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Santo Domingo, 19 dic (INS).- Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana revela que no tiene “validez jurídica ponderable como elemento probatorio” el controversial informe técnico rendido por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los equipos adquiridos para las elecciones de 2016.
El órgano superior de fiscalización y control externo del Estado expresa que ese informe se trata de una opinión de técnicos que mantienen una relación laboral de subordinación con la JCE, entidad que constituye “una de las partes incursas en el diferendo contractual que se presenta, por lo que mal podría erigirse válidamente en juez y parte de su propia causa”.
Las consideraciones de la Cámara de Cuentas están contenidas en una comunicación de su presidente Hugo Álvarez Pérez, dirigida el 12 de este mes al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, la cual contiene anexa la opinión legal emitida por la Dirección Jurídica del organismo, que dirige la abogada Belkys María Pérez Peña.
Precisa que el reporte de la Dirección de Informática no guarda ninguna relación con la solicitud de investigación especial que le formuló el tribunal electoral, que solo va dirigida a la determinación de aspectos de carácter financiero, derivados de la ejecución de un contrato administrativo de suministros.
Precisa que en estos suministros “se presume la satisfacción del adquiriente, debido a que no se observa en la documentación que conforma el expediente, ningún tipo de reparo, salvedad u objeción relacionada con la calidad y operatividad de los equipos recibidos”.
En su opinión legal, la Cámara de Cuentas también afirma que están afectados de nulidad absoluta y radical, los documentos enviados los días 13 y 15 de noviembre pasado, en comunicaciones suscritas por el secretario general de la JCE. Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, en ausencia de la resolución emitida por el pleno del órgano electoral.
Sostiene que esas comunicaciones “adolecen del cumplimiento de una formalidad sustancial o de orden público para su validez, como lo es la resolución del organismo del cual emana la decisión de comunicar el informe técnico”.
El 10 de noviembre pasado, la JCE dio a conocer un informe en el que se expone de manera detallada el deficiente desempeño de los equipos utilizados en las elecciones del año pasado.
Pero Castaños Guzmán informó que esas dificultades no afectaron la legitimidad de los comicios, porque desde el 5 de mayo de 2016 ya se había decidido que el conteo fuera manual. También el informe dice que los equipos no podrán usarse en las próximas elecciones.
El tema provocó la reacción de los partidos políticos de la oposición, del movimiento social Participación Ciudadana y otros estamentos de la sociedad dominicana que de inmediato sea enjuiciado en los tribunales el expresidente del órgano rector de elecciones, Roberto Rosario, junto a los funcionarios que lo acompañaron en esas gestiones. INS
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