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Por Obed Betancourt
San Juan, 5 abr (INS).- La controversia por el plan fiscal que el gobierno entregó a las 5:00 de esta tarde a la junta de control fiscal ya está servida sobre la mesa, pues el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su equipo económico no atendieron algunos de los requerimientos que le hiciera el organismo al pasado y devuelto plan.
El primer mandatario, al dar a conocer a la prensa en la tarde los lineamientos generales del plan reelaborado, insistió en que muchas de las exigencias que le hiciera la junta para poder certificarle un nuevo plan, eran de política pública, “más que de números”.
Rosselló Nevares reclamó de la junta que le den los números, y ya el gobierno se encargará entonces de ver donde hacer los recortes necesarios sin que se vea tan afectado el pueblo.
“Nuestra petición es pongan los números, ese es su trabajo, y nosotros vemos como lo hacemos. No es ellos poner los números y decir también dónde” se recorta, afirmó.
El nivel “sorpresivo” de micro gerencia de la junta llegó al punto en que la junta, dijo el gobernador, recomendó que solo transitaran por las calles vehículos con ciertas tablillas y así evitar los tapones. La medida movió al gobernador, así como a Christian Sobrino y Gerardo Portela, presentes en la mesa redonda, a la risa mientras explicaba y criticaba lo que era inmiscuirse en la política pública del gobierno.
No todos los 48 puntos detectados por la junta del antiguo plan fiscal podían ser objeto de revisión porque la gran cantidad de estos se inmiscuían en la elaboración de la política pública, aseguró Rosselló Nevares.
Sin embargo, el asunto nuevo que trae el primer ejecutivo es que su gobierno no tiene que hacer nada en ese aspecto, sino que la junta estaría obligada a actuar si quiere promover sus recomendaciones.
“La movida sería de la junta”, es decir, que el gobierno no tiene que ir acudir a los tribunales). Serían ellos. Esa parte no la vamos a ejecutar”, aseguró sobre las recomendaciones de la junta sobre política pública.
Sin embargo, no está del todo claro a dónde puede acudir la junta, si a la corte de quiebras que maneja el caso de la isla o a los tribunales, el gobernador le recordó a la junta que tratar de empujar sus recomendaciones más allá de los poderes que la propia ley federal Promesa le otorga, primero dilata todo el proceso de implantación de plan, y segundo obstaculiza que la isla pueda acudir y terminar en el menor tiempo posible el titulo III de la ley.
“No trabajamos los asuntos de política pública” en el plan, dijo al inicio de la mesa redonda con la prensa y con ese demuestra el compromiso “de hacer los cambios” que le solicitó la junta, pero sin someterse a los excesos de poderes que se atribuye.
El presupuesto enfrenta $1,500 millones en recortes, según las exigencias, mientras que apenas, aseguró, hay unos 100 millones “de diferencia” entre lo que se exige y lo que se propone.
“Se ha adelantado muchísimo”, afirmó, visto el tamaño del gobierno y lo que se ha pedido.
En la carta del gobernador que acompaña al plan, le indicó a la junta además la necesidad de aprobar el plan que “nosotros nos vamos a sostener en nuestra posición”, sobre no permitir la intromisión de ese cuerpo patógeno en el diseño de la política pública gubernamental.
En la carta establece la importancia de certificar rápidamente el plan fiscal en la reestructuración de la deuda y entrar a título iii “más fuerte”, pero si decidiera la junta de control fiscal “irse por encima de los poderes que le da la ley y certifica un plan que no se pueda ejecutar” se obstaculiza el proceso hacia el título iii.
Rosselló Nevares insistió en que ya no habrá reforma laboral que le reste más beneficios a los trabajadores y que “la prioridad del gobierno es el bienestar del pueblo de Puerto Rico, y así le pedimos a la junta que también sea esa su prioridad”.
De los 48 puntos que detectó el gobierno que fueron controvertidos por la junta en el plan fiscal original, había de asuntos de política pública, estructurales, económicos y técnicos.
Unos 13 de los 48 puntos tenían que ver con asuntos de la base económica y estos fueron atendidos, como el porcentaje de “disaster recovery”, que fue ajustado de 12.5% a 12%, ajustes en los fondos CDBG, “que están retrasados”, los seguros privados, de 21,000 millones se ajustó a 15,800 millones.
Los “baselines” de inflación, crecimiento y otros también fueron ajustados. Igualmente hay programas como el Income Tax Credit (que puede ser entre $300 y $1,800) que fueron recalendarizados, y otros.
El gobernador espera un crecimiento negativo de 12% en el año fiscal 2018, luego un crecimiento de 2019 a 2023 de 6.7% (2019) de decrecimiento hasta un .6% de crecimiento en 2023. Esto es, 2019 – 6.7%; 2020 – 3.0; 2021 – 2.0; 2022 – 1.2; 2023 – 0.6%. INS
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