San Juan, 8 feb (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró hoy que con el veto expreso al proyecto de libertad religiosa no está incumpiendo con su programa de gobierno.
Rosselló Nevares afirmó que “yo no estoy incumpliendo con el Plan para Puerto Rico” y de paso dijo que sí hay “secciones” en torno a la libertad relgiosa que “las vamos a proteger, es claro”.
“Yo tengo que tomar decisiones y después de evaluar los cambios, todavía no me aparentaba que era la legislación apropiada para Puerto Rico. Simplemente yo no podía tomar esa decisión”, declaró.
Añadió que “las libertades religiosas la voy a proteger” y al respecto recordó la “persecusión” de Hacienda.
“Nosotros detuvimos eso y hemos cumplido con los compromisos programáticos. El que se agarren de un título para decir que hemos incumplido, falta a la verad. Asumo la responsabilidad de la decisión
y me siento seguro de ella”.
Ricardo Rosselló Nevares emitió ayer un veto expreso al proyecto de libertad religiosa
Sobre el proyecto, el primer mandatario expuso ayer que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa”.
El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33 de 2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4 de 2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente, por primera vez en el sistema jurídico, el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.
“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el Gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó Rosselló Nevares.
Además, luego de su juramentación, el gobernador reestableció la Oficina de Bases de Fe de La Fortaleza, tras haber sido eliminada bajo la pasada administración.
El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 -legislación federal que este proyecto utiliza como base- incluye expresamente al gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.
Rosselló Nevares concluyó en su veto expreso que “como es de notar, ya nuestro ordenamiento jurídico contiene, por vía de legislación federal y local, de la Constitución local y de la jurisprudencia aplicable, salvaguardas suficientes para garantizar el derecho de toda persona a libertad religiosa y es el compromiso de la presente administración proteger tan fundamental derecho”.INS
lp
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