bombas.
Vázquez Rivera le tuvo que explicar que la Administración recibió el manejo de las casas bombas en enero de 2017 y que las mismas, con estructuras de 60 años, se encontraban deterioradas y reflejaban poco mantenimiento, por lo que aceleró opciones de mejoramiento y preparaciones para la temporada de huracanes que se avecinaba.
“El DRNA se encuentra activamente inmerso en la tarea para obtener fondos federales a través de FEMA para la reparación y optimización de las casas de bombas. Como cuestión de hecho, hasta la fecha se ha solicitado a FEMA la cantidad de $35 millones para mejoras no permanentes y medidas temporeras y más de $100 millones para rediseños, que serían distribuidos a través de las diferentes estaciones de todo Puerto Rico”, expuso la Secretaria.
La secretaria explicó que la operación y mantenimiento de las casas bombas fue heredada y conlleva una vigilancia continua de las mismas en momentos donde hay poco personal por el retiro de varios. Mencionó que hubo que contratar una compañía privada para el mantenimiento después del huracán María.
Charbonier insistió, sin embargo, en que hay “una responsabilidad compartida” con el municipio de San Juan, a pesar de las explicaciones de la secretaria de que no tiene jurisdicción sobre las calle municipales.
De hecho, la secretaria le mostró al representante del distrito 1 cartas enviadas al municipio en que se le advertía que debía limpiar alcantarillas antes de que se tapasen y se inundara el sector.
Aun así, Charbonier dijo que “de nada me vale que me expliquen que fue aquel o fue el otro, queremos que lo corrijan”.
“No es una cuestión de gobierno estatal o gobierno municipal (de San Juan), es una cuestión de un pueblo que se afecta”, agregó el representante.
Charbonier dijo que procurará mediante ley “que tienen que sentarse a comunicarse la gente, del estado y del municipio (de San Juan) porque es una responsabilidad compartida”.
Aunque Vázquez Rivera le explicó varias veces al representante la jurisdicción que le permite la ley, las acciones que realizó, la oferta al municipio para ayudarles en las tareas propias de este, y que no obtuvo respuesta del municipio de San Juan, Charbonier insistió más adelante que “yo no puedo pensar que porque yo sea secretario de una agencia y hay un alcalde… eh, el alcalde que sea, y su responsabilidad sea manejar las aguas… eventualmente hay una responsabilidad compartida”.
Charbonier le pidió a la secretaria de Recursos Naturales las miles de página de sus gestiones para buscar fondos federales, todas las gestiones locales, los planes correctivos con EPA y las comunicaciones con la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz.
La secretaria también le aclaró que ha solicitado hasta $39 millones para el uso de las bombas, pero el presupuesto solo otorgó $1.9 millones.
Para el representante, debe ser la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o los municipios los que manejen el sistema de bombas que eviten inundaciones. INS