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San Juan, 22 abr (INS).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis Vega Ramos, José “Conny” Varela, y Luis Ortiz Lugo hicieron un llamado hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que convoque a un frente común contra la Junta de Control Fiscal, y reclamar al Congreso federal “un proceso vinculante de autodeterminación que no nos divida”.
Señalaron que “el principal activo de un país, de un Estado de la Unión o de cualquier tipo de jurisdicción es la estabilidad política. El ambiente negativo y de falta de resultados que ha traído la Junta de Control Fiscal se distancia de las metas que se aspiraban alcanzar cuando hace casi dos años se aprobó la Ley Promesa”.
Añadieron que “la Junta se creó para restablecer el acceso a los mercados de capital, establecer un marco legal para poder reestructurar la deuda y comunicar la realidad de las finanzas en un proceso transparente donde se rendiría cuentas mediante informes trimestrales de ingresos, gastos y flujo de caja del aparato gubernamental. Aspiración hasta ahora malograda”.
En conferencia de prensa en el Capitolio, los representantes hicieron un desglose de varios incumplimientos de la Junta de Control Fiscal con los cuales se aspiraba al momento de la aprobación de Promesa:
Una de las mayores críticas al gobierno puertorriqueño en el proceso de aprobación de la ley Promesa era el reclamo de los estados financieros AF2014. La Junta llegó en el 2016: ¿Dónde están los estados financieros del 2015 y 2016? ¿Cuál fue el resultados del año fiscal 2017 y de los sobre casi 10 meses de 2018? ¿Qué ha hecho la Junta para que documentos tan importantes estén disponibles?
La Junta está obligada a publicar las inconsistencias de los presupuestos certificados, ¿cuáles son los actuales? ¿Se le notificó al gobernador, a la legislatura, al pueblo?
Si la Junta es el intermediario entre los gobiernos de Puerto Rico y de EEUU, ¿qué gestión realizó para apoyar a la necesitad después del paso de los huracanes Irma y María? ¿Qué acciones tomó para respaldar la solicitud de fondos para la recuperación? ¿Qué ha hecho para que el Tesoro nos desembolse el préstamo para mitigar la pérdida de recaudos tras el paso de los huracanes?
La Junta tiene un plan trazado para cumplir con su mandato de ley. ¿Dónde está el informe anual con los logros alcanzados? ¿Cuánto gastó para lograrlo? Hoy son más las preguntas que las respuestas y el resultado hasta ahora ha sido uno fallido.
“La imposición de Promesa, acompañada de la falta de consentimiento de los electores de Puerto Rico, representa un atentado contra los principios de gobierno por consentimiento. Además, violenta los más básicos principios democráticos que irónicamente dieron origen a los Estados Unidos, y que son utilizados por el gobierno Federal para condenar e intervenir en otros países”, apuntaron.
A su entender, “tenemos que dejar a un lado nuestras diferencia ideológicas y exigir unidos al Congreso federal simultáneamente un proceso vinculante de autodeterminación”, sentenció Hernández Montañez.
“A casi dos años de su aprobación, la Junta de Supervisión Fiscal no sólo ha materializado el carácter antidemocrático que habíamos anticipado, sino que también ha dramatizado el fracaso en el deber ministerial para la que fue creada: lograr la pronta recuperación de Puerto Rico”, sostuvo el legislador.
Agregó que “es inaceptable que la implementación de Promesa le cueste a las arcas gubernamentales sobre 60 millones de dólares anuales, mientras pretende imponer condiciones que van en detrimento de la calidad de vida de los puertorriqueños. Como si esto fuera poco, no ha adelantado un paso hacia la recuperación y rehabilitación fiscal de Puerto Rico”.
Mientras, Varela hizo un emplazamiento “al gobernador, a la mayoría de Partido Nuevo Progresista (PNP), la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a los alcaldes de ambos partidos, organizaciones comerciales, gremios, líderes eclesiásticos y al pueblo en general a respaldar la Resolución Concurrente 71 presentada en la Cámara expresando el total y absoluto rechazo de la asamblea legislativa a la aprobación e implementación de la ley Promesa”.
“La verdad incuestionable es que Promesa, lejos de atender la situación fiscal que estaba llamada a resolver, la ha incrementado, afectando la calidad de vida de los puertorriqueños. Por tal razón, esperamos que el gobernador respalde esta resolución en la que exigimos la derogación de Promesa”, añadió.
Varela planteó “su sustitución por un mecanismo efectivo, transparente y sin intermediarios con el gobierno de Puerto Rico, que atienda con premura y prioridad la situación fiscal, económica, social y política de nuestra isla y que contenga un marco legal que permita la reestructuración de la deuda”. INS
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