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Protesta de los trabajadores frente al Palacio de Gobierno por mejoras salariales. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 31 dic (INS).- Tras el estallido del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el país fue sacudido en el año que finaliza por numerosas protestas de grupos populares, partidos políticos de la oposición, gremios profesionales y otros sectores que entienden que de la única forma de que el presidente Danilo Medina atienda los reclamos de la sociedad es movilizándose en las calles.
Esas demostraciones, algunas de ellas escenificadas frente a la Casa de Gobierno, pusieron al régimen en jaque y mermaron la popularidad del mandatario dominicano, sobre todo después que surgieron las denuncias del reparto de sobornos de la multinacional suramericana a 14 dominicanos enjuiciados y liberados en los tribunales, entre ellos funcionarios gubernamentales, políticos y legisladores oficialistas y de la oposición a cambio de contratos de obras públicas.
Desde el mismo inicio de 2017, los grupos escogieron el Palacio Nacional como escenario estratégico para los reclamos en busca de que el gobierno cumpla con promesas ofrecidas o con reivindicaciones que beneficien a determinadas clases sociales.
Estas inquietudes, unidas al movimiento de la Marcha Verde, bajaron la popularidad del presidente Danilo Medina de 62% a 52%, según las encuestas.
Un total de 835 protestas se desarrollaron a cabo en los alrededores de la Casa de Gobierno, protagonizadas por gremios como el Colegio Médico Dominicano, las enfermeras, derechos humanos, “Los peregrinos”, los agrónomos, los maestros, que exigieron obras para sus comunidades y los trabajadores cañeros pidiendo pensiones.
Los más persistentes fueron los de la Marcha Verde, en reclamo al cese de la impunidad y la corrupción, contribuyendo a acelerar el desplome de la simpatía de la actual gestión.
Además del caso Odebrecht, los escándalos que estremecieron al país fueron el de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA), descubierto a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez; las ventas a precios irregulares de terrenos estatales que culminaron con las muertes de tres personas, entre estas dos comunicadores, en San Pedro de Macorís (región oriental).
También el de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), que vendió a una empresa privada, de manera fraudulenta e ilegal, los predios donde se encuentra el sector Los Tres Brazos; el suicidio del arquitecto David Rodríguez García en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), tras ser extorsionado por funcionarios de esa institución.
Además, el caso del ingeniero Diandino Peña, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), administradora del proyecto Metro de Santo Domingo, quien adjudicaba las licitaciones de la institución a 29 empresas suyas, de las cuales 15 están registradas en el extranjero y 14 en el país, mediante transacciones multimillonarias y transferencias de acciones, activos y efectivo, según determinó en una investigación de nueve meses la periodista Alicia Ortega en el programa de televisión “El Informe”.
Pese a los reclamos de la población que solicita acabar con la corrupción y poner fin a la impunidad, la justicia dominicana pareciera hacer caso omiso a las voces de cientos de miles que la invocan, y continúa actuando de la misma manera en la que lo ha hecho en los últimos años.
Las manifestaciones en las inmediaciones de la residencia presidencial se hicieron tan populares, que el 14 de agosto, tras un peregrinaje de varios días, un grupo de recicladores del vertedero de Rafey llegó al lugar desde Santiago (norte) para exigir que el presidente Medina interviera ante el alcalde Abel Martínez y logre que los reponga en sus labores de “buceo” en el basurero.
Cabe destacar, además, que estos incidentes fueron advertidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe publicado por la prensa nacional el 30 de septiembre y en el mismo la institución formuló un llamado a que los países de América Latina aprovechen el auge de las protestas populares contra la corrupción “para emplearse a fondo en el combate y control de este delito de cuello blanco”.
“La República Dominicana haría bien en tomarse muy en serio estas recomendaciones y la mala nota que se obtuvo en el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial. Siempre hemos creído que el movimiento de protesta popular que reclama que se castigue la corrupción y que se ponga fin a la impunidad, lejos de constituir un factor de perturbación política o desestabilización contra la gobernabilidad, es un gran aporte para el buen gobierno y para el fortalecimiento de la democracia”, dice el reporte. INS
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