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Carmen Yulín Cruz Soto./Inter News Service
San Juan, 28 ago (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy los siguientes pasos que dará el municipio en las demandas que tiene sometidas contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Junta de Supervisión Fiscal a nivel estatal y federal, respectivamente, para intensificar su reclamo por recuperar los fondos para servicios esenciales de la capital.
Ademas, las medidas se dan tras la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de la “Ley para la restructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico”.
“Ante el anuncio de que el gobernador firmó la Ley para la reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento he ordenado a los abogados del municipio intensificar la estrategia legal en las demandas radicadas a nivel federal y estatal y así seguir dando la pelea para proteger el dinero que pertenece a los ciudadanos de San Juan para recibir los servicios esenciales que merecen”, afirmó.
La demanda presentada por el municipio de San Juan a nivel estatal busca el recobro de los fondos del exceso del Contribución Adicional Especial (CAE) pertenecientes al municipio de San Juan, que son utilizados para prestar servicios esenciales a la ciudadanía y que fueron incautados “ilegalmente” por el BGF.
A nivel estatal, el municipio ha requerido al BGF y al licenciado Christian Sobrino información que consta en documentos públicos, en relación al manejo de los fondos municipales provenientes de la Contribución Adicional Especial (CAE).
La información deberá entregarse en un término no mayor de 15 días.
“Esto ha sido necesario pues el BGF no ha sido claro y transparente con la información de los fondos municipales”, dijo la primera Ejecutiva municipal.
La alcaldesa afirmó que “en el requerimiento de información al licenciado Sobrino y al propio Banco Gubernamental el municipio busca, entre otras cosas, explicaciones de por qué el BGF, tanto en la administración anterior como la actual, ha manejado el sobrante de Contribución Adicional Especial (CAE) de San Juan no permitiendo el acceso a estos fondos por parte de los municipios; cuánto es la cantidad de exceso de CAE que BGF debe a San Juan y otros municipios para 2017; en el caso de San Juan también hay dinero de sobrante del CAE 2015 y 2016 que no se le han dado al municipio; además se precisa información de cómo el BGF negoció el acuerdo de reestructuración con sus bonistas”.
Además, indicó que “al hacer este requerimiento de información deja claro que la demanda radicada en el foro estatal aún está viva, contrario a lo anteriormente establecido por el licenciado Sobrino”.
En cuanto a la demanda federal, dijo que el recurso presentado ante la jueza Laura Taylor Swain solicita que se declaren inválidos los procesos que lleva a cabo el BGF que resultan contrarios a las disposiciones de la Ley Promesa, entre otras cosas por privar a los municipios de fondos municipales con los que se proveen servicios esenciales a los ciudadanos de San Juan.
Cruz Soto sostuvo que “el municipio de San Juan ha solicitado un interdicto preliminar para pedir la paralización de la votación ilegal de los bonistas sobre el acuerdo de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento, antes de que la jueza Laura Taylor Swain decida en la demanda presentada por San Juan”.
Añadió que “el acuerdo de reestructuración del banco viola los derechos de San Juan bajo la Ley federal Promesa, ya que propone utilizar los recursos de San Juan y otros municipios para pagarle a los bonistas. Con ese dinero San Juan y todos los municipios dan servicios esenciales a la ciudadanía, tales como recogido de basura, salud, seguridad, educación y la construcción de obra permanente reparación y construcción de carreteras municipales”.
Aseguró que “la Ley Promesa les da el derecho a los municipios de votar por separado sobre el acuerdo de reestructuración. Sin embargo, la ley que firmó ayer el gobernador para proteger el acuerdo de cualquier demanda o cuestionamiento judicial, le quita ese derecho”.INS
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