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San Juan, 11 abr (INS).- La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, le solicitó al gobernador Ricardo Rosselló que vete el Proyecto del Senado 420 “porque atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos que viven en Puerto Rico” al determinar la eliminación de esa dependencia.
“El proyecto es lesivo no solo para la CDC, sino que es un atentado contra los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico. La autonomía que reclama la Comisión es un requisito que emana de los Principios de París, endosados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para organismos nacionales creados para proteger los derechos humanos”, indicó.
La presidenta de la CDC le solicita en una misiva al primer ejecutivo que vete la medida, pues el proyecto despojaría a la entidad “de la autonomía que requiere para llevar a cabo sus funciones”.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 5 de abril.
Según la otrora Jueza Superior, desde que se aprobó la Ley 102 de 28 de junio de 1965, la CDC ha sido un foro autónomo del gobierno y ha cumplido la función de orientar y educar sobre los derechos humanos.
“También ha llevado a cabo estudios e investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos y estos han generado legislación protectora y han sido citados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”, indicó la funcionaria.
Asimismo, aseguró que la medida no tiene que ver con la reducción de gasto público como aduce la misma en su exposición de motivos, pues el presupuesto de la CDC es de menos de un millón de dólares.
“Esta acción pretende acallar la defensa que hace la CDC de los grupos más vulnerables como los estudiantes de educación especial, comunidad LGBTT, personas privadas de libertad y personas sin hogar, entre otros. La Comisión ha recibido el respeto de múltiples administraciones gubernamentales previas, sin que se hayan afectado sus funciones ni su independencia”, abundó.
Subrayó Candal Segurola que “por estas razones resulta incomprensible que la CDC sea la única entidad adscrita a la Rama Legislativa incluida en la medida aprobada. Esta selección y particularización de la CDC resulta muy irregular”.
Finalmente, alertó al gobernador sobre una serie de investigaciones que la Comisión está llevando a cabo que se verían afectadas por las medidas de austeridad implementadas por el gobierno.
Copia de la carta enviada al gobernador fue compartida con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Comité de Derechos Humanos de la ONU y el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Además recibieron copia el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (Riood). INS
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