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Por Obed Betancourt
San Juan, 4 dic (INS).- Como “una desgracia después de la desgracia” catalogó un exmiembro de la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencia 9-1-1 la situación que enfrentan los sistemas de respuestas del Departamento de Seguridad Pública (DSP) luego del paso del huracán María.
En estos momentos tres de los siete negociados que componen el DSP no tienen director ejecutivo en propiedad, y uno de ellos, el vital 9-1-1, afronta peores circunstancias.
Al renunciar o ser renunciado Abner Gómez a la Agencia Estatal de Emergencias y Manejo de Emergencias (Aemead), también lo hizo a la dirección del Sistema de Emergencias Médicas, también bajo su cargo, y que es otro componente esencial de respuesta.
Gómez se fue de vacaciones en medio del azote del huracán María y semanas después renunció.
Hace apenas una semana salió de la agencia 9-1-1, y bajo investigación de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), el exrepresentante Héctor Torres Calderón, dejando a cargo al controversial subdirector José García, quien tampoco es perito en materia de emergencias. Todo esto en medio de la extendida crisis causada por dos huracanes corridos.
Bajo la administración de Torres Calderón y García, subdirector al que se le aumentó el sueldo contrario a las normativas impuestas por La Fortaleza, y en momentos en que la junta de gobierno intentaba, pese a las propias instrucciones en contrario de La Fortaleza, de revertir, se suscitó escándalo tras escándalo. Entre ellos un viaje oficial a Vieques que terminó en borrachera de ambos.
Pesquera, que llegó en mayo a hacerse cargo de la sombrilla que agrupa todas estas agencias, como un Department of Homeland Security criollo, dijo a la agencia Inter News Service (INS) que no estaba allí, y no sabía nada del asunto.
Una fuente de INS disputó esas aseveraciones y lo responsabilizó de mantener los aumentos de sueldo en la agencia, que se montan a $11,000 mensuales para el círculo cercano a Torres Calderón y García.
Por otra parte, en conversación con INS este fin de semana, la comisionada de la Policía Michelle Hernández, quien presidió la junta del 9-1-1 hasta que la ley del DSP la desapareció, defendió sus gestiones y aseguró que, entre otras cosas, le revirtió el aumento de sueldo que Torres Calderón se había dado a si mismo, y le estaba disputando el aumento de sueldo a García y a todos los cercanos a estos, cuando fue disuelta la junta por la nueva ley.
La Comisionada de la Policía indicó que ordenó una auditoría de esos aumentos de sueldo, y levantó el asunto en vistas públicas en la Asamblea Legislativa, pero en eso llegó la Ley 20 (del DSP), la junta fue disuelta y Pesquera tomó las riendas del 9-1-1. La Asamblea Legislativa tampoco tomó alguna iniciativa en esos problemas.
Por la Ley del DSP, el secretario es supervisor inmediato de cada comisionado (Policía, 9-1-1, Bomberos, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Aemead y Negociado de Investigaciones Especiales).
Sin embargo, Pesquera no le dio continuidad al trabajo de la junta pues han prevalecido los aumentos de sueldo al círculo íntimo del director y el de García. Tampoco Pesquera investigó los alegados hostigamientos de Torres Calderón.
Hernández aseguró que esos aumentos de sueldo no pasaron por la junta.
Si bien el aumento de sueldo a Torres Calderón se lo disputó la Junta a La Fortaleza, que lo había autorizado, a pesar de sus propias normas de austeridad. Igualmente Hernández le disputó ante La Fortaleza el nombramiento que hizo Torres Calderón de un auditor, una designación que por ley le corresponde a la junta. Este cuerpo finalmente nombró a la auditora.
Hernández defendió sus gestiones y aseguró que si la junta no investigó otros escándalos, como la borrachera y los alegados hostigamientos sexuales y laborales, fue porque no se presentaron querellas ante ese cuerpo.
Indicó que la junta logró que diversas empresas de telecomunicaciones pagaran al 9-1-1 unos cargos que retienen de los consumidores y deben pasarlos al 9-1-1.
Por otro lado, los $460 que Torres Calderón le solicitó a 11 empleados y a un contratista para saldar su multa con la OEG, por hacer un nombramiento ilegal (tuvo que devolver el salario de su propio peculio), fue devuelto por el exdirector del 9-1-1 a sus empleados, según indicó una fuente, luego que INS publicara la información.
Pesquera, por otro lado, ya tiene la información sobre todos estos escándalos, aunque no se sabe qué acciones tomará, si alguna. INS
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