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San Juan, 24 ago (INS).- El representante Ángel Bulerín Ramos hizo un llamado a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, para que no cierre el Tribunal de Río Grande.
“La decisión de la juez presidenta deja al municipio de Río Grande, su gente, así como a los residentes de los pueblos limítrofes, huérfanos de un acceso justo y rápido al sistema de justicia de Puerto Rico. No existe ninguna razón lógica para que se cierre la Sala de Primera Instancia en Río Grande, ninguna. Hago un llamado a la juez presidenta para que reevalúe su decisión”, declaró el legislador.
La Administración de Tribunales, mediante un comunicado de prensa, anunció la determinación de finalizar las funciones del Tribunal, alegando que es necesario para “evitarle mayores costos a la Rama Judicial”.
Según el expresidente de la Cámara de Representantes, esa justificación es “incongruente a la asignación presupuestaria de los tribunales”.
“Existe una realidad, la Junta de Supervisión Fiscal ordenó una reducción en la Asamblea Legislativa de 13 millones, sobre los 11 millones que voluntariamente se habían hecho este año. De hecho, la Rama Legislativa se redujo su presupuesto en sobre 4 por ciento, el doble de lo requerido por la Junta. La Rama Ejecutiva recortó sobre 800 millones, sin embargo, no se tocó el presupuesto de la Rama Judicial. Tiene el mismo presupuesto operacional que el año pasado, más sin embargo alegan que no pueden pagar las operaciones de este tribunal en Rio Grande”, dijo Aponte Hernández.
Agregó que “este Tribunal es uno de los más activos en toda la región norte de Puerto Rico. Su sala de investigación es utilizada por personas desde Carolina hasta Naguabo que requieren una solicitud de Orden de Protección, por ejemplo, vienen a Río Grande porque esa sala está abierta las 24 horas. También aquí se ventilan muchos casos de disputas entre vecinos y familiares que, por la distancia que tendrán que viajar ahora, podrían nunca ver una sala de justicia”.
El próximo 4 de octubre se supone que terminen las operaciones.
Los casos serán divididos entre los tribunales de Carolina y Fajardo.INS
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