Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 5 de abril de 2018
P. Rico-Endurece la estrategia el gobierno ante la Junta de Control Fiscal y ahora no descarta nada
San Juan, 5 abril (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares intentó explicar ayer que las estrategias de su administración no son “un frente contra la junta” (de control fiscal), sino “a favor de defender a Puerto Rico”, minutos después de que el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz diera paso a la aprobación de una resolución concurrente que le ordena al Departamento de Hacienda no desembolsar fondos para esa entidad.
Al final de una conferencia de prensa ayer, sin embargo, el gobernador ya no descartaba nada para enfrentar a la junta.
La Junta de Supervisión Fiscal (llamada comúnmente Junta de Control Fiscal) es un organismo extra constitucional adosado por el Congreso al Estado Libre Asociado para que se encargue de supervisar las finanzas públicas, certificar los planes fiscales y hacer recomendaciones, así como actuar a nombre del gobierno en las negociaciones con los bonistas de la deuda pública.
Sin embargo, el gobierno denuncia, luego de que sus planes fiscales fueran rechazados por la JCF, que esta se extralimita en sus poderes y pretende establecer la política pública de gobierno, lo que no está contemplado en la ley federal que crea ese organismo parasitario de las finanzas estatales.
Ante el choque por jurisdicción, que ya involucra al creador de la medida, el representante Rob Bishop, quien apoya la Junta, el Senado aprobó ayer de manera unánime la Resolución Concurrente 215 “para que durante el año fiscal en curso y los próximos dos el Departamento de Hacienda no realice los desembolsos por concepto de pagos, salarios, gastos operacionales y/o contratación de servicios destinados a la Junta”. La medida fue introducida por el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.
Rivera Schatz sostuvo que con la aprobación de la pieza legislativa el Senado cumple su deber ministerial de velar por los intereses de Puerto Rico. Sin embargo, anticipando posibles críticas y de que sea un ejercicio “fútil”, el dirigente senatorial argumentó que la “responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros y no depende de la opinión de la acción o inacción de otros”.
“Lo cardinal es el mensaje que queremos enviar desde aquí para que claramente entiendan que no nos doblegamos, respondemos a la gente que nos eligió y defendemos a los ciudadanos puertorriqueños y a los ciudadanos americanos que viven en la Isla. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso y la propia Casa Blanca, en ocasiones movidos por reclamos y por defensas que han hecho sectores de la población, han cambiado su curso de acción y han recapacitado.”, comentó al defender la medida.
La estrategia, sin embargo, aunque difiere por su frontalidad con la estrategia del gobernador, no fue descartada por este durante la conferencia de prensa que sostuvo en el Capitolio junto a los dirigentes legislativos y legisladores. Todos estos mantuvieron minutos antes una reunión en la que Rosselló Nevares les informó sobre el nuevo plan fiscal que someterá mañana jueves a la JCF.
Sobre la controversial resolución, el gobernador indicó que respeta la facultad de la asamblea legislativa “para expresarse y para establecer sus puntos de vista y su visión”. Más adelante, a medida que la prensa insistía en que Rosselló Nevares se posicionara en torno a la Resolución, el gobernador fue explicando que “su enfoque” es que la JCF “no usurpe los poderes” del territorio de Puerto Rico, y que no les corresponde en ley.
“No tenemos que hacer mas nada en este momento. Lo que tenemos que hacer es dejarle saber a la Junta de Supervisión Fiscal, que no tienen esos poderes”, afirmó.
Aunque insistió en que “en este momento” ese es el enfoque, “de cara al futuro”, dijo al final de cuentas, no descarta ninguna estrategia, que incluye la de no otorgarle los fondos para las operaciones de la JCF.
Ante preguntas sobre si hay miedo a que la JCF, por esta controversia, levante el Título III, el gobernador se mostró impaciente. “¿Por qué aquí vamos a tener miedo?”, dijo, si se está defendiendo la democracia, la dignidad. “El que tenga miedo que se vaya para su casa”, agregó. Indicó que “estamos en el lado correcto en principio y en el lado correcto de la ley”, aseguró. “No hay nada de miedo, sí hay consecuencias”, dejó ver. Este exhortó a los miembros de la junta a que recapaciten y no certifiquen un plan “que saben” que no se ejecutará.
Para Rosselló Nevares, las exigencias de política pública de la junta, “y que no van a ir a ningún lado”, van a retrasar el proceso. Son un “gran obstáculo” puesto que no es un plan “certificable y ejecutable”.
“Se trata de imponer con poder bruto una serie de medidas de política pública que no van a pasar”, ni por la Asamblea Legislativa ni La Fortaleza. La Mansión Ejecutiva contó 48 exigencias, las de índole fiscal se han considerado, no así las de política pública que ya se habían discutido con la junta y no se habían aceptado.
Minutos antes, Rivera Schatz había denunciado en el pleno del hemiciclo senatorial que “si hay alguien que defienda la Junta lo exhorto a que nos diga si el sueño americano y si los principios de libertad y democracia que inspiraron la creación de la nación norteamericana aceptan como bueno que la directora ejecutiva de la JSF gane $650 mil con todos los beneficios de lujo posibles y que viva a expensa del pueblo de Puerto Rico mientras se pretende eliminar un bono (de Navidad) al trabajador de la empresa privada o del gobierno. También, reducir su jornada o eliminarle sus vacaciones. Que se atente contra los servicios médicos, de educación y de vivienda del pueblo puertorriqueño. Si alguien puede defender los sueldos y el gasto en contrato de consultores y miembros de la Junta radicaran tarde sus informes financieros y éticos”.
Sobre el nuevo plan fiscal a someterse mañana ante la JCF, el gobernador reiteró su política pública de reforma educativa, nuevo modelo contributivo, eliminación de los obstáculos burocráticos para hacer negocios, evaluar los resultados de los créditos contributivos a las empresas, reforma estructural energética y de un nuevo marco regulatorio, reforma de salud.
Señaló que el “baseline” (marco económico) del nuevo plan fiscal cambió, aunque no especificó. Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes apoyaron el nuevo plan fiscal del gobernador, así como el presidente de la Federación de Alcaldes Carlos Molina, alcalde de Arecibo.
“Aquí estamos unidos de manera unánime para trabajar por Puerto Rico, como lo hemos hecho ante los retos que tenemos. Pero también para atender los principios de una democracia sana y para defender a los puertorriqueños ante cualquier abuso o medida abusiva que se puede implementar (por la JCF). Que sepa todo el mundo, nuevamente, estamos dispuestos a trabajar, pero se traza una línea, si se cruza esa línea, donde se trata de usurpar los poderes del gobierno electo de Puerto Rico, ninguna de las medidas que se estarían certificando o contemplando, van a pasar”, planteó el gobernador.
“Si el Congreso cree que la Junta es tan necesaria pues que la paguen ellos. Cien millones de dólares para Mr. Bishop deben ser una carretera en su distrito”, añadió el portavoz senatorial Carmelo Ríos Santiago, al informar que el ente federal cuesta más que el Senado y la Cámara de Representantes juntos. INS
P. Rico-Gobernador asegura que no sabía que el juez era juez, y nadie en La Fortaleza le advirtió cuando lo ascendió dos veces que participó en actividades prohibidas
San Juan, 5 abr (INS).- El gobernador nunca se enteró que la persona con la que compartió ocasionalmente como parte de la elaboración del Plan para Puerto Rico durante la campaña de 2016 era juez, y por tanto estaba impedido de participar en política activa.
Tampoco, ni Itza García, coordinadora del Plan, y actualmente subsecretaria de la gobernación, ni el entonces secretario general del PNP y mano derecha del entonces candidato Rosselló Nevares, y actual secretario de la gobernación William Villafañe, ni la asesora de infraestructura María Palou le indicaron más adelante al gobernador que la persona que nominó para juez en ascenso, Rafael Ramos Sáez, y luego para presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), era aquella persona que participaba, ilegalmente, en el Plan y que fue además la persona que revisó la Orden Ejecutiva 5 sobre el presupuesto base cero, mientras era juez.
García tampoco le dijo a Rosselló Nevares, según de desprende de las propias palabras del gobernador ayer en rueda de prensa, que ese juez había participado de un chat del PNP en las redes sociales en el que se discutió ampliamente una resolución que el juez debía emitir en una controversia electoral, como presidente de una junta en el distrito de Moca.
Villafañe tampoco le advirtió al gobernador, ni Norma Burgos, ni Palou, quienes participaban del chat.
El gobernador descartó tomar acciones en este momento contra la comisionada electoral Norma Burgos, García, Villafañe y la asesora de infraestructura de La Fortaleza María Palou, quienes fueron mencionadas en el informe de la investigación de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) como parte de las personas que interactuaron con el juez Ramos en actividades que a este le estaban vedadas.
En aquel momento estas cuatro personas no eran funcionarios, excepto Ramos Sáez y Burgos, quien era la comisionada electoral del PNP.
Roselló Nevares rechazó nuevamente que conociera la existencia del chat .”La existencia del chat yo no la sabía y no la sabía el comité que evaluó al juez (para ascenso), no la sabía OAT tampoco”.
El comité evaluador para nombramientos judiciales lo componen el exjuez Juan R. Melecio, que lo preside desde el 15 de diciembre de 2017, luego que renunciara a esa presidencia Zaida “Cucusa” Hernández, quien renunció al comité en noviembre pasado. También lo componen la Dra. Laura González Burgos, el CPA Virgilio Vega, el abogado Juan A. León González, y participó varios meses durante el 2017 el actual presidente de la Junta de Gobierno de la UPR Walter O. Alomar. Es decir, quedan cuatro personas en el comité.
El gobernador minimizó la participación del juez Ramos Sáez al indicar que en el Plan para Puerto Rico “participaron miles de personas”.
Rosselló Nevares dijo que “hay muchísimas personas que participaron dentro del Plan para Puerto Rico. He visto las fotos y sí, (el juez) participó en los procesos del Plan para Puerto Rico, eso creo que queda meridianamente claro”.
Sin embargo, según se desprende de la investigación de OAT, el juez no era un simple funcionario más que participó entre otros miles en el Plan. El juez participaba en la élite política con comentarios a Villafañe, García, Burgos y hoy altos funcionarios y con otros altos dirigentes de la campaña electoral del PNP.
El gobernador dejó saber que las imputaciones que se hacen en el informe de OAT “hacia el juez” son graves. Mientras, el Departamento de Justicia “está presto a terminar una investigación”.
“Cuando yo tenga que tomar una determinación… yo la tomaré”, dijo y aludió los casos del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill y el exrepresentante Rafael Rodríguez, a los que le pidió la renuncia y encomendó investigar. Igualmente ha cesanteado a varios funcionarios de gobierno.
“Cuando salga a relucir la investigación del Departamento de Justicia, voy a tomar acción y no me va temblar el pulso”, aseguró.
Rosselló Nevares no tenía conocimiento de que el juez había revisado la Orden Ejecutiva 5, sobre el presupuesto base cero. Tampoco indica el informe de OAT qué funcionario le envió al juez dicha Orden Ejecutiva para que la revisara, una colaboración prohibida para un juez. Sin embargo, en este tema el juez había ayudado al PNP durante la campaña.
Ayer, se vio a Villafañe y García salir del edificio principal de La Fortaleza. Estos no quisieron hacer comentarios a la prensa en torno a la controversia. INS
P. Rico-Tras conferencia legislativa gobernador señala que plan fiscal revisado se presentará hoy con algunos cambios en el área fiscal, pero aclara que no serán de política pública
San Juan, 5 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló ayer que plan fiscal revisado se presentará hoy ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con algunos cambios en el área fiscal, pero aclaró que no serán de “política pública”.
Tras participar en la Conferencia Legislativa, el mandatario indicó que “tenemos un plan fiscal robusto, viable, que atiende una serie de recortes históricos no solo para Puerto Rico, sino cualquier jurisdicción de los Estados Unidos y estamos comprometidos a asumir la responsabilidad fiscal por esto”.
Agregó que “lo que no vamos a permitir que nos reten y que nos quiten el poder de tomar las determinaciones de política pública para poder lograr no tan solo los objetivos fiscales sino lo más importante el bienestar de todos los puertorriqueños”.
En una rueda de prensa luego de la reunión celebrada en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio, Rosselló Nevares informó que se presentará hoy jueves un plan fiscal con algunos cambios en el área fiscal vinculados a la base macroeconómica pero no contendrá cambios de política pública.
El primer ejecutivo reiteró que estará “como siempre” disponible para discutir los detalles del plan fiscal con la Junta, pero aseguró que continuará su agenda de trabajo: implementando la reforma educativa y presentando una reforma contributiva, desarrollando un código de incentivos que garantice beneficios para la población y atendiendo el proceso de privatización de la energía eléctrica y su regulación.
Destacó además las reformas estructurales que incluye el plan fiscal que buscarán, en otras cosas, eliminar la reglamentación excesiva que entorpece el desarrollo de negocios y por ende el desarrollo económico. INS
P. Rico-Rechazan plan de reorganización del Instituto de Cultura Puertorriqueña
San Juan, 5 abr (INS).- La Cámara de Representantes aprobó en su sesión ordinaria de ayer una resolución del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez Núñez, en la que se notifica al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que ese cuerpo no llegó a un acuerdo con el Senado en torno al Plan de Reorganización del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
La Resolución de la Cámara 859 expresa que no hay consentimiento entre ambos cuerpos legislativos sobre el Plan de Reorganización Número 9, que hubiese consolidado las corporaciones del Centro de Bellas Artes, de las Artes Musicales y las Artes Escénicos Musicales con el ICP.
Sí se autorizó el Proyecto de la Cámara 1041, de la autoría del representante Joel Franqui Atiles, que enmienda el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales, con el objetivo de establecer una política de adquisición de bienes y servicios a precios justos y razonables.
Según Franki Atiles, “es imperativo reformar verdaderamente los procesos de compras del Gobierno para lograr un sistema con parámetros claros y eficientes, orientados a la agilidad y eficacia, que permita un pago inmediato que redunde en un ahorro sustancial al erario”.
También se respaldó la Resolución Concurrente del Senado 44, sobre el Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que agrupa y consolidan en esa agencia a la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales, hasta ahora ubicado e el Departamento de Recreación y Deportes. INS
P. Rico-Justicia presenta demanda contra Purdue Pharma por epidemia de opiáceos en la Isla
San Juan, 5 abr (INS).- La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la agencia presentó una demanda contra el fabricante de medicamentos Purdue Pharma en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha fomentado una epidemia de adicción a opiáceos, lo que “está destrozando a familias y comunidades en Puerto Rico”.
La acción legal busca responsabilizar a Purdue Pharma por los daños que los opiáceos, específicamente OxyContin, han causado a los ciudadanos y los gastos incurridos por el gobierno para atacar esta epidemia.
Los opiáceos estuvieron involucrados en más de 42,000 muertes por sobredosis en 2016, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
El gobierno alega en la demanda que los fabricantes de opiáceos realizaron una campaña engañosa de mercadeo convenciendo a los médicos, profesionales de la salud y al público en general de que sus medicamentos eran efectivos para tratar el dolor crónico y tenían un bajo riesgo de adicción, contrario a la abrumadora evidencia indicativa de que son altamente adictivos.
El uso original de los opiáceos era para el tratamiento de dolor agudo.
La publicidad engañosa ha resultado en numerosas muertes de pacientes puertorriqueños que se volvieron adictos a estos medicamentos controlados, subsiguientemente causando pérdidas de empleo y la devastación de las familias, entre otras, indicó la secretaria.
Además, según la funcionaria, Purdue conocía que estaba enviando cantidades enormes de opiáceos que no podían ser para fines médicos legítimos, pero no tomaron las medidas básicas para asegurarse de que esas sustancias llegaran a pacientes que en realidad las necesitaban.
“El gobierno de Puerto Rico se une a otros estados que también han presentado pleitos legales como consecuencia de la alarmante epidemia y abuso de opiáceos. El Departamento de Justicia continúa investigando si se deben presentar reclamos adicionales contra otras compañías farmacéuticas y distribuidores de opiáceos en la Isla”, adelantó Vázquez Garced.
Mientras, la secretaria auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, sostuvo que “el abuso y la adicción sin precedentes a estas drogas ha creado efectos adversos graves, tanto en la salud física como mental del adicto y sus familias, al igual que el impacto económico que ocasiona esto al erario. Hoy muchos puertorriqueños continúan sufriendo a consecuencia de esta alarmante epidemia”. INS
P. Rico-Presidente del Senado presenta medida para establecer un sueldo máximo de 60 mil dólares en todas las ramas del gobierno
San Juan, 5 mar (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que sometió el proyecto del Senado 883, para crear la Ley de Salario Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de establecer un sueldo máximo de 60 mil dólares aplicable a todas la ramas del gobierno, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios.
La presentación de la pieza legislativa surge, según Rivera Schatz, luego de que varios representantes solicitaran que se redujera el salario de los jefes de agencia, pero sin aplicar a los legisladores.
“Con esto en mente, esta Asamblea Legislativa asume su responsabilidad presentando este proyecto que representa ahorros verdaderos para el gobierno. Esto, sin intenciones políticas como lo han hecho las minorías en esta Asamblea Legislativa, asumiendo posturas hipócritas y acomodaticias queriendo reducir el sueldo a unos pocos de la Rama Ejecutiva, sin ellos verse afectados”, dijo Rivera Schatz en la medida. INS
EEUU-Comisionada residente anuncia contrato federal de 23.5 millones a compañía de uniformes militares en Lajas
Washington, 5 abr (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón anunció que el Departamento de la Defensa otorgó un contrato por 23,529,600 dólares para confección de uniformes militares a una manufacturera ubicada en Lajas.
El contrato otorgado a M&M Manufacturing, que tendrá vigencia de un año, es para que su local ubicado en Lajas confeccione parkas, chaquetas pesadas con capuchas para climas fríos, que vestirán los miembros de la Marina de Guerra de los Estados Unidos como parte de sus uniformes.
“El otorgamiento de este tipo de contrato a la isla a empresas radicadas aquí, inyectan recursos a nuestra economía y retiene empleos directos en zonas deprimidas como la montaña. Felicito a la compañía M&M Manufacturing por este logro al igual que para The Original Footwear Company en Arecibo”, expresó la congresista.
La comisionada destacó el trabajo de la industria de la aguja en Puerto Rico y la importancia de estas contrataciones del gobierno federal como inyección económica a zonas deprimidas financieramente.
El contrato por parte del Departamento de la Defensa se suma al anunciado el pasado 19 de marzo por la comisionada residente, de 18,325,895 dólares, para confección de botas militares a la empresa The Original Footwear Company, con base en Arecibo. INS
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