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San Juan, 31 ene (INS).- La directora de la Oficina de Servicios al Asociado de la Asociación de Maestros (AMPR), Omayra López Burgos, reveló hoy que en los últimos años han manejado sobre 300 casos de alegado maltrato o negligencia institucional.
Además, señaló que estos casos se han disparado desde la aprobación de la carta circular 11-2015-2016, que según su redacción provoca la acción inmediata de una querella y no busca que se concilien las partes.
«Nuestra institución, por medio de nuestros abogados, ha atendido alrededor de 300 casos en dos años. En 2016, se atendieron un promedio de 90 y en 2017 se atendieron alrededor de 200 casos. En estos, el Departamento de Educación impone sanciones, sin pruebas, declaraciones juradas, testigos y sin evidencia física», reveló.
La directora de la Oficina de Querellas Administrativas del Departamento de Educación (DE), Sacha Rullán, indicó que a julio del 2017 la agencia trabaja 7,147 querellas.
«Cuando se presentan varias querellas contra un mismo funcionario lo que tratamos es de asignarlo al mismo investigador pero con números distintos. Se han comenzado muchos procesos y uno de los que creo vendrá a atender las preocupaciones que están exponiendo los maestros será la Restructuración del Departamento. Esto cuando se haga la transición al local agency y en ese aspecto se aumentarán la cantidad de abogados e investigadores», detalló Rullán.
El presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario, al considerar el número provisto por el DE «demasiado alto» sugirió someter una legislación transitoria para que otras agencias colaboren en la adjudicación de estos casos.
«Para el bien de todos, puedo sugerir una legislación transitoria, de 90 días, donde se puedan usar oficiales examinadores de otras agencias de Gobierno para ayudar a la adjudicación de los casos. Si lo dejamos en 7 mil y siguen entrando todos los días más, van a pasar cuatro años y será el mismo número», dijo.
Las expresiones surgieron en una audiencia pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, que preside Abel Nazario, en la que se consideró la resolución del Senado 141.
La medida, sometida por Carmelo Ríos, ordena una investigación sobre las denuncias públicas de un grupo de maestros sobre los procedimientos en las escuelas y a través del distrito y las regiones educativas, sobre las quejas sin fundamentos que terminan en sanciones sin los procesos de investigación correspondientes.INS
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