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San Juan, 11 dic (INS).- El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico le solicitó mediante comunicación escrita al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que vete dos proyectos de ley que a su entender tendrían graves consecuencias para los niños y adolescentes puertorriqueños.
Se trata de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036 para reformar el Sistema de Justicia Juvenil, ambos bajo la consideración del Ejecutivo.
Para el gremio, que reúne a los miles de profesionales del Trabajo Social en la isla, la oposición a estas medidas estriba en que representan a un Sistema de Justicia Juvenil punitivo y basado en el castigo a la niñez en lugar de a la rehabilitación.
“Estos proyectos son algunos de los muchas de carácter social sometidos por la Legislatura que en el Colegio analizamos detalladamente antes de acudir a las vistas públicas. Tenemos una responsabilidad con el país y es nuestro compromiso ético-político con esta población y sus familias”, dijo el presidente del Colegio, Larry Alicea Rodríguez.
Explicó que incluso, con la finalidad de examinar a fondo el tema, el pasado 30 de agosto se realizó un panel titulado “¿Niños y niñas criminales?: Diálogo en torno a Ia edad mínima para procesar judicialmente”.
Esa noche, un abogado, un doctor en neurociencia, una doctora en psicología y una trabajadora social coincidieron en que Ia edad para procesar judicialmente a un joven debe ser los 16 años.
“No obstante, se analiza que Ia edad de 13 años pudiera ser una opción para iniciar y que de forma paulatina se llegue a 16 años, que también es la recomendada por organizaciones internacionales”, subrayó Alicea.
A su juicio, transformar el Sistema de Justicia Juvenil “no es solo el establecimiento de una edad mínima para ser procesado. Existen otros aspectos que necesitan mirarse para atender adecuadamente a nuestros niños y jóvenes. Tales como su salud física y mental, deficiencias en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje, historial de Ia familia, privaciones culturales y maltrato”.
Por otro lado, el Senado ha propuesto una medida menos punitiva que cuenta con el aval de diversos sectores profesionales y expertos, entre estos el Colegio de Trabajadores Sociales. El proyecto 489 establece una edad mínima, limita el uso de esposas y cadenas y favorece Ia resolución de conflictos a través de Ia mediación, entre otros aspectos.
Para Alicea Rodríguez, el hecho de que el gobernador tenga ante sí un Proyecto de Ley en el Senado que tiene el mismo propósito de los de la Cámara, pero con la diferencia de que sí considera los derechos humanos de la niñez, es una gran oportunidad para atender y cambiar en su totalidad los problemas que confronta el actual Sistema de Justicia Juvenil.
“El Sistema no puede tener un discurso de rehabilitación y en su práctica ser más restrictivo que el sistema para los adultos. Eso refleja una contradicción en Ia política pública sobre el manejo de este tema. La niñez puertorriqueña gana si el gobernador Rosselló veta los proyectos de la Cámara y, en cambio, firma el del Senado”, concluyó Alicea. INS
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