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Santo Domingo, 10 feb (INS).- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, garantizó que continuaría profundizando las investigaciones en torno a los 92 millones de dólares en sobornos repartidos en el país por el conglomerado brasileño de ingeniería y construcción Odebrecht entre funcionarios, legisladores y políticos a cambio de contratos privilegiados en infraestructuras públicas.
La promesa surge luego de la extensión del plazo judicial autorizado anoche por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.
El magistrado concedió una nueva prórroga de cuatro meses para concluir con la investigación, solicitada por el ministerio público y ratificó todas las medidas de coerción a los acusados.
El procurador Rodríguez expresó que esos cuatro meses adicionales además permitirán completar decenas de diligencias de cooperación internacional y local que se encuentran en proceso.
A través de un comunicado de prensa, destacó que el caso de esa multinacional es el de mayor complejidad que ha manejado el sistema de justicia dominicano, para el cual, el Ministerio Público, hasta ahora apenas había tenido ocho meses de plazo judicial.
Dijo que esta extensión, también será provechosa para optimizar más la recolección de evidencias y así presentar una acusación con la mayor fortaleza posible.
Enfatizó que durante el plazo inicial de ocho meses se han realizado decenas de solicitudes a diferentes instituciones locales e internacionales, indicando que las respuestas a esas peticiones contienen informaciones puntuales, que a su vez han motivado solicitar nuevas informaciones a esas mismas instituciones.
Odebrecht erogó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluidos Brasil y la República Dominicana, donde habría desembolsado 92 millones en pagos a funcionarios corruptos del gobierno local e intermediarios que servían a sus intereses, según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por el caso fueron sometidos ante la Justicia, el pasado año, el entonces ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Además de Radhamés Segura y César Sánchez, exvicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Roberto Rodríguez Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) 2000-2004; y el empresario Ángel Rondón.
También, el ingeniero mecánico electricista Máximo D’Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, además de los senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago y San Cristóbal, respectivamente, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.
Están acusados de cometer infracciones consignadas en los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Todos están en libertad luego que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción en una audiencia celebrada el 9 de septiembre del 2017 ordenando una fianza millonaria, impedimento de salida y presentación periódica por ante el Ministerio Público. INS
mv