P. Rico-ACU solicita a la JSF que no aprueben el plan de externalización de presos a cárceles de EEUU

San Juan, 26 mar (INS).- La Alianza Correccional Unida (ACU), Local 3500 de Servidores Públicos Unidos (SPU), representante sindical de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección, anunció hoy que envío a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, una misiva donde exponen las razones por las cuales no se debe llevar a cabo la externalización de los servicios en las cárceles públicas de Puerto Rico.
El plan fiscal incluye una propuesta de trasladar 3,200 confinados de Puerto Rico a cárceles privadas en los Estados Unidos.
Según la unión, hacer ese traslado pudiera violar la Constitución de Puerto Rico y exacerbar el déficit en la Isla. Además, asegurea el sindicato que expondría al gobierno a demandas por violaciones a sus derechos civiles y humanos.
En la carta suscrita por el liderazgo de ACU se hace referencia a varias instancias donde hubo traslados de confinados y tuvieron que devolverlos a la Isla, así como varias privatizaciones en la Isla que no funcionaron y resultaron más costosas al pueblo.
“Durante los años 2011 al 2013, confinados de Puerto Rico fueron enviados por el DCR a una cárcel de la Corporación Correccional de América en Oklahoma. Ese experimento terminó trágicamente cuando, a raíz de un violento altercado que involucró a la unidad de vivienda que albergaba los confinados puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico canceló prematuramente el contrato y admitió que al hacerlo le ahorraba al pueblo 1.5 millones”, señaló Pedro de Valle, vicepresidente de ACU y oficial correccional de Aguadilla.
También recordó que en la administración del gobernador Pedro Rosselló, en 1997, se adoptó la política de privatización de cárceles y contrataron a Wackenhut y a CCA para administrar cuatro cárceles en Puerto Rico.
Igualmente, consignó que en 2001 el gobierno retomó diez instituciones juveniles para economizar diez millones.
Y entre 2002 y 2003, dijo que se retomaron las cuatro cárceles privadas de los adultos por el alto costo que significaban.
“Por nuestra experiencia podemos decir que siempre ocurre lo mismo. El Gobierno alega que va a resultar más económico externalizar los presos, lo sustentan a base de la tarifa diaria per cápita. No hablan de los costos ocultos y de los incrementos automáticos de las tarifas. En aquella época los gastos ocultos eran: gastos médicos de servicios fuera de las instituciones, gastos mortuorios, servicios sociopenales y costos de monitoreo, entre otros. Y cuando finalmente se dan cuenta de que no era beneficioso para el país echan para atrás y terminamos pagando mucho más en el proceso de reinsertarlos nuevamente al sistema”, sentenció dl portavoz.
Asimismo, explicó que de implantarse dicho plan de traslados, el DCR cerraría algunas instituciones y trasladaría oficiales a las instituciones restantes, creando serios problemas de salud, seguridad y fatiga a los oficiales traslados por las largas distancias a recorrer y los extenuantes turnos que se trabajan en Corrección.
El vocero de la unión hizo hincapié que no hay base “racional” para apoyar este programa debido a los limitados recursos disponibles.
La carta reza que “aún asumiendo correcto el argumento de que pueden lograr economías de 46.9 millones anuales, el déficit estructural del gobierno se incrementaría considerablemente. Esto debido a que, aún utilizando un estimado conservador de que por cada dólar que el gobierno deja de gastar en la Isla se pierden 80 centavos en recaudos en contribuciones, la combinación de 70 millones, removidos de la economía por la externalización y el alegado recorte de 46.9 millones del gasto, reduciría los ingresos por concepto de contribuciones en 93.5 millones, lo que minimizaría la reducción de costos de 46.9 millones, alegada por el gobernador, y sumaría al déficit estructural anual del gobierno la impresionante suma de 44 millones”
Annette González, presidenta de SPU de Puerto Rico, Concilio 95 Afscme, opinó que “esta propuesta es una equivocación del gobierno, que no acarreará ahorros reales al erario y que expone al gobierno a demandas por parte de los confinados y familiares lo que sí acarrearía costos incalculables para ele gobierno”.INS
lp