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Santo Domingo, 2 dic (INS).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que investiga una estructura que, usurpando funciones y calidades de miembros de la institución, se dedica a extorsionar a representantes del Poder Judicial, abogados y a imputados involucrados en delitos penales agravados.
La institución explicó que ha recibido varias denuncias sobre las acciones mafiosas de algunas personas que a nombre del Ministerio Público solicitan sumas millonarias de pesos para gestionar la libertad a prisioneros involucrados en crímenes.
Citó el caso del abogado Cándido Simó, representante legal de la señora Marlin Martínez, que denunció que un individuo supuestamente vinculado al área de investigación del Ministerio Público pidió a su defendida depositar en una cuenta bancaria nueve millones de pesos dominicanos (186,605 dólares) a cambio de diligenciar su libertad.
El profesional del Derecho manifestó que de los nueve millones la prisionera debía entregar por adelantado 900 mil pesos (19 mil dólares).
Simó dijo que no descarta que esa persona que se hace pasar como miembro de la Inspectoría General del Ministerio Público, pertenezca a dicha estructura.
En ese sentido, la Procuraduría indicó que la denuncia es investigada en el marco de las citadas indagatorias que llevan a cabo contra la red criminal.
Al mismo tiempo aclaró que el Ministerio Público está llamado a indagar los hechos que riñen con la ley, y tiene el deber de proteger tanto a las víctimas como a los imputados.
Explicó que en el caso específico de Marlín Martínez, el hecho de que se esté investigando si es víctima o no de extorsión, en nada afecta el proceso contra la imputada por la muerte de la adolescente Emely Peguero.
Martínez, una exfuncionaria del gobierno dominicano, enfrenta junto a su hijo Marlon Martínez un año de prisión preventiva por el asesinato de Peguero, una joven de 16 años que tenía cinco meses de embarazo, y cuyo cuerpo fue encontrado en agosto pasado dentro de una maleta al costado de una carretera de la comunidad Cenoví, el noreste de República Dominicana.
La joven fue asesinada y descuartizada en la casa de Marlon Martínez luego que esta se habría negado a abortar la criatura que llevaba en el vientre, según la acusación de las autoridades.
La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría aclaró que si en el transcurso de la investigación determinan la responsabilidad penal de Martínez en el hecho, independientemente de que sea cierta la denuncia de que es víctima de extorsión, procurarán que ésta vaya a juicio de fondo y que le sea aplicada la máxima sanción que contemplan las leyes por el delito cometido. INS
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