R. Dominicana-Evangélicos creen parcializado y contrario al interés jurídico del país el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Santo Domingo, 4 abr (INS).- El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Fidel Lorenzo Merán, opinó que “es parcializado y contrario al interés jurídico y soberano de la nación” el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que insta al Estado a restaurar la ciudadanía a los descendientes de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana.

La Comisión sugirió dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169-14, que ordena la desnaturalización de los ciudadanos haitianos y que ha originado críticas de parte de ese organismo, Amnistía Internacional y otras instituciones foráneas y nacionales que respaldan a estos ciudadanos.

Lorenzo Merán dijo también que la CIDH debe instar al gobierno haitiano de documentar a los ciudadanos de ese país, ya que según estudios internacionales un 80% de los ciudadanos haitianos carece de documento de identidad, por lo que ese gobierno contribuye con la apatridia de sus propios nacionales.

“En estos momentos los ciudadanos haitianos son vulnerables, pues en su mayoría no tienen documentos de identidad y, por lo tanto, deben prácticamente mendigar en otros países para que los documenten en este caso la República Dominicana”, expresó.

Dijo que desde su punto de vista, al país poco le importa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo haya sacado de la “lista negra”, porque históricamente los informes de esa Comisión han sido prácticamente parcializados y siempre en sentido contrario a la unidad y soberanía jurídica de la República Dominicana.

Señaló que esa entidad filial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siempre le exige al país lo imposible y detalló que las demás naciones “no cumplen y que es dotar de ciudadanía a miles de inmigrantes ilegales en violación a la propia Constitución dominicana y las leyes vigentes”.

“Se nos exige lo imposible y algo que el país no puede cumplir en materia migratoria y ningún país del mundo”, expresó Lorenzo Merán.

Abogó para que República Dominicana ejerza plenamente su soberanía jurídica sin parámetros injerencistas.

Aunque en su informe anual de 2017 la CIDH reconoció las acciones del Estado dominicano para responder a la situación de los perjudicados por la sentencia 0168/13 del Tribunal Constitucional, la entidad sugirió a que se restaure “plenamente el derecho a la nacionalidad” de los afectados por ese dictamen, que en su mayoría son descendientes de haitianos.

Además, pidió a dejar sin efecto las disposiciones de la Ley 169-14 “que se basen en considerar extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijas de extranjeros en situación irregular”.

En el informe, publicado el pasado 22 de marzo, la CIDH solicitó que el Estado quisqueyano adopte “las medidas necesarias para poner fin a las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes” y “la situación migratoria de sus padres”.

El reciente informe hace las puntualizaciones a pesar de que la Comisión señala que tuvo a bien considerar que recibió información suficiente en torno a las medidas que viene adoptando el Estado que de forma gradual podrían contribuir a superar las condiciones que motivaron a que el país se incluyera en el Capítulo IV B del Informe Anual de 2016.

Ese capítulo, conocido como “la lista negra”, trata sobre la situación de los derechos humanos en países de la región que requieren atención especial.

Para el informe de 2017 fue sacado el país de la “lista negra” y se incluyó entonces en el Capítulo V, que desglosa el seguimiento a las recomendaciones formuladas en informes anteriores.

La no inclusión en el Capítulo IV B significó una “decisión de justicia”, según declaró el portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el día en que se publicó el reporte.

La sentencia TC/0168/13 establece que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana. Esta decisión ha generado continuas críticas al país de parte de la comunidad internacional que considera que muchos descendientes de haitianos han quedado como apátridas. INS

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