P. Rico-Mayoría de los economistas del país favorece moratoria en el pago de la deuda por cinco años y señala que JSF, así como el gobierno, están “mal asesorados”

San Juan, 23 feb (INS).- La Asociación de Economistas de Puerto Rico, por segunda vez, realizó una encuesta electrónica a gran parte de su matrícula para auscultar la posición del gremio ante las propuestas económicos anunciadas por el gobierno.
Tras la encuesta, se estableció que existe un alto grado de consenso entre los economistas respecto a múltiples propuestas de política pública en Puerto Rico.
Por ejemplo, el 84% de los expertos en economía no cree probable que el crecimiento económico en 2019 sea de 8.4 puntos porcentuales y el 72 % no considera que cualquier tipo privatización de la energía eléctrica beneficie el desarrollo económico.
A su vez, el 81 % está en contra de la eliminación de 423 millones de dólares en subsidios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el 62% considera que la privatización de la autopista 22 no fue beneficiosa para el desarrollo económico.
Además, el 77 % de los economistas favorece una moratoria en el pago de la deuda por cinco años y el 81 % afirma que se deben eliminar subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo.
Asimismo, sobre el 81 % piensa que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno están mal asesorados en materia económica.
“La percepción de que los y las economistas no estamos de acuerdo en nada es incorrecta. Al contrario, en gran parte de los temas hay consensos entre la mayoría de los y las economistas, muchos de los cuales nunca son consultados o considerados con seriedad. Eso es parte integral de la crisis actual”, aseguró José Caraballo Cueto, presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Respecto del tema de recopilación y preparación de estadísticas, el 93 % de los participantes considera como insuficiente los recursos económicos y humanos destinados a preparar estadísticas en Puerto Rico y el 83 % está en desacuerdo con la integración del Instituto de Estadísticas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Igualmente, el 90 por ciento es contrario a la privatización.
“Hay un consenso en que en vez de eliminar el Instituto de Estadísticas, la política del gobierno debería ir dirigida a su fortalecimiento. Si no se fortalece la recopilación de estadísticas, seguiremos teniendo una credibilidad dudosa ante los mercados y ante el país en general, ya que es una medida necesaria de transparencia. Además, el tener datos confiables genera políticas públicas saludables ancladas en la realidad”, aseguró Alba Brugueras, vicepresidenta de la Asociación.
La encuesta concluye también que el 67 % apoya que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo al 87% estar en contra de la teoría del goteo o “trickle down” (incentivos a las clases más altas eventualmente llegan a las demás clases sociales).
Por otro lado, al menos el 75% considera importante la creación de cooperativas de trabajo, los incentivos para la agricultura y el agro o ecoturismo.
La encuesta fue respondida por 69 economistas.INS
lp