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Nueva York, 15 feb (INS).- Un grupo de acreedores que posee una parte sustancial de la deuda pendiente de pago de Puerto Rico, considera que la versión más reciente del plan fiscal propuesto por el gobierno “representa un importante paso atrás en el camino hacia la recuperación”.
El grupo está compuesto por Ambac, Assured, Cofina Seniors Coalition, National Public Finance Guarantee Corporation, Mutual Fund Group, Syncora, los Puerto Rico Funds y personas que viven en Puerto Rico y el territorio continental. Colectivamente, el grupo posee o asegura una porción sustancial de la deuda pendiente de pago de Puerto Rico.
“Aunque compartimos la visión unificada de que una agenda política pragmática, transparente y centrada en el crecimiento es fundamental para la recuperación, creemos que el plan fiscal no proporciona una base viable sobre la cual reestructurar la deuda, al mismo tiempo que carece de una base para revitalizar la economía local y restablecer el acceso a los mercados de capital”, indican.
Agregan que “tal vez el problema más preocupante con el plan es que se desarrolló de manera opaca, basándose fundamentalmente en resultados de análisis subyacentes que nunca se han hecho públicos”.
“Esto contradice el compromiso del gobierno con la transparencia y socava el reciente consejo del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, quien declaró que ‘es imperativo que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador integren plenamente a los acreedores en el desarrollo de estos planes fiscales, garantizando así la precisión y la transparencia en los supuestos subyacentes’”.
Como prestamistas de larga data del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentos, señalan estar “comprometidos en apoyar la revitalización económica, comercial y social de Puerto Rico. Ahora es el momento de sentar las bases para establecer cómo el capital privado aumentará la ayuda federal y los ingresos locales en el camino hacia la recuperación”.
“Creemos que el análisis objetivo y exhaustivo del plan ha revelado una serie de fallas fundamentales que deben abordarse antes de seguir adelante”, afirman los acreedores.
Hasta la fecha, indican, el enfoque del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el litigio ha distraído a las partes interesadas del hecho de que este último no tiene una visión para hacer arrancar el crecimiento”.
“Varios funcionarios del gobierno se han acomodado de manera alarmante a la suposición de una continua disminución de la población y el estancamiento económico. Además, los legisladores aún no han presentado un plan detallado para alentar a los ciudadanos y a las empresas a permanecer en la isla”, señalan en declaraciones escritas.
Para ellos, “el gobierno debe crear e impulsar una agenda de crecimiento que apoye una economía pujante, frene la emigración e incentive a las personas que han abandonado recientemente la isla a que regresen, como parte de su revitalización”.
Por lo mismo, a su juicio, el gobierno “debería comenzar a trabajar con proveedores de capital privado y expertos de la industria para desarrollar un programa de desarrollo económico amplio e integral que, además, debe mostrar disciplina fiscal”.
“Las reducciones en los gastos públicos bajo el plan son mínimas, con cifras de nómina del gobierno que crecen en un 1.2% anual, incluso cuando se proyecta que la población disminuirá en un 20% durante el período cubierto por el plan fiscal, lo que contrasta con las reducciones en los gastos públicos logrados en prácticamente todas las demás reestructuraciones municipales”.
Añaden que “mientras que se prevé que los gastos públicos de Puerto Rico -sobre una base per cápita- aumenten en un 2.0% anual a lo largo del plazo del plan, lugares como Detroit, Stockton y San Bernardino mostraron disminuciones anuales del 5.2%, 3.0% y 3.7%, respectivamente en los períodos de cuatro años posteriores a sus reestructuraciones”, aseveran los bonistas.
Los acreedores solicitan “que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico finalmente haga públicos los análisis subyacentes compartidos con la Junta Federal de Supervisión y Administración para evaluar el plan. En este momento, el Plan es inaceptablemente opaco desde diversos puntos de vista”.
Y enumeran: no hace una distinción entre servicios esenciales y los gastos que el gobierno simplemente quisiera pagar; no contabiliza por completo el efectivo mantenido en varias cuentas que pueden estar disponibles para satisfacer las necesidades descritas en el plan; no comparte los estados financieros auditados de 2015; y depende de un pronóstico de migración desactualizado”.
Además, utiliza suposiciones relacionadas con el costo de la atención médica y participación del plan que contradicen la propia previsión de emigración del gobierno.
“Lamentablemente, nuestras preocupaciones han sido validadas por el gobierno federal, que se ha negado a proporcionar fondos de préstamos comunitarios para catástrofes (Community Disaster Loan) respaldados por los contribuyentes, a menos que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de Puerto Rico”, sostienen.
Agregan que “el análisis de sostenibilidad de la deuda presentado en el plan fiscal se basa en datos escasos y equívocos absolutos, incluyendo una comparación de Puerto Rico con los Estados de Estados Unidos, lo que pasa por alto el hecho de que los ciudadanos de Puerto Rico no pagan impuestos sobre la renta federales”.
“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha reconocido esta realidad al intentar acceder a los mercados de capital en el pasado, afirmando que ‘el BGF considera que cualquier comparación de los niveles de deuda pública de Puerto Rico con los de los estados debería incluir deuda estatal, local y federal’”, remarcan.
En lugar de comparar los niveles de deuda de Puerto Rico con los de un Estado, “creemos que los asesores financieros municipales de Puerto Rico deberían construir un análisis de deuda superpuesto que sea compatible con las prácticas de finanzas públicas aceptadas”.
“Se necesita un análisis coherente para recuperar la confianza de los acreedores, los ciudadanos y las empresas actuales y futuras que contemplen inversiones económicamente beneficiosas en Puerto Rico”, concluyen los acreedores. INS
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