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Abel Nazario Quiñones, Rossana López, Nayda Venegas Brown y José Vargas Vidot./Inter News Service
San Juan, 31 ago (INS).- Los senadores Abel Nazario Quiñones, Rossana López, Nayda Venegas Brown y José Vargas Vidot defendieron hoy los 1,218 cuidos de larga duración para adultos y las sobre 28 mil personas de 60 años o más que viven en la Isla para que los costos mensuales de los servicios que reciben estos no sean económicamente inalcanzables.
Los legisladores dieron a conocer el proyecto del Senado 640, que enmendaría la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos y eximiría el requisito de instalar sistemas de rociadores automáticos contra incendios en estas instalaciones dedicadas al cuido de adultos y personas de edad avanzada.
Estos lugares tendrían como alternativa la instalación de un panel de alarma digital interconectada, creación de certificados de brigadas de control de incendios o establecer un plan de acción para casos de emergencias con un enfoque multiriesgos, garantizando la vida de los ancianos.
“La imposición del requisito de instalar estos sistemas de prevención invasivos contra incendios contraviene la política pública contendida en la Ley 161 de 2009, al crearse una carga excesivamente onerosa versus el beneficio que pretende obtenerse y a tales efectos, merece ser enmendada. Esto debido a que el costo asociado de instalar el sistema es directamente proporcional al número de camas disponibles, necesariamente ese requerimiento significará un aumento sustancial en el costo de la tarifa mensual por los servicios y limitaría el acceso a los servicios de cuidado”. sostuvo Nazario Quiñones.
De acuerdo con el legislador, Medicaid no cubre la financiación de este cuidado institucionalizado por lo que el Departamento de la Familia y de Salud, las familias y los propios ancianos son quienes cubren la tarifa por el servicio.
Se desprende de la medida que, además, de no ser eximidos, el 85% de las instalaciones se verían obligadas a cerrar sus puertas ante el impacto económico que conlleva la instalación del sistema que fluctúa entre los 25 mil a 130 mil en hogares pequeños y hasta 1.2 millón en el hogar Santa Teresa Jornet de Cupey.
López León instó salvaguardar la vida de esta población, así como la disponibilidad de servicios a más de 1,200 personas en espera.
En tanto, Vargas Vidot dijo que “por la experiencia que tengo dirigiendo instituciones de rehabilitación similares a las facilidades de cuido de larga duración, como son los que albergan a personas de edad avanzada, he sufrido la reglamentación excesiva que realmente son dirigidas a hoteles o a otras estructuras donde normalmente el inquilino se encuentra solo”.
Agregó que “esto no añade elementos de seguridad, pero sí una carga onerosa para seguir operando. Existen alternativas para sustituir esta reglamentación que de la misma forma brindaría seguridad a esta población sin significar una carga onerosa”.
La presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (Adccld), Brenda Rodríguez, agradeció a los senadores “por acoger nuestro ante proyecto, en el cual recogemos el resumen del trabajo realizado en los últimos años con relación a este reto que enfrenta la industria de cuidado”.
“Para nosotros la seguridad de cada residente no debe ser tema de discusión porque nuestro sentido protector para con nuestros residentes es nuestra prioridad. Sin embargo, este requerimiento no aplicable a nuestra industria ayuda a quienes servimos con amor, respeto y dignidad”, sostuvo Rodríguez.
Mientras, el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, siglas en inglés), José Acarón, destacó que el cuidado prolongado “atiende la población más frágil de nuestra sociedad e impacta a toda la familia de forma multigeneracional. Es inminente que haya servicio esencial para atender a la población con justicia social”.
Para el año 2020 esta población representará 25.3% de la población total de la Isla y se espera que para el 2050, aumente a un 39.0 la población de edad avanzada.INS
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