Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 4 de abril de 2018
P. Rico-La Fortaleza sabía que habría oposición, dice secretario de política pública sobre demanda de la Asociación de Maestros
San Juan, 4 abr (INS).- Ramón Rosario Cortés, secretario de Asuntos Públicos, indicó ayer que La Fortaleza sabía que habría oposición a la nueva ley de reforma educativa por sectores que se oponen al cambio.
“Este nuevo modelo educativo significa una gran transformación y estábamos seguros que tendríamos oposición de algunos sectores que resisten esos cambios que tanto necesitamos”, indicó en declaraciones escritas ante la demanda de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).
Agregó que “defenderemos la propuesta del gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) en los foros pertinentes. Esta propuesta contó con el respaldo de personas de otros partidos políticos y del Pueblo en las pasadas elecciones y vamos a hacerla realidad”, añadió.
No obstante, aclaró que “al presente, aunque la parte demandante informó que presentó una demanda, no hemos sido emplazados”.
La AMPR anunció ayer que presentó una demanda en los tribunales para que se declare inconstitucional la nueva ley de reforma educativa, que Rosselló Nevares convirtió en ley el pasado jueves.
La presidenta de la AMPR, Aida Díaz, afirmó que la nueva ley atenta contra los derechos adquiridos de los maestros, así como la Constitución de Puerto Rico, la cual expresa que no se utilizarán fondos públicos que no sean del estado.
La nueva ley permite las escuelas charter (hasta el 10% de todas las escuelas, en manos privadas con fondos públicos) y provee vales educativos para estudiar en colegios privados. INS
P. Rico-CEE acudirá en auxilio al tribunal para que ordene comparecencia del expresidente del organismo, quien no se presentó a citación de comité que investiga el caso del chat
San Juan, 4 abr (INS).- La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investiga el caso del chat del expresidente del organismo, Rafael Ramos Sáenz, acudirá en auxilio al tribunal para que ordene la comparecencia del juez, quien no se presentó una citación.
La petición se da después de que Ramos Sáenz no compareciera el pasado 20 de marzo a su citación ante el comité compuesto por los comisionados alternos que investiga la controversia de supuesta corrupción y fraude electoral que se desprende de un chat de la red social Whatsapp (#TeamP3R-coffee break) en el cual están involucrados funcionarios públicos del gabinete del gobernador Ricardo Roselló Nevares.
El presidente interino de la CEE, Nicolás Gautier Vega, nombró un comité para la investigación de la pesquisa sobre la resolución que compartió Ramos Sáenz en el chat, donde supuestamente violó los Cánones de Ética Judicial, el Código Electoral y el Código Penal de Puerto Rico, expresó el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD), Miguel Ríos Torres.
El comité le hizo una citación por escrito el 14 de marzo pasado a Ramos Sáenz para que se presentara el 20 de marzo, a la 1:30 de la tarde, en la CEE.
El comité se reunió a la hora pautada, pero el juez no se presentó ni envió comunicación o excusa alguna ante su incomparecencia.
Los miembros del comité son los comisionados electorales alternos Karla Angleró González, del PPD; Adrián González Costa, del PIP; y Juan Guzmán Escobar, del PNP.
Se nombró también a José Flores en representación del presidente interino de la CEE.
Tanto la comisionada alterna del PPD como el del PIP solicitaron a la CEE acudir en auxilio al tribunal para ordenar la comparecencia del juez Ramos Sáenz.
El comisionado alterno del PNP votó en contra y solicitó que se volviera a citar al exfuncionario, a pesar de que el procedimiento que los tres comisionados aprobaron para regir la investigación expresa que en caso de alguno de los citados no comparecer a su citación la CEE podrá acudir al tribunal para solicitar que se ordene la comparecencia.
No habiendo la unanimidad de los comisionados ayer, el presidente interino emitió la resolución CEE-RS-18-04 mediante la cual ordena a la representación legal de la CEE acudir al tribunal para que ordene la comparecencia de Ramos Saenz, quien se niega a presentarse. INS
P. Rico-Proyecto de privatización de la AEE ignora a los municipios y no especifica qué pasaría con la CELI, asegura Asociación de Alcaldes
San Juan, 4 abr (INS).- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez, en una ponencia ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes señaló que quien lee el proyecto de la Cámara 1481 y su versión senatorial 860, “descubre que ignora a los municipios en el importante tema de la retribución por el uso de terrenos y facilidades municipales por al actual Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.
Además, indicó que la medida “no expone ni una palabra sobre lo que pasaría con la contribución en lugar de impuestos (CELI) en el caso de que se vendan los activos de la corporación pública.
Acompañado de la Gretchen Hau, directora ejecutiva de la entidad, el alcalde de Cayey expuso sus reserva al proyecto, con la intención de que se enmiende y aclare su lenguaje, y para asegurar que no tenga efectos económicos adversos “sobre las atribuladas finanzas de los 78 municipios de Puerto Rico”.
Los alcaldes de Yabucoa, Rafael Surillo; Loíza, Julia Nazario; Corozal, Sergio Torres; y de San Lorenzo, José Román, fueron parte del grupo de alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) presentes en la vista pública.
“Nosotros entendemos el esfuerzo legítimo de darle a Puerto Rico un sistema eléctrico más fuerte, moderno y eficiente, pero el proyecto que estamos viendo 4 plantea interrogantes sobre el impacto que ello tendría sobre los recaudos de los municipios y el establecimiento de nuevas obligaciones económicas para todos los municipios”, argumentó el alcalde de Cayey.
En su ponencia, Ortiz Velázquez recordó que en 2004 se enmendó la Ley Orgánica de la AEE para establecer un esquema de compensación para los municipios en sustitución al pago de impuestos sobre bases o criterios objetivos que permitiera estimar mejor lo que cada ayuntamiento obtendría por dicho concepto.
De ahí viene la contribución en lugar de impuestos (CELI).
“Este proyecto de la Cámara 1481 guarda silencio sobre cuál sería el esquema de retribución que recibirían los ayuntamientos bajo el modelo de privatización de la corporación pública y más aún sí las nuevas entidades que establecerán arreglos o adquieran los activos de la corporación, estarán obligados a pagar el CELI”, indicó.
A su vez, sentenció que “tal y como está redactado el proyecto de ley, el proceso de privatización se enmarcaría en el andamiaje de la Ley para Alianzas Público Privadas, que establece que las entidades gubernamentales participantes están exentas de todo tipo de impuesto sobre propiedad mueble o inmueble por el tiempo que se establezca en el contrato de alianza. Ante este lenguaje, se podría interpretar que la CELI no procedería bajo un esquema de venta de activos de la AEE o bajo acuerdos de APP con un contratante privado”.
“Ante la falta de claridad, es indispensable que se enmiende el proyecto para aclarar el destino de la CELI o en su ausencia, que se establezca la obligación de pago de contribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble por parte del contratante en el modelo de APP o como nuevo titular del activo que sea de la AEE”, afirmó.INS
P. Rico-Requerimientos de la Junta de Control Fiscal a la UPR conducirían a la insolvencia a su sistema de retiro
San Juan, 4 abr (INS).- La Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico sostuvo ayer que las nuevas disposiciones de la Junta de Control Fiscal impactarán seriamente al Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos Torres, las propuestas de la JCF llevarán a los participantes activos y pensionados del Plan de Retiro de Beneficios Definidos UPR a recibir pensiones en niveles de pobreza, además de afectar la sostenibilidad y perpetuidad del Fideicomiso del Sistema de Retiro, y eventualmente llevarlo a la insolvencia.
“La Junta de Control Fiscal hizo pública una misiva al Gobernador Rosselló con fecha del 29 de marzo de 2018 con recomendaciones que definitivamente provocarán un efecto dominó que no solo causarán que los fondos del Fideicomiso del Sistema de Retiro tengan una disminución letal, sino que comprometerán una mayor inversión de la Universidad para poder cumplir con su responsabilidad patronal y el pago de las pensiones de sus jubilados”, indicó Berríos Torres.
La Junta de Retiro denunció y emplaza a los rectores del sistema de la UPR a que rechacen y se opongan a las propuestas de la JCF que tendrán un impacto letal al Plan de Retiro de Beneficios Definidos.
Entre otros impactos, aseguran la reducción de un 50% del personal no docente dentro de los recintos universitarios de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Cayey, Carolina, Humacao, Ponce y Utuado lo que significa una reducción de 1,094 empleados.
La propuesta propuesta redunda en un impacto al Fideicomiso del Sistema de Retiro de alrededor de $11.784 millones anuales [$72.232 millones en 5 años] que dejará de recibir por concepto de aportaciones. Y como resultado de estas reducciones no se recibirá las ganancias de las inversiones de $48 millones en cinco años.
La Congelación del Plan de Beneficios Definidos vigente provocará que 2,625 participantes con derecho a pensión ante el ambiente de inestabilidad e incertidumbre quieran acogerse a un retiro sorpresivo no planificado.
El efecto de la jubilación en masa de 2,625 participantes ocasionará que el gasto de nómina de pensionados anual que actualmente ronda en los $200 millones aumente en $62,811 millones. El compromiso para el pago de la nómina de pensionados del Fideicomiso en cinco años será de $314.055 millones lo que provocará su destrucción, se indicó.
Además, se perderán los siguientes beneficios cubiertos bajo el plan vigente: Pensión por Edad y Años de Servicio; Pensión Diferida; Pensión de Anualidad Reversible; Pensión con Anualidad Suplementada con los Beneficios del Seguro Social Federal; Pensión por Incapacidad Ocupacional; y Pensión por Incapacidad No Ocupacional. También, los Beneficios por Muerte No Ocupacional; Beneficios por Muerte Ocupacional; Beneficios por Muerte después de la Jubilación; el Bono de Navidad; Préstamo Personal y Préstamo Hipotecario.
La sugerida adopción de un Plan de Contribución Definida traerá como resultado que el Fideicomiso desaparezca por falta de ingresos contrario a lo estipulado en la escritura pública de “Deed of Confirmation and Acknowledgment of Trust of the University of Puerto Rico Retirement System”, Número 58 de 29 de junio de 2016 y tendrá el efecto de aumentar en cientos de millones la responsabilidad actuarial de la UPR, se agregó en declaraciones escritas.
A tenor con el Estudio Actuarial al 30 de junio 2016, el 75.58% de los participantes activos en el Plan de Beneficios Definidos de la UPR tienen derecho a recibir una pensión. Sise utiliza la nómina cotizante del Estudio Actuarial al 30 de junio 2016 de $488,774,925 anuales, a la UPR le representaría un pago adicional en pensiones de $369,416,088, versus el $74 mm anuales que actualmente aporta por esos participantes activos, según el análisis de Retiro.
“Resulta contradictorio que la JCF proponga una reducción del 17% en las pensiones mayores de $1,000 combinadas con el Seguro Social Federal basado en la buena Salud Financiera que actualmente refleja nuestro Plan de Retiro de Beneficios Definidos. Aunque el plan tiene una razón de cobertura (Funding Ratio) de 47.8% la JCF está recomendando penalizar la eficiencia en la administración del mismo. La reducción de un 17% en las pensiones mayores de $1,000 combinadas con el Seguro Social Federal impactará al 83% (7,284) de los 8,759 pensionados que actualmente tenemos en nuestro Plan de Retiro de Beneficios Definidos. Esto tendría un impacto negativo al bolsillo de los pensionados y en la economía de Puerto Rico con recortes proyectados en $25 millones al año”, explicó Berríos.
La propuesta reducción de un 17% provocaría que las pensiones de los jubilados de la UPR se reduzca en un promedio de $340 mensuales [$4,080 anual y $20,400 en cinco años].
“En resumen, el acoger las medidas propuestas por la JCF significará la insolvencia del Fideicomiso y que la responsabilidad millonaria del pago de las pensiones actuales y futuras recaerá en la UPR”, aseguró. INS
EEUU-Comisionada residente y Fundación Clinton unen esfuerzos para la recuperación de Puerto Rico
Miami (Florida), 4 abr (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón participó ayer en el foro de la Fundación Bill Clinton que busca aunar esfuerzos para la recuperación de los lugares en el Caribe peor afectados por los huracanes de esta pasada temporada.
En el foro titulado “Clinton Global Initiative Action Network on Disaster Recovery”, que se celebra 4 en la Universidad de Miami en Florida, el expresidente Bill Clinton unió la presencia de varias personalidades, incluyendo a la comisionada residente, para buscar poner “ideas en acción” a favor de la reconstrucción y resilencia de las comunidades afectadas por los huracanes Harvey, Irma y María.
La comisionada participó en el panel de la mañana moderado por el propio expresidente Clinton y al cual se unieron el gobernador de Isla Vírgenes, Kenneth Mapp, y el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit.
En su participación, González Colón recalcó las maneras en que el huracán María agravó el problema de salud de la isla con el éxodo de médicos y destacó el logro de la obtención de fondos para el financiamiento del programa Medicaid por los próximos dos años, pero señaló que se necesita una solución final y definitiva al financiamiento del programa Medicaid tanto en Puerto Rico como Isla Vírgenes.
Además, llamó la atención sobre la devastación provocada por María en la Isla y recalcó que la prioridad continúa siendo es el restablecimiento de energía para todos los abonados.
“Debemos mejorar nuestro porcentaje de producción de energía renovable porque no podemos asumir el pago de 30 centavos el kilovatio por hora. Esto, porque Puerto Rico ‘is open for business’”, enfatizó.
Esta no es la primera vez que la comisionada y el presidente aúnan esfuerzos.
El pasado noviembre, el expresidente Clinton celebró una mesa redonda con alcaldes de ambos partidos en la oficina de la comisionada residente en San Juan sobre el proceso de recuperación de la isla luego de los huracanes Irma y María. INS
P. Rico-Gobernador anuncia sistema para el manejo de información de pacientes de Medicaid en la Isla
San Juan, 4 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer la implantación del primer Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, siglas en inglés).
El MMIS automatiza varios métodos que en la actualidad son manuales, lo que permitirá que se lleven a cabo procesos más agiles, para así evitar el malgasto de fondos en el área de salud.
De igual forma, se establecen guías y criterios para detectar fraudes y evitar la corrupción con fondos federales.
Al ser un sistema impulsado por el Gobierno federal, el MMIS se convierte en la única fuente para proveer información a la Unidad de Fraude de Medicaid (MFCU, siglas en inglés) actualmente en desarrollo, para ser incorporada al Departamento de Justicia de Puerto Rico.
La combinación de esfuerzos del MMIS y el MFCU proveen la transparencia que el gobierno federal exige para combatir el fraude que tanto afecta al desarrollo del programa de salud, señaló La Fortaleza.
El sistema federal requiere a cada estado, el Distrito de Columbia y a los territorios operar un MFCU para investigar y encauzar el fraude de proveedores y pacientes al programa Medicaid y utilizar el MMIS para procesar la información.
Rosselló Nevares cumplió con la recomendación hecha por el Grupo de trabajo del Congreso para Desarrollo Económico que en diciembre de 2016 destacó la necesidad de establecer este sistema de información y la unidad antifraude.
“Este sistema de avanzada, aprobado a nivel federal, asegura la buena utilización de los fondos destinados para la salud y mejora la eficiencia en los pagos a los proveedores”, expresó el primer ejecutivo.
Asimismo, Rosselló Nevares explicó que “el trabajo realizado para garantizar la adopción de tan importante herramienta en la prestación de servicios de salud en la Isla también permite asegurar que Puerto Rico cumpla con los requisitos de acceso a los fondos de desastre (BBA Disaster Relief Funds) y que pueda acceder a los $1,200 millones ya identificados para la Isla”.
El gobernador declaró además que esta será la primera vez que los datos de salud pública de Puerto Rico se incorporan a la base de datos nacional que se utiliza para la investigación sobre resultados de salud como mortalidad, morbilidad, calidad de vida relacionada a salud, síntomas funcionales o estatus de síntomas y efectos dañinos asociados a la salud.
El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, comentó que “este nuevo sistema nos brinda las herramientas necesarias para profundizar en información que nos permitirá analizar resultados del estado de la salud de nuestros pacientes, la buena utilización del programa de salud y mejorar la eficiencia en los pagos a proveedores”.
El titular de Salud añadió que “esta es una iniciativa que el gobierno federal ha tratado de que Puerto Rico adopte desde el año 2009 y no ha sido hasta ahora que esta Administración ha logrado viabilizar tan importante proyecto; muy a pesar del impacto de los huracanes Irma y María”.
El MMIS es una solución permanente que forma parte de los compromisos y condiciones acordados con el gobierno federal y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con respecto a la asignación de fondos adicionales para el Programa Medicaid.
El principal oficial de Informática del gobierno de Puerto Rico, Luis Arocho, puntualizó que “este servicio ayudará a colocar lo último en tecnología a trabajar en nombre de la salud de nuestro pueblo”.
Arocho manifestó que “MMIS, uno de los primeros de su tipo, nos ayudará a cumplir la visión de los Centros de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para identificar el fraude y los abusos en la utilización de los programas de salud del Gobierno de Puerto Rico. Tomamos propiedad de este proyecto antes del día uno de esta Administración para salvaguardar la continuidad de fondos federales del programa de Medicaid en Puerto Rico”.
El Programa de Medicaid de Puerto Rico, junto a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), operará el MMIS con fines de validar la utilización y el manejo de los beneficios a los asegurados del programa de Salud del Gobierno en toda la Isla.
El proyecto es producto de una inversión financiada en parte con fondos federales de los CMS por 52.3 millones y del gobierno de Puerto Rico, por 5.3 millones.
La iniciativa cubre alrededor de un 45% de los 3.3 millones de residentes de la Isla, quienes por sus ingresos cualifican para cubierta médica del sistema de salud pública. INS
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