Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 25 de abril de 2018
P. Rico-Grupos civiles y sindicales impugnan la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal
San Juan, 25 abr (INS).- Un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y sindicales presentaron una demanda en el tribunal federal en la que impugnan la constitucionalidad de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSAF) y la Ley Promesa que la impuso a Puerto Rico.
Los demandantes piden al tribunal federal de distrito en Puerto Rico que declare “ilegal, nula e inconstitucional” la imposición de la JSAF a Puerto Rico porque viola la Declaración de Independencia y la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; así como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Ciudadanos, jubilados, bonistas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y de maestros forman el grupo de demandantes, convencidos de que la actuación del Congreso es injusta, anacrónica y contraproducente a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestaron en una rueda de prensa.
La demanda, presentada este lunes, está encabezada por el abogado René Pinto Lugo y los representan los abogados Roberto Maldonado Nieves y Reynaldo Pérez.
“El grupo coincide en que los poderes conferidos a la Junta despojan al Pueblo Puerto Rico de unos derechos humanos y civiles y de la oportunidad de gobernarse dentro del marco de una sociedad democrática. La ley Promesa inhabilita el gobierno propio de Puerto Rico y constituye una imposición sobre su estructura social, política y económica”, expresó Maldonado.
Por ser Promesa una ley del Congreso, puede ser cuestionada ante los tribunales federales y allí disputar su legalidad y constitucionalidad, argumentaron.
Entre las alegaciones de la demanda plantean que al imponer la JSAF a Puerto Rico bajo los poderes de Promesa, el Congreso y la Junta privaron al pueblo puertorriqueño y los demandantes de su derecho a la auto determinación y otros derechos bajo los mencionados decretos.
Promesa se basa en el artículo IV, sección 3 de la Constitución, pero Estados Unidos renunció a ejercer autoridad colonial sobre Puerto Rico y a adoptar reglamentos sobre la isla basados en dicha cláusula constitucional al unirse a la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y los otros tratados.
Por lo tanto, la demanda argumenta que “la creación de JSAF y su imposición sobre Puerto Rico por el Congreso es nula e inválida y conforme a ello debe ser declarada inconstitucional, tal como cualquiera y todos los actos de la JSAF, y los procedimientos bajo Promesa deben detenerse”.
Sostienen que la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho universal de los pueblos a su auto determinación y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
Para aquellos países miembros con responsabilidad de administrar territorios que no han logrado auto gobierno, reconoce el principio y obligación de proveer el bienestar de sus habitantes y ayudar en el desarrollo de su auto gobierno conforme las aspiraciones de sus pueblos.
La demanda también solicita que se remueva a los miembros de la JSAF José Ramón González y Carlos García debido a sus conflictos de interés; que deje sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta tanto se haga una auditoría forense independiente.
También solicita que se prohíba al gobierno de Puerto Rico disponer de la totalidad o parte de la Autoridad de Energía Eléctrica; e incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte de esta demanda para que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales por la deuda pública de Puerto Rico.
Los demandantes exponen que son representativos de los residentes de Puerto Rico y entidades afectadas directamente por la ley Promesa, especialmente tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, “y la manera en que el Gobierno de Puerto Rico mal manejó la crisis socioeconómica y de salud que surgió después”.
La demanda está dirigida contra el gobierno de Estados Unidos, la Junta y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su capacidad oficial.
En cuanto a los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico, solicita que la auditoría forense independiente determine cuáles personas o entidades fueron responsables de la venta ilegal de bonos para que respondan por dicha responsabilidad.
Asimismo, pide se reconozca el derecho de los demandantes y el pueblo a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la Autoridad de Energía Eléctrica, que considera un servicio esencial y un recurso natural más importante, aparte del recurso agua.
La petición para incluir al gobierno de Estados Unidos en este caso busca que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales de la deuda pública de Puerto Rico y por la ilegalidad e inconstitucionalidad de la imposición de la Junta sobre los demandantes, Puerto Rico y sus residentes.
El caso tiene el epígrafe: “René Pinto Lugo, et al, vs. The government of the United States of America, (USA); Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the FOMB); and Ricardo Rosselló Nevares in his official capacity”.
Los demandantes son René Pinto Lugo, Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (Vamos), Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (Ueogaep), Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (Uitice), Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA).
Además de Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos (Ueocra), Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV), Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI), Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ajaee). INS
P. Rico-Las alianzas público-privadas llegarán con las Navidades
San Juan, 25 abre (INS).- A fin de año, en coincidencia con la época navideña, podrían ver las primeras concesiones de alianzas público-privadas (APP), surgió ayer durante una vista pública de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público-Privadas, que preside el senador Larry Seilhamer Rodríguez y co-preside el representante Víctor Parés.
La información fue divulgada por el director ejecutivo de la Autoridad para las APP, Omar Marrero Díaz.
Los proyectos más adelantados son el sistema de ferries en la ruta entre Ceiba, Vieques y Culebra, y para el transporte marítimo entre San Juan y Cataño, el Proyecto de Vida Estudiantil en Mayagüez y el de reemplazo de contadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladlos (AAA).
“El proyecto del Sistema de Ferries consiste en la operación, administración mejoras y financiamiento para los servicios de transporte marítimo. Además, la facilidad de mantenimiento localizada en Isla grande, San Juan y la transferencia de las operaciones existentes en el municipio de Fajardo a la nueva ruta entre la Antigua Estación Naval Roosevelt Roads en Ceiba y los municipios de Vieques y Culebra”, sostuvo el funcionario.
Al indagar el senador Seilhamer Rodríguez sobre las fechas posibles en la que podría estar lista la concesión y operación de este proyecto, Marrero aseguró que para diciembre de este año.
“El gobierno de Puerto Rico enfrenta una difícil situación fiscal por lo que las APP es la única alternativa que tenemos para financiar proyectos de infraestructura”, confirmó senador, quien es el vicepresidente del Senado.
Del mismo modo, Marrero Díaz añadió que el Proyecto de Vida Estudiantil en Mayagüez se trata del diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento- por un ente privado- de un edificio de vivienda multifuncional para estudiantes, espacio comercial y estacionamientos por un término de 30 años.
“Esto es una iniciativa en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, para transformar y renovar las facilidades del Recinto y atender las necesidades de los estudiantes y de la vida en el campus. Para este proyecto ya se completó el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia, y la concesión y cierre están pautados para el último trimestre de este año”.
También trascendió en la vista pública que otro de los proyectos prioritarios en desarrollo para este año es el de reemplazo de contadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por contadores avanzados para reducir la pérdida de agua potable que no genera ingresos a la corporación.
“Esto aumentará la eficiencia operacional y los ingresos de operaciones mediante incorporación de tecnologías avanzadas e innovación para optimizar sus prácticas y servicios”, expresó el director ejecutivo de la AAPP quien añadió que la concesión y cierre de este proyecto podría ser de manera conservadora para el primer trimestre de 2019, aunque esperan sea antes.
En la audiencia se mencionaron otros proyectos de propuestas no solicitadas, es decir, aquellas sometidas a la Autoridad por un proponente privado.
Actualmente hay siete propuestas bajo la evaluación de la agencia. Entre estas las que han sido consideradas de beneficio público son el Centro de Entrenamiento en Seguridad Pública, que es una iniciativa privada para fortalecer la oferta de educación especializada para los cuerpos de seguridad pública y los Puertos Marítimos que consiste en la modernización, expansión y operación de los puertos turísticos en la Bahía de San Juan, entre otros.
“La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas continuará dando seguimiento sobre los planes y proyectos a concretarse. Tenemos mucho interés en que bajo este mecanismo, que está probado que funciona no solo en Puerto Rico sino en muchos otros lugares del mundo, se puedan realizar obras de beneficio para el pueblo”, indicó Seilhamer Rodríguez. INS
P. Rico-No va el cierre de escuelas en San Juan, decide legislatura municipal al que se unió el voto del PNP y el PIP
San Juan, 25 abr (INS).- Sin votos en contra y con apoyo tripartita la Legislatura Municipal de San Juan aprobó una resolución de rechazo al anunciado cierre de escuelas informado por la secretaria de educación, Julia Keleher, particularmente en la región educativa de San Juan.
“Las acciones unilaterales y poco participativas de política pública respecto al cierre de escuelas representan un atropello en contra de miles de estudiantes, padres y comunidades escolares. Esta Asamblea Municipal promueve el desarrollo de un ambiente educativo y social dirigido al aprovechamiento máximo del estudiantado de todo Puerto Rico y la transformación de nuestro sistema educativo en uno participativo e inclusivo que tome en consideración las particularidades de las comunidades donde están ubicados los planteles”, expresó Marco Antonio Rigau, presidente de la legislatura sanjuanera.
La pieza legislativa indica que esta determinación “podría poner en peligro el derecho a la educación que garantiza la Constitución de Puerto Rico; el acceso a educación pública gratuita y apropiada que garantiza la ley 51-1996 y la ley IDEA; el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano a su casa; disminuye sustancialmente la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes; incrementa la posibilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones; reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes; podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes; aumento en la deserción escolar e implicaría una crasa violación a la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase”.
Agregó que se reconoce “la disminución del número de estudiantes del Sistema Público del país, pero esta decisión debe ser una que se tome en consenso con la comunidad escolar, así como con las autoridades pertinentes”.
La Resolución es cónsona con la posición de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien se ha opuesto al cierre de las escuelas en San Juan y en todo Puerto Rico. INS
P. Rico-Alcaldes de cuatro municipios presentan modelo para integrar oficinas administrativas y de servicios
San Juan, 25 abr (INS).- Los alcaldes de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas presentaron ayer los resultados de un modelo de gobernanza para la integración de servicios municipales que ya lleva un año en funciones con resultados positivos.
El concepto que se originó como Oficina Regional de Permisos, se transformará en la Alianza de Servicios CCVS (aplicando las siglas de los cuatro municipios Coamo, Cayey, Villalba y Salinas.
“Nosotros hemos llevado el concepto de consorcios a un nivel superior y estamos trayendo a la discusión pública la alternativa que nosotros cuatro ideamos para servirle mejor a la ciudadanía, integrar servicios y ahorrarle dinero al contribuyente. Esta no es una teoría, este es un modelo que funciona”, aseguró el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla
Originalmente, CCVS se inició para trabajar permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), trámites relacionados a cambio de dueño de propiedades, segregaciones, permisos de construcción por ley de certificación o convencionales, así como autorizaciones de construcción, cierre de calles y permisos para la instalación, ubicación y exhibición de rótulos y anuncios, entre otros servicios.
“Con este concepto fomentamos la descentralización gubernamental de la que tanto se ha hablado. Aquí lo estamos haciendo realidad. Comenzamos con la administración de los permisos y estamos listos para integrar muchas otras oficinas, como la de recursos humanos, cobro de servicios y compras, para darles un ejemplo. Puerto Rico necesita modelos a seguir y este es uno innovador”, añadió el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez.
Mientras, el alcalde de Salinas, Luis Javier Hernández Ortiz, comentó que “en momentos donde se habla de crisis, de recortar, eliminar, nuestra Alianza de Servicios CCVS está aunando esfuerzos y sirviendo al ciudadano a menor costo, pues ahorramos tiempo y recursos”.
Con relación a otras propuestas que se han mencionado públicamente sobre la eliminación de municipios para economizar fondos públicos, el alcalde de Cayey, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, aseguró que “podemos mirar distintos modelos de gobernanza desde la óptica de la teoría.
Nosotros respetamos eso, pero responsablemente hemos trabajado todo este pasado año para probarnos y probarle al País que la Alianza de Servicios CCVS funciona y es un modelo. Nosotros estamos en el mejor ánimo de ayudar a los alcaldes que interesen a que inicien su propio proceso de integración”.
Añadió que “cada persona es un mundo y cada municipio también, la cosa no es tan simple como decir que eliminando municipios mejoramos, por mi parte eso está descartado porque no hace falta y hoy presentamos la prueba”.
Al momento, se han sometido 520 casos de permisos en el pasado año en los cuatro municipios, donde el 32% de los permisos otorgados fueron solicitados por ciudadanos residentes en Cayey (171 casos) y 24% por ciudadanos de Salinas (128 casos).
En el caso de Coamo tiene 24% de los casos con 126 radicaciones y el restante 20% corresponde a Villalba con 103 casos.
Los ciudadanos han sido atendidos en casos de planos de inscripción, rectificación de cabida, autorización de servicios, permisos de construcción, permisos de demolición, permiso de urbanización, de instalación de rótulos, variación a lotificación, consultas de construcción y determinación ambiental. INS
P. Rico-Pesquera convoca públicamente a reunión a portavoces de manifestación del 1 de Mayo luego de que no tuvieran éxito gestiones de DSP para contactarse con líderes
San Juan, 25 abr (INS).- El secretario de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, y el comisionado interino del Negociado de la Policía del DSP, Henry Escalera, convocaron ayer a una reunión a los diferentes portavoces y líderes que promueven la manifestación para el próximo 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador.
La reunión busca promover canales de comunicación adecuados para que se ejerza el derecho a la libertad de expresión velando por la seguridad.
“La invitación que le extendemos a todos los líderes y portavoces de los diversos grupos que han convocado a que las personas se unan a la manifestación del 1 de Mayo tiene la intención de fomentar el diálogo para llegar a acuerdos para hacer valer el derecho a la libre expresión, pero también para que se garantice la seguridad de todos”, manifestó el secretario del DSP.
En tanto, Escalera dijo que “en manifestaciones y protestas programadas, el Negociado de la Policía realiza un acercamiento con los respectivos líderes para establecer los parámetros de dicha protesta y delimitar la intervención policíaca salvaguardando los derechos civiles de los ciudadanos”.
La invitación la realizaron Pesquera y Escalera en una conferencia de prensa en el cuartel general en Hato Rey, luego de que el Negociado intentara establecer sin éxito comunicación con varios líderes y portavoces que públicamente han invitado a la manifestación.
“De la misma forma que se realiza un plan de trabajo para el tránsito de ese día, es imperativo contar con el insumo de los organizadores de la manifestación para elaborar un plan que cubra otros aspectos del evento”, destacó Pesquera.
El comandante de área de San Juan, el teniente coronel Juan Cáceres, será la persona contacto con los diferentes gremios y organizaciones participantes. INS
EEUU-Gobernador presenta en Orlando iniciativa Poder, un esfuerzo cívico no partidista que busca activar a la comunidad boricua para las elecciones estadounidenses
Orlando, 25 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó ayer la iniciativa Poder Puerto Rico, que busca movilizar a los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos para que se inserten en los procesos electorales del lugar donde residen.
Poder es una organización cívica no partidista centrada en el registro de votantes y la participación política de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, quienes tienen la capacidad de participar plenamente en las elecciones y de convertirse en agentes de cambio para la Isla.
La organización promoverá la inscripción de votantes en la página cibernética www.poderpuertorico.org.
“Necesitamos resaltar el poder político de los puertorriqueños, de manera que podamos comenzar a presionar sobre los temas que más nos importan: calidad de vida y soluciones reales a los problemas”, dijo Rosselló Nevares.
Agregó que “los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos y privilegios que cualquier persona en este país. Hemos sido ciudadanos de segunda clase durante demasiado tiempo y ya no podemos aceptar el statu quo”.
Recordó que “a siete meses del huracán María y la devastación subsiguiente, aprendimos quién estaba dispuesto a apoyarnos y quién no”.
A su vez, consignó que “con las próximas elecciones de mitad de término para 2018 a la vuelta de la esquina, queremos ejercer plenamente la influencia que podemos tener. Si podemos organizarnos, tenemos el poder de responsabilizar a aquellos líderes ante sus electores puertorriqueños”.
El mandatario hizo un llamado “a que todo puertorriqueño se active electoralmente en los Estados Unidos, no importa el partido político con que simpatice o que no pertenezca a algún partido político. El objetivo es que cada uno de los puertorriqueños residentes dentro y fuera de la Isla sirvamos como portavoces de las causas que beneficien a Puerto Rico”.
El primer ejecutivo estuvo acompañado de Luis Figueroa, quien presidirá Poder, y el licenciado Erinaldy Agosto, quien es parte de la organización cívica.
El gobernador, como miembro de la organización, ayudará a llevar el mensaje de participación electoral alrededor de EEUU.
“Poder buscará incrementar la participación electoral de la comunidad puertorriqueña en Florida. En la actualidad, se estima que hay 32.6 por ciento o un total de 340,000 de puertorriqueños hábiles para votar que no están registrados”, sentenció Figueroa, líder cívico reconocido en la ciudad de Orlando.
Mientras, Agosto destacó que existe un “enorme potencial” de incrementar la participación electoral de puertorriqueños que residen en los estados desde hace años y otros que recién se mudaron tras el embate del huracán María en la Isla.
“Poder buscará establecer alianzas con organizaciones comunitarias y cívicas para promover la inscripción electoral de los puertorriqueños en estados como Florida, Texas, Nueva Jersey, Nueva York, entre otros. Una comunidad organizada es mucho más efectiva a la hora de demandar atención al liderato político”, sentenció Agosto, residente en San Antonio, Texas.
Poder Puerto Rico fue lanzado en las instalaciones del Campus Orlando Metro del Sistema Universitario Ana G. Méndez, ante un auditorio repleto. INS
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